La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) hizo una presentación sobre lo que denominó “cambio en las reglas de juego del sector energético” y el impacto que podría tener la vigencia del Decreto 242/023, aprobado por el Poder Ejecutivo. Este decreto, que tiene 20 artículos, fue promulgado el 8 de agosto del año pasado y publicado en el diario oficial una semana después. Durante la presentación se afirmó que la normativa perjudica aproximadamente a 1.500.000 clientes, que podrán verse afectados por un aumento de tarifas o por la pérdida de calidad del servicio.

AUTE sostiene que la “modificación del reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica, aprobada por el Decreto 360/002”, adopta “una de las opciones de reconocimiento de potencia firme a las energías renovables no convencionales” y “no valora en forma adecuada los aportes a la seguridad del suministro de la hidráulica y la térmica”, además de que “la opción elegida le permite cumplir el requisito de potencia firme a una planta solar durante la noche”.

Entre los argumentos en contra de este decreto, la organización sindical sostiene que “viabiliza contratos entre generadores y clientes libres”, y que el Poder Ejecutivo “no ha dado a conocer cómo contribuye el decreto al interés general”. También afirma que “no se conoce ningún documento técnico que analice sus impactos en el sistema eléctrico, en particular, para los clientes regulados por UTE”.

De acuerdo con la óptica de AUTE, este decreto “habilita a que un grupo de grandes clientes” –en el entorno de 100– “evada el pago de los costos del cambio de la matriz energética, que van a las tarifas de UTE”. En cuanto a los impactos del decreto, “posibilita una distribución de compromisos asumidos para viabilizar el cambio de matriz energética” y “profundiza la asimetría en la competencia entre la generación de UTE y la generación privada”. Entiende también que esto “conduce a un modelo en el que es dudosa la sustentabilidad del servicio público de energía eléctrica”.

Entre los argumentos que esgrimen para afirmar que el decreto es ilegítimo, AUTE resaltó en su presentación que “la regulación del sector eléctrico debe ser un fenómeno gradual y lógico”, que hay una “discriminación respecto de las empresas públicas en mercados en competencia” y que “la mayoría de los consumidores no pueden evadir el pago de los compromisos de largo plazo incluidos en las tarifas”.

Sobre el texto y sus consecuencias, el integrante de AUTE Jorge Molinari dijo que “lo que no se sabe es que el cambio en la matriz energética se hizo con un esfuerzo público muy grande. Porque si te comprometiste, vía UTE, durante 20 años a comprar esa energía, como primer esfuerzo, en un segundo esfuerzo, parte de los impuestos que te correspondía cobrar no los vas a poder cobrar”.

Los integrantes del sindicato explicaron que “en los decretos hay compromisos” y, en este caso, “lo que está pasando es que una parte de los que se habían comprometido a pagar esos compromisos pueden evadirlos, porque voy a competir en un mercado que crea este marco regulatorio, y eso es lo que para AUTE está mal”.

“Lo que sucederá, si esto sigue en esta lógica, es que aquellos que logran evadir esos pagos van a estar mejor, pero todo el resto, que no los vamos a evadir, vamos a estar peor, porque esos compromisos van a seguir estando, [por lo que] se van a expresar en aumento de tarifas o en que la calidad del servicio sea peor”, aseguró Molinari.

AUTE espera a conocer el resultado de las elecciones nacionales del próximo domingo 27: si en esa jornada no hay una fórmula que obtenga la victoria en primera vuelta, se aguardará a conocer quiénes son los dos candidatos que pasan al balotaje, a los efectos de pedirles una entrevista para explicar el decreto, su alcance y por qué los trabajadores sindicalizados en UTE está en contra de esa normativa, que rige desde hace 14 meses.

El rol de UTE

El sindicato considera que la empresa pública “viabiliza la inversión privada y garantiza el suministro, e invierte en infraestructura que permite la instalación de generación en todo el país, como así también la generación térmica de respaldo”. Se interpreta desde AUTE, además, que con la inversión privada, desde el ente estatal se generan conocimientos para el cambio de matriz y además se es garante de esa inversión privada.

El sindicato sostiene que UTE “carga una mochila más pesada”, ya que no accede a exoneraciones por las mismas inversiones en las denominadas energías renovables no convencionales (ERNC) y también debe trasladar a las tarifas los costos de los contratos firmados en el marco del cambio de matriz.

El ejemplo de Coca-Cola

El contrato Atlantica-Coca Cola es, según AUTE, ejemplo de “lo que vendrá en caso de que prospere el cambio en las reglas de juego”. Recuerda que la empresa de refrescos es la primera compañía de Uruguay en autoabastecerse en un 100% con energías renovables. Se explica desde la organización sindical que el generador es Atlantica Sustainable Infrastructure, una empresa transnacional con 2,2 GW de potencia contratada. Es propietaria de tres parques eólicos en el país y tiene contratos con UTE.

Por la resolución 85.555 de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, del 2 de junio de 2022, se exonera al proyecto del pago de impuestos por 48 millones de dólares. En ese sentido, se señala que Coca-Cola “logra evadir el pago de los compromisos de largo plazo asumidos por UTE y que se incorporan en sus tarifas”.

“El contrato es viable por el cambio de matriz, que permite la disponibilidad de energía a bajo precio en las horas en que no es capaz de suministrar el contrato a la planta fotovoltaica”, apuntan, y señalan: “A esto le llamamos competencia desleal”.

Acciones de AUTE

La organización presentó un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo el 18 de agosto de 2023. Ante esta medida, el gobierno denegó el recurso el 15 de enero. Posteriormente, el 22 de marzo, se presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dando lugar al inicio del proceso de análisis por parte de ese organismo.

Con respecto a la respuesta del Poder Ejecutivo, AUTE resalta que “se centra en aspectos formales como la legitimación” y “no responde al cuestionamiento de fondo, que es el traslado de sobrecostos al servicio público por beneficios a grandes consumidores, y generadores”.