La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió el jueves a una delegación de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, el sindicato de trabajadores del sector, que informó acerca de casos de persecución y acoso laboral y sindical en varias panaderías artesanales. Asimismo, con respecto a este tema, el sindicato presentó un anteproyecto de ley.
En diálogo con la diaria, el presidente de la Mesa Coordinadora, Luis Echevarría, dijo que ante la comisión se presentó “un informe exhaustivo, con 23 hojas, explicando casos y situaciones de acoso, abuso, hostigamiento y persecución que viven trabajadores del sector”. “Reconocemos que se ha trabajado en consecuencia, fruto de todas las medidas y acciones que ha hecho y que hace la Mesa del Pan”, agregó.
De todos modos, el dirigente sindical sostuvo que “aún faltan más acciones”. Mencionó que actualmente en el sector hay alrededor de 1.500 panaderías artesanales en el país, de las cuales unas 900 están en Montevideo y otras 600 en el interior. Apuntó que, entre las que están en la capital, el Centro Industrial de Panaderos “solo tiene de socios a 300”, mientras que en el interior cada panadería artesanal está representada por el centro comercial de la ciudad o localidad.
“Entonces, nos queda solo el paraguas de la Inspección General de Trabajo”, señaló. En ese marco, Echevarría hizo hincapié en que “la Inspección del Trabajo cuente con más personal” a los efectos de “profundizar en los controles, que tienen que ser más estrictos”.
El dirigente sindical señaló que en la comisión se le trasladó a los legisladores que “hay sanciones que se aplican a empresas que son irrisorias y bajas, que deberían de ajustarse para que fueran más duras”.
Con respecto al anteproyecto de ley, Echevarría dijo que la iniciativa busca que, en aquellas situaciones en las que “es complejo de constatar un acoso, abuso o persecución laboral, sindical o sexual, se promueva un texto que decrete un seguro preventivo para que, por lo menos, [el trabajador o la trabajadora] pueda solventar sus gastos mientras la denuncia continúa y se toma una resolución, con un plazo que no sea mayor a 60 días”.
“Cuando haya consistencia en la denuncia, y la Inspección General de Trabajo obrara de oficio y le comunicara al Banco de Previsión Social, informando que esa denuncia presentada tiene indicios de veracidad en lo que se está diciendo, entonces ahí le comunica a Banco de Previsión Social que preventivamente otorgue el seguro”, agregó.
En términos generales, y a modo de resumen, Echevarría consideró que la comisión fue “receptiva” al planteo de la Mesa del Pan. Apuntó, además, que el anteproyecto también será entregado a las bancadas de senadores de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria.
Los detalles del anteproyecto
El principal objetivo es que los trabajadores puedan contar con la posibilidad de acceder a un “subsidio cautelar” en caso de acoso moral o sexual en su lugar de trabajo, mientras se sustancian las investigaciones. Mediante la iniciativa, que está inspirada en la legislación española, el Estado abonaría primero una prestación para “garantizar la dignidad” del trabajador y “dirime la responsabilidad después”. En ese sentido es que el anteproyecto apunta a eliminar el “chantaje económico”. Como apuntó Echevarría, esto requeriría una “actuación rápida” de la Inspección General del Trabajo.
El texto puesto a consideración de los legisladores explica que será justamente la Inspección General del Trabajo el organismo encargado de emitir un informe o una resolución sobre los “indicios razonables de acoso”, algo que supondrá un “documento público con presunción de legitimidad”. Con este informe, la víctima podrá presentarse en el Banco de Previsión Social e “invocar la habilitación excepcional del subsidio sin necesidad de la firma del empleador acosador”.