En los últimos días circuló en redes sociales la imagen de una notificación enviada por la Intendencia de Montevideo (IM) que informaba que para “la instalación de cartelería en predios privados visibles desde el espacio público es obligatorio contar con la habilitación de la IM”. Esto provocó reacciones en la oposición departamental, entre ellas la del edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien afirmó que la notificación parece de un “Estado totalitario”.

El tema fue tratado en la sesión de la Junta Departamental del pasado jueves, luego de que Barrios Bove lo pusiera a discusión. En conversación con la diaria Verifica, el edil nacionalista señaló que a varios compañeros les llegó esa misma notificación.

Este fue el caso de Ernesto Lorenzo, del sector D Centro y asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien relató que la intimación de la IM le llegó a su vivienda, localizada en un edificio de la rambla República Argentina. “Ayer ya me había enterado, por los diferentes grupos, de que a algunos otros vecinos de Montevideo les había llegado una invocación de una posible infracción con un QR”, comentó Lorenzo.

“Yo tengo derecho constitucional, como todo habitante, a expresar mis preferencias políticas, religiosas, deportivas, de lo que sea. No es que yo esté en un espacio público, cuando además todos los espacios públicos están llenos de propaganda política. Creo que es una cosa absolutamente absurda”, sentenció Lorenzo, quien señaló que aún no decidió si tomará acciones.

Desde la IM señalaron que la notificación no corresponde al retiro de cartelería política o partidaria, sino al retiro de cartelería comercial. Ante las consultas, la comuna informó que esta notificación corresponde al Presupuesto Quinquenal (Decreto 37.847), que introdujo modificaciones. De acuerdo con un comunicado enviado por la comuna, la advertencia refería al control del “no cumplimiento de los requisitos legales previo al otorgamiento del permiso de instalación de cartelería en bienes privados visibles desde el espacio público”.

“Se trató de una comunicación enviada ante las variadas consultas que llegaron al servicio de ingresos comerciales y vehiculares sobre responsabilidad en el tema de titulares de padrones, [en la mayoría de los casos, edificios] que tienen cartelería de publicidad comercial gigantes E1 y E2. La comunicación se hizo a los efectos de que conozcan la normativa como vecinos y su responsabilidad”, informaron desde el gobierno departamental.

Asimismo, el edil frenteamplista Nicolás Lasa afirmó que estas intimaciones “no tienen nada que ver” con la cartelería política. “Lo que se aclara es una modificación –que incluimos en el Presupuesto Quinquenal– que establece que es responsabilidad de los propietarios corroborar que la empresa que les va a colocar el cartel cuenta con la autorización correspondiente”, afirmó Lasa.

Por su parte, Barrios Bove cuestionó que esta notificación refiera a gigantografías en medianeras o azoteas. “Yo chequeo con compañeros y no tienen carteles comerciales en sus edificios”, dijo. Esto mismo señaló Lorenzo, quien afirmó que el edificio donde habita no cuenta con cartelería comercial.

“Si usaste un recurso para mandar a inspeccionar, chequeás número de cuenta y relevaste que hay cartel de una lista, ¿por qué mandaste la notificación si no es para carteles políticos?”, cuestionó Barrios Bove. “En el mejor de los casos, si es un error, tiene como consecuencia que la gente no quiera poner balconeras porque genera temor o para evitarse un problema”, alertó.