En la semana, una de las precandidatas a la presidencia por el Partido Colorado, Carolina Ache, afirmó en el programa Lado B, de TV Ciudad, que Nueva Zelanda tiene solamente “63.000 funcionarios públicos y cinco millones de habitantes”. Lo dijo para compararlo y mostrar que es una cifra menor respecto de los casi 300.000 vínculos laborales que dependen del Estado uruguayo y así argumentar su postura a favor de no renovar contratos. Sin embargo, esta cifra es incorrecta.
El error surge de una diferencia de terminología, ya que las estadísticas neozelandesas consideran funcionarios (public servant) a los trabajadores de la administración central que dependen directamente de los ministerios. Este criterio arroja la cifra de 64.771 funcionarios al cierre de 2023 y se acerca a la cifra que manejó Ache. Esto puede consultarse en el sitio web de la Public Service Commission (Comisión de Servicio Público) web de Nueva Zelanda.
No obstante, el “wider public sector” (sector público ampliado), que incluye además a las empresas estatales, gobiernos locales, servicios públicos, Fuerzas Armadas y organismos descentralizados, emplea a un total de 463.300 trabajadores.
Esta cifra, que aún deja por fuera a los trabajadores de empresas privadas en las que tiene participación el Estado neozelandés, representa el 18,8% de la fuerza laboral de ese país, un total de 2.464.300 trabajadores. Nueva Zelanda atravesó un sostenido aumento del número de trabajadores públicos desde el año 2000, cuando contaba con 288.000 servidores públicos, con especial acento en los trabajadores de la educación y la salud. El grueso de los aumentos coincidieron con los gobiernos del Partido Laborista (en los períodos 1999-2008 y 2017-2023), cuyas políticas impulsaron una ampliación de los servicios públicos.
El sector público que más emplea es el de la educación, con 147.145 trabajadores, casi la tercera parte del total. Le siguen la salud pública, con 99.002 empleados; el gobierno central, con 64.771, los gobiernos locales, con 55.080, y otras entidades gubernamentales (donde se incluye a la Policía y las Fuerzas Armadas), con 54.704. El listado se completa con los 41.556 trabajadores de las empresas públicas.
El Estado de Nueva Zelanda aún mantiene en su poder sectores clave de la economía que sobrevivieron a la ola de privatizaciones de finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. Actualmente, administra la red de ferrocarriles, la principal compañía de energía eléctrica (que además tiene participación accionaria en las compañías privadas), la aerolínea de bandera, empresas de producción agrícola y afines, y el sistema de medios de comunicación públicos, entre otros. Además, mantiene participación mayoritaria en el paquete accionario de diversas empresas privadas, que son administradas por el Tesoro de Nueva Zelanda.
Si se tiene en cuenta un criterio similar para Uruguay, la Administración Central del Estado contaba con 80.842 empleados, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en diciembre de 2022. Sin embargo, estas cifras incluyen a los funcionarios policiales y militares, que al excluirse como en el caso neozelandés, reduce el total a 18.085 trabajadores distribuidos entre los incisos “civiles”.
Por otra parte, la cifra total de funcionarios públicos de todo el Estado en diciembre de 2022 era de 296.925, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al igual que en el país de Oceanía, el inciso con mayor cantidad de funcionarios públicos en Uruguay es la educación: la Administración Nacional de Educación Pública emplea a 92.341 personas. Le sigue el Ministerio del Interior, con 32.742 funcionarios, y completa el podio el Ministerio de Defensa Nacional, con 27.923, casi los mismos trabajadores que tiene la Administración Nacional de Servicios de Salud del Estado: 27.101.
De acuerdo a los datos del INE de finales de 2023, Uruguay contaba con un 1.724.000 personas ocupadas, por lo que los casi 300.000 trabajadores estatales representan un 17,2% de la fuerza laboral total. El empleo público de Nueva Zelanda en relación a la población activa es similar, mientras que están por debajo del 20,8%, que es el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.