El presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó una de sus últimas entrevistas del año en el programa de streaming Yunta, conducido por el periodista Gabriel Pereyra, donde señaló que “hay que echarle mano” al Código del Proceso Penal (CPP). “Con el tema de los abreviados yo creo que es un problemón”, afirmó el presidente y opinó que debe evaluarse “si no se usan de manera exagerada” ese tipo de procesos, lo que estaría motivado por falta de recursos.

Los dichos de Orsi generaron discrepancia en el seno del Gobierno, donde el propio prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien además fuera fiscal general durante la implementación del CPP, señaló en entrevista con Canal 5 Noticias que no cree que haya “un abuso” del proceso abreviado. Sí consideró que hay “muchos”, algo que adjudica a la eliminación de suspensión del proceso a prueba entre otras salidas.

Asimismo, Díaz dijo que “todos desearíamos tener más juicios orales”, y señaló que en los sistemas acusatorios el porcentaje de casos que llega al juicio oral no supera “el 5 o el 7%” en ningún país del mundo. “Quizás un 1%, si es lo que hay ahora, es un número muy bajo”, opinó, y afirmó que en caso de querer aumentarlo, no se lograría “sólo con modificaciones al Código”, sino también a las “instrucciones en Fiscalía”. Además, recordó que al proceso abreviado se llega “porque hay dos partes que se ponen de acuerdo en una solución”.

Un fenómeno multicausal

En conversación con la diaria Verifica el abogado, investigador y docente de la Facultad de Derecho Daniel Zubillaga definió como “complejo” el “trazar un puente” entre proceso abreviado y la tasa de encarcelamiento, y afirmó que si bien es un factor que influye, “no es el único”. “Es un componente más de la dinámica del aumento del encarcelamiento, pero no es un elemento suficiente”, explicó.

Por otra parte, recordó que antes de la entrada en vigor del CPP del 2017, un 70% de las personas privadas de libertad estaba sin condena, cifra que luego se redujo significativamente. “Lo que hizo el CPP es incrementar la eficacia. Hubo un incremento del 38% del promedio mensual de personas imputadas entre 2017 y 2019”, afirmó.

Por su parte, el abogado penalista Rodrigo Rey recordó que en el sistema anterior existía la prisión preventiva, a la que definió como “prácticamente preceptiva” y la que cambió su forma jurídica por el proceso abreviado. “Si desglosás la tasa de procesos abreviados, vas a tener un componente importante de procesos abreviados celebrados en flagrancia, para aquellos delitos que se cometen en el momento, en su mayoría, se allanan al pedido fiscal de condena”, explicó Rey, sobre un fenómeno que consideró una “anomalía”. “Si bien en Uruguay se bajó violentamente la tasa de prisión preventiva, ese descenso se hizo a costa del ajuste de las garantías”, explicó el abogado.

Además, señaló, al igual que Díaz, que los juicios orales representan el 1% del total de los casos que se resuelven judicialmente en el sistema. Rey considera que esto viene por “una determinación externa” de corregir, a nivel de política pública, un indicador que Uruguay “mostraba muy deficiente” como tasa de prisión preventiva. “Entonces, ahí muta la forma jurídica y en vez de ser un auto de procesamiento con prisión preventiva, pasa a ser una condena”, opinó el abogado y señaló que esto repercute en que las condenas sean de “muy baja calidad”.

Otro punto fue la eliminación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la suspensión condicional del proceso, que fue derogada con la Ley de Urgente Consideración (N° 19.889) y derivó en que muchos casos que antes se conducían como suspensión condicional de proceso pasaran a tener como “única válvula de escape” el proceso penal abreviado.

No obstante, Rey coincide en que debe modificarse el CPP, para hacer que las condiciones de celebración de un proceso penal abreviado sean “más exigentes” con condenas de “mayor calidad”. Sin embargo, señaló como un problema “subyacente” el hecho de “echar mano a la cárcel” como primera solución. “La regla es ir preso, por lo que parece más conveniente accionarte de una acusación fiscal, es decir, hacer un proceso penal abreviado”, explicó.

Rey recordó que el CPP considera como graves una gran cantidad de delitos, y en la mayor parte la Fiscalía está obligada a solicitar la prisión preventiva. “No deja de ser una coacción sobre la libre voluntad de una persona, la amenaza de que un juez de garantía lo envíe a prisión preventiva, aunque fuera primario y no hubiera riesgo para la investigación”, señaló Rey.

Asimismo, Zubillaga consideró que el hecho de que el 99% de las condenas se dicten en procesos abreviados, de acuerdo a datos del Poder Judicial en 2023, son “síntomas de un problema mayor” y que “el problemón es la justicia penal”. “Agarrársela con el proceso abreviado es hacerlo con el parche cuando en realidad el problema es con la vestidura”, afirmó.

“El sistema empezó a funcionar de otra manera. Una de las cosas que aumentó es la capacidad del sistema para poder tramitar casos. Hay más policías, hay más fiscales, hay más abogados, hay más jueces. Hay un sistema que funciona con una lógica mucho más aceitada de la que funcionaba antes”, explicó el docente.

Respecto de si la inclusión de nuevos tipos de delitos y los aumentos de pena pudieron ser otro factor clave en el aumento de la prisionalización, el abogado señaló que todo aquello que implique que la solución a un conflicto penal pase “sí o sí por la cárcel” deriva en un incremento de la población penitenciaria.

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