El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) gestiona el sistema penitenciario y coordina diversas actividades sociolaborales para las personas privadas de libertad. Entre estas iniciativas se destacan los proyectos de huertas, viveros y producción animal, tanto para autoconsumo en los diferentes establecimientos de reclusión como para su comercialización.
En este marco, el INR creó y registró ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería la marca Ciclos, con el fin de identificar los productos que se elaboran en los talleres educativos, sociales y laborales, en todas las unidades penitenciarias del país.
Alejandra Otanha, comisaria, especializada en educación social y coordinadora de Desarrollo de Marca del INR, dijo que los sistemas de producción son espacios educativos cuyo propósito es mejorar el perfil de empleabilidad de la población privada de libertad para facilitar su futura reinserción en la sociedad a través de la capacitación, entre otros aspectos.
De acuerdo con los datos proporcionados por Otanha, algo más de 300 hombres y mujeres privados de libertad se desempeñan en los diferentes sistemas productivos ubicados en casi todo el país. Su incorporación depende, además del interés que manifiesten en participar en el programa, de criterios de selección predefinidos. Ellos, al igual que todas las personas privadas de libertad, son evaluados mediante el sistema OASys (sistema de evaluación de infractores, por sus siglas en inglés), un método informático estandarizado de origen británico que se utiliza en las prisiones y servicios de libertad condicional de varios países, que mide los factores de riesgo de una persona privada de libertad, calcula su probabilidad de reincidencia y ayuda a planificar su tratamiento y rehabilitación.
En lo que refiere a producción hortícola, los internos reciben formación integral sobre planificación, siembra y cosecha de hortalizas, técnicas agroecológicas y de cultivo orgánico. El objetivo primario es generar alimentos frescos para el propio consumo de la unidad en donde se ubica la huerta y, en muchos casos, para abastecer a otros centros del sistema penitenciario. Asimismo, lo cosechado podría venderse en ferias locales o mercados bajo la marca Ciclos, gestionada por el INR.
En las unidades de San José, Paysandú y Colonia también se trabaja en lechería. La leche producida en los tambos de las dos primeras unidades citadas se remite a Conaprole, mientras que la del tercero se destina al consumo propio y a la elaboración de quesos.
Por otra parte, la producción animal también se expresa en la cría de gallinas para la obtención de huevos para consumo propio; de ovejas y carneros para su reproducción y venta, y la obtención de lana para abastecer a proyectos productivos artesanales llevados a cabo en el ámbito del INR que demanden este insumo; de cerdos para la venta; y de equinos, criados como animales de trabajo destinados a las actividades propias de la labor en las chacras, y también para la fabricación de ladrillos en las unidades penitenciarias donde hay olerías.
La producción de árboles y arbustos nativos también se cuenta dentro de las actividades impulsadas por el INR. El primer vivero se instaló hace unos años en Paysandú y ya ha donado árboles a escuelas, centros CAIF y otras organizaciones. En la actualidad esta experiencia se replicó en tres unidades. La meta es que cada establecimiento pueda disponer de sus propios espacios de producción. El objetivo no se limita a plantar árboles, sino que incluye la conservación de especies nativas y la capacitación y difusión de conocimientos sobre todos los aspectos vinculados a la actividad.
El dinero recaudado por la comercialización de productos es utilizado para reinvertir en el proyecto productivo que lo generó, para apoyar a otros proyectos en ejecución y para dar inicio a nuevos emprendimientos que estén planificados.
Unidad 2 Chacra Libertad del INR, el 27 de octubre de 2026, en el departamento de San José.
Foto: Alessandro Maradei
Reinserción versus reincidencia
Según explica Otanha, “la reinserción social de las personas privadas de libertad es el propósito de la política penitenciaria”. De más está decir que lograrlo no es para nada sencillo, dado que, primero, la reinserción es un proceso multidimensional que comienza, o debería comenzar, en el momento mismo del ingreso de la persona a un centro penitenciario, y no siempre las condiciones materiales, institucionales y las dinámicas de relacionamiento a la interna del sistema de reclusión lo facilitan. “El INR está trabajando para cumplir ese objetivo con toda la población penitenciaria, con las dificultades del caso. Entre ellas, el incremento sostenido del número de personas privadas de libertad, pero estamos trabajando para aumentar las posibilidades de reinserción”, aseveró Otanha.
Este proceso implica también un intenso trabajo del propio privado de libertad, no con una azada en la mano u ordeñando una vaca, sino para visualizarse desde otro lugar y de otra forma, en la medida en que esté dispuesto a transitar este camino. “Cada persona privada de libertad está pagando una pena. Hay que ser sensibles también con el dolor que causó. No hubo errores, hubo decisiones, decisiones mal tomadas. No se trata de desconocer el daño que provocó a otras personas; se trata de reconocer cuándo y cómo tomó esas decisiones, y en qué contexto lo hizo. Se trata de que queremos que esto cambie, y de que finalmente sea capaz de tomar otro tipo de decisiones”, afirmó la comisaria.
La “clave” es que la persona privada de libertad “identifique sus potencialidades. Cada sujeto tiene un determinado potencial. A veces cuesta mucho descubrirlo; en ocasiones, ni las mismas personas son conscientes de tenerlo”. Para hallarlo y explotarlo es fundamental su involucramiento en procesos educativos, en la preparación y en la formación que proporciona el INR para el momento en que obtenga la libertad por pena cumplida.
