El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) sesionó el viernes 27 y, luego de estudiar el caso de la funcionaria que denunció acoso sexual, ratificó la sanción de aplicarle un sumario que implica separación del cargo por seis meses más la retención total de sus haberes.

La reconsideración del tema fue por iniciativa de la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, que presentó una moción para rever la situación, pero por mayoría esa solicitud fue rechazada por dos votos contra uno.

El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, dijo a la diaria que “se ratificó la resolución adoptada, ya que el nuevo informe de la División Jurídica Notarial mantuvo todo lo informado en la clausura del sumario”.

Señaló que el fallo puede ser apelado por la trabajadora a través de un recurso, y esa apelación primero debe ser enviada al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y luego al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Acotó que al día de la fecha “no tenía claro” si la funcionaria ya había iniciado el trámite de apelación, decisión que posteriormente la diaria confirmó.

Por su parte, Argenzio, en diálogo con la diaria, sostuvo que tiene grandes diferencias con los directores oficialistas, que en el caso en cuestión no hubo “una perspectiva de género” y agregó que hay “violencia institucional” por parte del INAU al acusar a quien realizó la denuncia. Dijo también que al ratificar el sumario no se respetó la normativa a nivel nacional e internacional para casos de este tenor.

Para la directora que representa a la oposición, “este caso sienta un grave precedente en esta administración”, y mencionó que hay una disposición desde 2020 que establece que en cada dependencia estatal debe haber una unidad de género, pero el oficialismo en la institución nunca se preocupó por cumplirla.

En tanto, el presidente del Sindicato Único del INAU, José Lorenzo López, informó a la diaria que la resolución fue apelada por parte de la funcionaria. El dirigente comentó que, una vez que el sindicato fue informado de la decisión por parte del directorio, se iniciaron una serie de gestiones, que por ahora “se mantienen en reserva”.

En el Mides, el análisis y estudio del caso será de corte administrativo, mientras que en el TCA es judicial. Este proceso podría demorar meses, además de los costos que puede ocasionar para la denunciante certificar la documentación. López recordó también que, pese a que el INAU es un organismo descentralizado ante el Poder Ejecutivo, depende del Mides, y por eso la apelación es enviada primero a esa secretaría de Estado.

Los jerarcas del organismo se habían comprometido a analizar el caso, luego de que el 17 de setiembre se realizara un paro general parcial a nivel nacional, con una movilización de funcionarias en Montevideo. En esa manifestación, un grupo de trabajadoras, acompañadas por López, ocupó durante algunos minutos el hall central del edificio sede del INAU. El desalojo del lugar sucedió de forma pacífica.

Como parte de la medida se entregó una carta a Velázquez, en la que se solicita que el directorio analice el caso y, de ser posible, reconsidere la decisión tomada por la División Jurídica, algo que finalmente no ocurrió. La funcionaria cumplía tareas en el programa denominado Travesía.