Según Gabriel Ísola, titular de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el objetivo de esta dependencia es diseñar y ejecutar políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar que promuevan el arraigo en el medio rural y permitan alcanzar la meta del desarrollo rural sustentable, considerando tres dimensiones: lo económico, lo social y lo ambiental.
La DGDR fue creada por la Ley 17.930 (Ley de Presupuesto Nacional 2005-2010) y comenzó a funcionar formalmente en abril de 2008. El jerarca recordó que en ese entonces se buscó “integrar bajo un único paraguas institucional todo lo que había sido un conjunto de iniciativas, muchas veces fragmentarias, vinculadas a financiamiento externo”, citando como ejemplo los programas Uruguay Rural, Programa Ganadero y Proyecto Producción Responsable. “Se recogen esas experiencias, esas trayectorias, y se les da una legitimidad mucho más importante al integrarlas a la estructura del MGAP, en el marco de las competencias de una dirección general”, cuenta.
Ísola señala que la DGDR “tiene una mirada multidimensional por cómo concebimos el desarrollo rural. Producir más y generar más ingresos obviamente es importante, pero también va de la mano con la mejora de las condiciones de vida de las familias en el campo y, además, con el cuidado de los recursos naturales”.
Profundizando sobre el punto, sostuvo que “se alcanza un desarrollo rural integral y sostenible cuando logramos involucrar en esa perspectiva todos los aspectos sociales, por ejemplo, la educación, la salud, los cuidados, la recreación y el tiempo libre, además de los aspectos económicos y los que tienen que ver con el ambiente”.
El titular de la DRGR explicó que “establecimos un plan estratégico para estos cinco años que se organiza en tres grandes dimensiones. La primera es integrar la perspectiva del desarrollo rural en la agenda del desarrollo productivo sostenible que tiene el gobierno a nivel nacional. La segunda tiene que ver con posicionar la agricultura familiar y al productor familiar como eje del desarrollo rural sostenible. Y la tercera tiene que ver con promover las transiciones agroecológicas como estrategia para el fortalecimiento de la producción familiar en nuestro país”.
Bajo estos tres grandes lineamientos de trabajo, se lleva adelante “un conjunto bastante amplio de iniciativas particulares que van desde redinamizar los espacios de participación social a nivel de los territorios, como lo son las mesas de desarrollo rural, hasta poner en marcha el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que fue asumido como uno de los 63 compromisos de Presidencia de la República”.
Plan Nacional de Agricultura Familiar
Ísola explicó que “el Plan Nacional de Agricultura Familiar tiene siete pilares y 52 metas, e involucra no solo acciones desde el MGAP, sino también las de un conjunto importante de instituciones, organismos o ministerios”, por lo que la articulación con otras entidades públicas es, en sí misma, otra línea de trabajo relevante.
Mesas de desarrollo rural
En referencia a las mesas de desarrollo rural, el titular de la DGDR señaló que “habían tenido una cierta desmovilización” durante el anterior período de gobierno, por lo que ahora “la apuesta es a redinamizarlas, para lo cual estamos implementando un programa específico de fortalecimiento”.
Las mesas son “un espacio de intercambio donde se definen las prioridades del desarrollo en las comunidades rurales de nuestro país. Ahí participan representantes de las organizaciones representativas de cada localidad. Son espacios abiertos, por lo que se suma mucha gente a participar”. Más allá de los asuntos vinculados a la producción, la agenda de cada mesa dependerá de la realidad local. Es así que en estos ámbitos también se abordan temas relacionados con seguridad, salud, educación o recreación, por citar solamente algunos ejemplos.
Su propósito es consolidar un espacio formal de encuentro entre la sociedad y la institucionalidad pública, “en particular con los referentes del MGAP, y, de acuerdo con los temas a tratar, con otros actores institucionales, otros organismos”, según sus competencias específicas.
Estos espacios públicos de participación y diálogo fueron creados a partir de la promulgación de la Ley 18.126 de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con Base Departamental, el 12 de mayo de 2007. Actualmente, funcionan 40 mesas de desarrollo rural en todo el territorio nacional.
Plan Nacional de Agroecología
Otra de las responsabilidades institucionales asumida por la DGDR es presidir la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología (CHPNA), el órgano encargado de elaborar, implementar y monitorear la política pública para el fomento de la agroecología. Ísola puntualizó que, aunque la preside la DGDR, la presidencia alterna la asumió Laura González, titular de la Dirección General de la Granja (Digegra) del MGAP.
“La estrategia de la DGDR es potenciar el Plan Nacional de Producción sobre Bases Agroecológicas (aprobado en diciembre de 2018 con apoyo de todos los partidos políticos y reglamentada por el Decreto 159/019 en junio de 2019), que estuvo medio aletargado durante el período pasado y que hoy queremos redinamizar, retomando el espíritu original de la normativa”. Ísola señaló que la prioridad será atender “la producción familiar y la intersección entre producción familiar y agroecología, en los distintos sectores en donde esto es posible”.
