Este jueves la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hizo un paro de 24 horas en contra del nuevo régimen de licencias médicas que aprobó el gobierno. Como estaba previsto, a partir de las 10.00 se realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicada en Colonia y Paraguay, donde se hizo un acto.
A la medida propuesta por COFE se unieron la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Asociación de Funcionarios de UTU, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Bancarios del Uruguay, entre otros.
Al inicio de su discurso, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que “estos son momentos cruciales” para el movimiento obrero y el PIT-CNT, “donde debemos hacer lo posible y lo imposible” para alcanzar la cantidad de firmas necesarias para impulsar el plebiscito sobre la seguridad social.
“Hoy nos encontramos acá movilizados como corresponde para defender nuestros derechos como lo hemos hecho siempre”, señaló y dijo que la situación actual para los trabajadores del Estado es “compleja” por el decreto que promovió el Poder Ejecutivo sobre el régimen de licencias sin haber respetado los ámbitos de negociación a los que está obligado por ley.
“Lacalle Pou dijo el 30 de enero que iba a habilitar un ámbito de 60 días para habilitar la negociación colectiva, pasaron los 60 días y no se habilitó la negociación colectiva y se empieza a aplicar un régimen que es absolutamente injusto, ilegal e inconstitucional, y que lo vamos a enfrentar”, expresó el secretario general.
López dijo que el gobierno ha intentado instalar el relato de que a los trabajadores estatales “no se les descuenta del sueldo cuando se enferman”. Al respecto, aseveró que eso es “mentira”: “A los trabajadores estatales se les descuenta del sueldo, del presentismo, de los compromisos de gestión, de los cumplimientos de metas y de las partidas de seguridad que tiene cada uno de los organismos”.
El secretario general informó que en algunos casos esos descuentos superan “por una falta médica el 10% del ingreso de un trabajador, y ahora este régimen que quieren instalar a partir del décimo día le va a descontar el 25% del salario”. “No lo podemos permitir”, enfatizó.
Por último, López señaló que COFE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, anunció que en junio en la próxima conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo una delegación del PIT-CNT presentará una “reclamación contra el Estado uruguayo” por el incumplimiento de convenio internacional y una denuncia contra el gobierno por “establecer una norma que violenta los convenios ratificados por el país”.
José Olivera.
Foto: Gianni Schiaffarino
Por su parte, el vicepresidente de Fenapes, José Olivera, resaltó la unidad del movimiento sindical uruguayo y la participación de integrantes de distintos sindicatos durante la movilización. “Cuando vemos este conjunto de sectores de trabajadores del Estado, lo primero que tenemos que plantear es que queremos profundizar un debate en torno a qué Estado, de qué tipo y al servicio de qué país y al servicio de qué intereses sociales”, expresó y señaló que “lo que aquí está en disputa es la concepción neoliberal oligarca de un Estado cada vez más chico al servicio de los intereses oligárquicos y del capital financiero transnacional y en contra de la mayoría de nuestro pueblo”.
“Nos quieren convencer de que la disputa, la pelea es trabajador contra trabajador, trabajadoras contra trabajadoras. No, compañeros, aunque se enojen algunos la disputa es entre oligarquía y pueblo”, agregó.
El vicepresidente de Fenapes subrayó que un Estado que “atenta contra la educación pública es un Estado menos democrático”. Asimismo, aseguró que en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hubo un “derrumbe institucional”, y que el “actuar contrario a derecho” ha sido “una característica de la actual ANEP”, “utilizada con fines electorales, que permitió a algunos de sus integrantes posicionarse en el marco de la disputa electoral”, en referencia al expresidente del Consejo Directivo Central Robert Silva.
Olivera apuntó que Silva “sigue gobernando la ANEP desde afuera, pidiéndole a la actual administración cumplir con una agenda temática que le es funcional a sus intereses electorales”, y sostuvo que paradójicamente hay funcionarios sancionados por “violar la laicidad”. “Si algo demuestra que se está dispuesto a gobernar para unos pocos, es esto que pasa en la educación”, subrayó.
Además, denunció que las autoridades de la ANEP han “vaciado de contenido” los espacios de negociación colectiva. “Figura en los papeles, pero cada vez que tienen que sentarse a negociar hacen que negocian”. “Si no, preguntemos a los compañeros del Consejo de Formación en Educación, a los cuales se les impuso un régimen laboral que entre otras cosas dejó a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores sin laburo”, añadió.
Foto: Gianni Schiaffarino
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