Sin embargo, el proceso no culmina en este punto. El egreso de un centro penitenciario solamente cambia el escenario. Es indispensable que el liberado reciba apoyo para continuar con su proceso de inserción social. “Si queremos que haya un cambio real, se vuelve clave la inserción laboral, el acceso a la vivienda”, citó Otanha a modo de ejemplo. “No estamos diciendo que se les regale nada. Estamos diciendo que necesitan oportunidades reales, dignas”.
Tal vez el mayor desafío para la efectiva inclusión de un ex preso consista en erradicar el estigma con el que la sociedad señala a quien perpetró un delito, aunque ya haya cumplido su sentencia. Para Otanha, “creer en el otro es el primer paso para que pueda ser diferente”, y en los centros penitenciarios “enseñás a pensar diferente, a tomar decisiones desde otro lugar, a evaluar situaciones, a reconocer sus factores de riesgo y también sus cualidades. Hay que trabajar en creer que estas personas son sujetos de derecho y que necesitan oportunidades para poder insertarse adecuada y dignamente a la sociedad”. El excarcelado debe “remar contra todas sus dificultades históricas y además contra las nuevas. Es como salir de una derrota. Hay que acompañarlos en el proceso y servir de enlace con otras instituciones que también están trabajando muy fuerte” en este sentido.
Unidad 2 Chacra Libertad del INR, el 27 de octubre de 2026, en el departamento de San José.
Foto: Alessandro Maradei
Programa Libertad Segura
En el entendido de que sin reinserción difícilmente se baje la tasa de reincidencia, el Poder Ejecutivo presentó en mayo de este año el programa Libertad Segura, una iniciativa interinstitucional orientada a garantizar condiciones efectivas para la inclusión social y laboral de personas liberadas del sistema penitenciario, con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva y disminuir las situaciones de calle, según lo informado por el portal institucional de Presidencia de la República.
En esa ocasión, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que la reincidencia delictiva representa uno de los mayores desafíos en materia de seguridad pública. En ese sentido, señaló que desde el inicio de la actual administración se entendió que la salida de las personas privadas de libertad debía formar parte de la solución y no de la continuidad del problema. “La lucha contra la reincidencia delictiva es una lucha de todos y de muchas instituciones, más allá del Ministerio del Interior”, expresó.
El programa Libertad Segura será desarrollado de forma coordinada entre Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los ministerios de Interior, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Salud Pública y Desarrollo Social, además de la Junta Nacional de Drogas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y la Intendencia de Montevideo.
Instituto Nacional de Reinserción
El INR, creado en 2010 con el objetivo de dignificar y transformar el sistema carcelario, hoy está en pleno proceso de transformación. A partir de la aprobación en agosto de 2026 de la Rendición de Cuentas, esta entidad devendrá en el Instituto Nacional de Reinserción. El nuevo organismo funcionará como un servicio descentralizado, con autonomía técnica y presupuestal. Aunque dejará de depender del Ministerio del Interior, seguirá vinculándose con el Poder Ejecutivo a través de esta secretaría de Estado. La normativa establece un período de hasta 180 días posteriores a la promulgación de la ley para reglamentar los aspectos de su nueva estructura y funcionamiento.
El INR está integrado por 26 unidades penitenciarias, más los anexos de dos de ellas, y un centro de ingreso, diagnóstico y derivación. Mientras los estándares internacionales recomiendan tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo, en diciembre de 2025, en Uruguay, la relación rondaba las 32 personas por cada policía, 63 por cada operador penitenciario y 157 por cada técnico.
La población privada de libertad no ha parado de crecer durante los últimos 40 años. El sistema alberga hoy a casi 17.000 personas en las 29 unidades antes mencionadas. A eso se deben sumar más de 10.000 personas bajo medidas alternativas, supervisadas por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, dependiente del INR.
La tasa de prisionización (o de encarcelamiento) es un indicador demográfico que mide la relación entre las personas privadas de libertad y los habitantes de un país o región en un momento determinado. En Uruguay, esta tasa es actualmente de unas 480 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo y la más elevada de América del Sur.
Alrededor del 70% de las personas excarceladas delinquen nuevamente durante los primeros tres años posteriores a su liberación, aunque algunos análisis del sector indican que la reincidencia rondaría una cifra cercana al 75%.
Compromiso funcional
Otanha puntualizó que “una cosa muy importante a destacar es que acá hay mucho voluntariado. Los funcionarios policiales, operadores penitenciarios y técnicos del INR, además de cumplir con su responsabilidad, generan proyectos socioeducativos. Muchos de los proyectos que existen en la actualidad fueron creados por el mismo funcionariado. Además, son quienes escuchan los problemas de las personas privadas de libertad y los ayudan, por ejemplo, a gestionar una salida transitoria para ver una madre enferma, o los estimulan para que terminen la escuela. Me parece que, más allá del trabajo de los privados de libertad, también se tiene que visualizar el conjunto completo, porque siempre quedan en el anonimato”, concluyó.
Corresponde también mencionar que el sostenimiento de los proyectos en ejecución en cada unidad penitenciaria cuenta “con el invalorable apoyo” de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que, con su aporte, colaboran en hacer posible su continuidad en el tiempo.