Reunión Especializada de Agricultura Familiar
El MGAP, a través de la DGDR, es el nexo oficial entre Uruguay y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur. Este espacio de integración regional está “constituido por las instituciones estatales que tienen que ver específicamente con la política de la agricultura familiar. Pero también involucra a las organizaciones nacionales representativas de la agricultura familiar”.
Ísola evaluó que la REAF “ha ido generando toda una historia de intercambio y de construcción colectiva de mejoras en las políticas públicas para el sector”. No obstante, los acuerdos alcanzados por la REAF no son vinculantes, “son recomendaciones”. Es decir, para que estas recomendaciones se transformen en políticas públicas, “tienen que ser internalizadas por cada uno de los estados del Mercosur, y solo ahí quedar vigentes”. Los acuerdos “tienen que ser ratificados por los órganos del Mercosur, en particular por el Grupo Mercado Común y el Consejo del Mercado Común”. Una vez cumplidos estos requisitos, en cada país del Mercosur se le dará trámite parlamentario.
La próxima reunión de la REAF se llevará a cabo en Montevideo, del 16 al 18 de noviembre. La actividad tendrá lugar en la sede de la Intendencia de Montevideo en el marco de la presidencia pro tempore del Mercosur que ejerce Uruguay durante el segundo semestre de 2026. En esta ocasión, la agenda de la REAF se centrará en el intercambio de políticas públicas orientadas al acceso a recursos productivos, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género y la inserción de las juventudes rurales.
Formación digital para la producción familiar
Hace apenas unos días la DGDR realizó el lanzamiento de una nueva iniciativa que ha dado en llamar Programa de Formación Digital para la Producción Familiar. Según Ísola, “es una propuesta que busca generar capacidades en nuestros públicos; no es solo para productores registrados, sino también para trabajadoras y trabajadores rurales, población rural que pueda estar interesada en formarse en el manejo básico de herramientas informáticas”.
“Va a contar con varios módulos de distinta profundidad que abarcarán todo lo que tiene que ver con el manejo de las nuevas tecnologías, internet, celulares, redes, elementos imprescindibles para poder llevar una ciudadanía digital cada vez más presente en la vida de todas y todos. El propio MGAP está transformando muchos de los trámites en gestiones digitales, por lo que es importante que la gente se pueda formar en el manejo de estas herramientas”. El programa incluye también la capacitación en procesos asociativos y en gestión financiera.
Programa Microcrédito Rural
El Programa Microcrédito Rural funciona desde 2004, y tiene como objetivos satisfacer pequeñas necesidades financieras de la población rural, facilitando el acceso al crédito. Se ejecuta y articula entre la DGDR y Fundasol, conjuntamente con la población integrante de los comités de crédito local (CCL), que hacen posible su instrumentación.
Existen diferentes líneas de crédito: para emprendimientos productivos, de libre disponibilidad, vivienda, y líneas especiales para jóvenes, mujeres rurales y para la producción familiar. Se trata de un préstamo individual, sin que se requieran garantías reales. Los valores de los créditos varían según la línea y el número de operaciones del beneficiario o beneficiaria, ya que el monto que se puede solicitar aumenta con el buen cumplimiento.
Los requisitos para acceder a una línea de crédito son residir en la zona de influencia de un CCL, ser mayor de 18 años, tener cédula de identidad vigente y contar con el aval del CCL. Según Ísola, el programa “es muy exitoso y tiene mucha aceptación de quienes lo usan. Hay un fuerte involucramiento de las comunidades en el buen uso de esta herramienta, y tiene un repago que envidiaría cualquier banco de cualquier parte del planeta”.
No solo el tamaño importa
La caracterización de productor familiar es una construcción que “tiene en cuenta definiciones de otros países y de organismos internacionales. En nuestro país refiere al menos a cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con la cantidad de trabajo asalariado empleado en el predio, la superficie de la explotación, el lugar de residencia, y los ingresos que perciba la familia por actividades no relacionadas a la explotación del predio”.
Superficie de la tierra: trabajar hasta un máximo de 500 hectáreas con índice Coneat 100, bajo cualquier forma de tenencia.
Mano de obra: realizar la actividad con un máximo de dos asalariados permanentes que no sean familiares, o hasta un máximo de 500 jornales zafrales en total por año. Excepción: en fruticultura, horticultura y viticultura, se permite contratar hasta 1.250 jornales anuales. En el caso de la apicultura, se permite tener hasta 1.000 colmenas sin exigencia de límite de hectáreas.
Residencia: vivir en el propio predio donde se realiza la producción o a una distancia no mayor a 50 kilómetros.
Ingresos extraprediales: los ingresos nominales del núcleo familiar fuera de la actividad agropecuaria deben ser inferiores a 14 bases de prestaciones y contribuciones mensuales en promedio (a octubre de 2026, aproximadamente 96.000 pesos).
Comercio y compras públicas
Los ingresos percibidos por los productores familiares no siempre están a la altura de su esfuerzo. En algunos subsectores, por ejemplo, la hortifruticultura, la diferencia en el precio que recibe el productor con respecto al que paga el consumidor es significativa. Esto obedece a un conjunto de causas, entre las que se destacan la escala y la dificultad de integrarse a cadenas de valor.
