Ernesto Coimbra, Manuel Soroba y Wilton Barboza son veteranos que de jóvenes trabajaron en la estiba en el puerto de Montevideo. Si bien ahora peinan canas, no han dejado su activismo por una causa que consideran justa: una indemnización que no cobraron cuando fueron desvinculados de su trabajo hace 33 años. Muchos compañeros suyos ya fallecieron sin poder acceder a lo que reclaman, pero ellos siguen insistiendo.
En 1992, en el marco de la privatización de algunos servicios portuarios, unos 500 trabajadores de la estiba quedaron a la deriva por el cierre de la bolsa de trabajo gestionada por la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE). La estiba estaba integrada por varios “registros”, uno agrupaba a los “capataces, guincheros y estibadores”, otro era “de cabotaje” y un tercero era “de carga general”. El registro 5.000 cumplía la función de cubrir plazas en cualquiera de los tres registros, y estaba también el registro “herramientas”. Por la ley de puertos (16.246), los trabajadores de los distintos registros que quedaron sin trabajo recibieron una compensación de 24 sueldos (aquellos que no tenían derecho a la jubilación) y de 12 sueldos (los que podían jubilarse).
Sin embargo, un grupo de exestibadores, entre los que estaban Coimbra, Soroba y Barboza, no recibieron la compensación. A su vez, como el nuevo personal para trabajar en el puerto fue provisto por agencias privadas, que tomaron a muy pocos de la plantilla de ANSE, los exestibadores tuvieron que buscar otros empleos, teniendo que “cambiar de vida, de costumbres, de cultura”, dijo Coimbra, que ahora tiene 76 años.
Soroba explicó a la diaria que no había “ningún grupo de trabajadores que haya subido a un barco o que haya trabajado en tierra, haciendo funciones para las empresas, que no fuera administrado por ANSE”, pero “llegó el momento de esta famosa liquidación que se hizo del puerto y no sé por qué motivo nos dejaron afuera”. Para el exestibador del registro “Herramientas” “fue una acción del sindicato”, porque era un sindicato “bien amarillo”. “Cuando llegó el momento del acuerdo nos dejaron afuera. La diferencia con el resto es que en ese momento los demás reciben una indemnización. Los registros A, B y C recibieron una indemnización: apuntadores, guardianes, capataces fueron todos indemnizados, pero dejaron un grupo de trabajadores afuera. Es lo mismo que mañana eches de tu casa a empleadas y le pagues a la lavandera y no le pagues a la cocinera. Es lo mismo. Porque hacíamos de todo”, expresó Soroba.
Desde ese momento comenzaron un periplo que los llevó a tocar innumerables puertas desde 2005: todos los presidentes de la República, ministros de Trabajo y Seguridad Social, comisiones parlamentarias, directorios del Banco de Previsión Social, la prensa, pero no han conseguido que se resuelva la situación.
En 2007 la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una solicitud al Poder Ejecutivo para que “remita un proyecto de ley que ampare a los extrabajadores de la estiba”. En la ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2010-2015 se creó “en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una comisión conformada por un delegado del MTSS y un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los efectos de estudiar la situación de los extrabajadores de la estiba, Registro 5.000 y Herramientas del Puerto de Montevideo, y Registro D de los puertos de Fray Bentos y de Nueva Palmira”. Esta comisión nunca llegó a emitir un informe.
“Esto es una cosa increíble. Es una injusticia. Hace 33 años. Pasamos por todos los gobiernos, de todos los colores”, sostuvo Soroba.
Barboza informó que con la asunción del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, volvieron a pedir reuniones. En particular, solicitaron ser recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, por un contacto “de un compañero que se encontró con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo”; le enviaron por correo electrónico “toda la documentación”.
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou presentaron una carta solicitando ser recibidos por el mandatario y tuvieron una reunión con el asesor de Presidencia Luis Calabria y abogados, pero tampoco consiguieron una solución.
Manuel Soroba.
Foto: Hugo de León
Coimbra dijo que esperan poder ser recibidos por las actuales autoridades para poder ser considerados en el presupuesto quinquenal.