En este sentido, Ísola mencionó que “la DGDR tiene una división específica que se llama de Comercio y Cadenas. La idea es que pueda generar insumos que respondan a esta problemática. Un aspecto fundamental en cualquier proceso económico es el de desarrollar y escalar. Esto requiere organizaciones fuertes. La cuestión pasa por estar involucrado en organizaciones y tener organizaciones en el territorio que sean fuertes, capaces de llevar adelante retos como el de la comercialización en conjunto. Ese es uno de los mecanismos para mejorar el margen del productor”.
El titular de la DGDR agregó que “también trabajamos las compras públicas. Ese es un negocio no menor a nivel país y del cual muchas veces los productores familiares quedan extremadamente lejos. Se fue definiendo en la normativa nacional que, de alguna manera, el Estado compre alimentos a la producción familiar y la pesca artesanal. Ahí tenemos también un campo enorme para crecer. Teniendo en cuenta el marco normativo, el espacio de colocación que existe es mucho más grande que el que estamos usando”.
Si bien es indispensable promover el asociativismo en el ámbito de la producción familiar para que efectivamente pueda transformarse en proveedor del Estado, el propio Estado no siempre cumple con lo dispuesto en la Ley 19.292, promulgada en diciembre de 2014, y sus modificaciones y reglamentación. “Hay desafíos en términos de organización, a veces también en cómo los distintos entes públicos usan o no usan la legislación que existe. No siempre se toma en cuenta y muchas veces se pierden oportunidades por aspectos que tienen que ver con decisiones desde los organismos. Estamos tratando permanentemente de capacitar, de que se tenga presente, de facilitar también los instrumentos para que esa información esté disponible entre los referentes de las compras en los distintos organismos”.
Ísola reafirmó que “la cuestión de la intermediación y cómo y qué hacer para mejorar los ingresos de la producción familiar es un desafío que trabajamos junto con la Digegra, que tiene competencias específicas y también tiene líneas de acción por cadenas y planes de negocio”.
Decenio de la Agricultura Familiar
El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028). La implementación de esta iniciativa global cuenta con el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
La conmemoración pretende ofrecer un marco para la visibilización de este sistema de producción, diseñar mejores políticas públicas que ayuden a erradicar el hambre, reducir la pobreza rural y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Acerca de la agricultura familiar, la FAO sostiene que “más del 90% de los 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo está administrado por un individuo o una familia, y depende principalmente de la mano de obra familiar. Estas granjas producen más del 80% de los alimentos del planeta en términos de valor, lo que confirma su importancia clave en la seguridad alimentaria mundial de hoy y para las generaciones futuras. Al mismo tiempo, la mayoría de los pobres de las zonas rurales son agricultores familiares”.
En el ámbito nacional, la DGDR espera que las acciones que se lleven adelante en este marco “permitan una visibilización pública bastante más importante de la agricultura familiar de lo que representa para el país y de la importancia de las políticas públicas asociadas a ella”, concluyó Ísola.
Producción familiar en cifras
Desde la academia y el ámbito oficial se estima que algo más de 25.000 unidades productivas están incluidas en la categoría “producción familiar”, lo que representa alrededor del 60% del total de las explotaciones agropecuarias del país.
Sin embargo, la producción familiar ocupa una superficie que ronda apenas los 2,25 millones de hectáreas, menos del 15% de los más de 16,5 millones dedicados a la producción agropecuaria en todo Uruguay.
En conjunto, este colectivo se dedica a la producción de todos los rubros, más allá de la natural especialización de cada uno de sus integrantes. Es así que hay productores familiares dedicados a la ganadería de carne, de lana y de leche, a la mejora genética de ovinos y bovinos, a la cría de animales de granja, a la hortifruticultura, a la agricultura, al viverismo y a la apicultura. Tal vez la única excepción sea la producción de arroz, en la que este sector tiene una presencia irrelevante desde el punto de vista estadístico.
A pesar de su escala, se calcula que las tareas a la interna del predio vinculadas a la producción, la construcción y el mantenimiento de infraestructura productiva son llevadas a cabo por unas 80.000 personas. Adicionalmente, la producción familiar genera casi el 30% del empleo agropecuario, según fuentes oficiales.
La DGDR es la responsable de la implementación del Registro de Productores Familiares, que facilita el diseño y la instrumentación de políticas públicas diferenciadas. La inscripción es voluntaria, pero es indispensable para acceder a los diferentes programas y convocatorias del MGAP, a beneficios tales como los otorgados por BPS, UTE, Mevir, BROU, y a exoneraciones y descuentos en la factura de la contribución inmobiliaria rural. El trámite es gratuito y el registro tiene una vigencia de tres años, que se debe renovar para no perder la condición de productor familiar.
Según la última actualización del registro (2025), en todo el país hay 27.531 productores familiares inscriptos, que gestionan 16.321 unidades productivas que ocupan 1.088.947 hectáreas, y que generan empleo para unas 40.226 personas.
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