Este artículo forma parte de una investigación conjunta de la diaria Verifica con Estadao (Brasil) y Fast Check (Chile), realizado por Clarissa Pacheco, Gabriel Belic, Javier Revetria y Pablo Flores
Según la prensa chilena, familiares de Bernarda Vera la buscaron incesantemente desde su desaparición, en 1973. Aún hoy, una hija de la mujer, de 57 años, recibe una pensión pagada a hijos de desaparecidos forzados durante la dictadura. Mientras tanto, en redes sociales, publicaciones cuestionan cuántos casos más hay como este, acusan a organizaciones de derechos humanos de sostener una farsa y al gobierno de ser cómplice.
Una única cuenta en Tiktok, que se presenta como anticomunista, hizo siete publicaciones sobre el asunto que suman más de 1,3 millón de visualizaciones. El principal cuestionamiento es sobre el pago de indemnizaciones a familiares de víctimas, sugiriendo que, por haber sido supuestamente encontrada viva, la exmilitante no fue víctima de la dictadura. No hay confirmación de que la mujer sea, de hecho, Bernarda Vera.
En Argentina, los cuestionamientos sobre compensaciones financieras también aparecen en el discurso que relativiza los crímenes cometidos por el régimen militar. “Eso es algo que se volvió muy popular: dicen que lo que tiene que ver con la memoria y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es por dinero. Nada podría estar más lejos de eso”, afirma Manuel Gonçalves, de Abuelas de Plaza de Mayo.
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Gonçalves llama la atención sobre el hecho de que Argentina hizo leyes para asegurar reparaciones en dinero para las víctimas de la dictadura, pero que la mayor reparación es que el Estado reconozca que cometió crímenes. Los valores, dice, “no resuelven la vida de ninguna manera”.
En Uruguay, buena parte de la narrativa contraria a los movimientos de derechos humanos suele estar asociada a la idea de que los familiares de detenidos desaparecidos, así como los ex presos políticos, reciben pensiones reparatorias hereditarias y vitalicias. Esto indica un supuesto interés económico en las reivindicaciones de las organizaciones sociales relacionadas con el tema. Sin embargo, en Uruguay, no existen pensiones destinadas a familiares de detenidos desaparecidos, excepto una compensación única por familia de aproximadamente 500.000 unidades indexadas (UI; cerca de 75.000 dólares), distribuida entre los integrantes hasta el segundo grado de consanguinidad.
Esta indemnización está prevista en la Ley 18.596 y coexiste con otras dos específicas: para víctimas con lesiones muy graves (250.000 UI), para niños desaparecidos temporalmente (375.000 UI) y para personas nacidas o mantenidas en cautiverio (200.000 UI). Además, la Ley 20.193 establece compensaciones de 150.000 dólares para beneficiarios de víctimas de grupos políticos armados, cantidad superior a la indemnización por desaparición forzada por el Estado.
La única prestación de carácter periódico en Uruguay es la Pensión Especial Reparatoria (PER), creada por la Ley 18.033, destinada a personas procesadas y detenidas por la Justicia militar o civil después del 9 de febrero de 1973. Su valor equivale a 8,5 BPC (aproximadamente 55.900 pesos), no es acumulable con jubilaciones o pensiones, y exige la elección entre regímenes.
Actualmente, 1.725 personas reciben la PER y 305 reciben las prestaciones derivadas en Uruguay, representando sólo el 0,39% del gasto total del Banco de Previsión Social. Conforme señalado por Crysol, la asociación de ex presos políticos de Uruguay, este régimen no constituye un privilegio, sino una forma de reparación para aquellos que fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tortura durante la dictadura.
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En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 –que amnistió a los perseguidos por la dictadura, pero también alcanzó a los agentes del régimen– es blanco de desinformación. Publicaciones falsas sobre amnistiados ganaron fuerza tras actos favorables al perdón para los involucrados en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y para el expresidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por intento de golpe de Estado y preso en la última semana de noviembre.
Una de las publicaciones, que alcanzó 82.300 visualizaciones, afirma que la periodista Miriam Leitão habría sido beneficiada por la amnistía, siendo hoy contraria al perdón a los involucrados en los actos golpistas. Esto, sin embargo, es mentira. En entrevista con Estadão Verifica, Miriam explicó que no fue amnistiada porque fue absuelta de las acusaciones hechas contra ella.
También es común que personas que nunca recibieron indemnización sean atacadas en redes sociales como si la hubieran recibido. Otras, que de hecho recibieron una indemnización, son blanco de publicaciones que afirman que el gobierno de izquierda paga una “bolsa dictadura” a militantes comunistas.
Hoy, el país tiene dos leyes federales que permiten la reparación económica a perseguidos y familiares de muertos y desaparecidos en la dictadura. La primera es la Ley 9.140/1995, conocida como ley de los desaparecidos y que creó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. Esta ley autoriza el pago de indemnización a los familiares mediante requerimiento.
La otra es la Ley 10.559/2002, que crea la Comisión de Amnistía y reglamenta el art. 8° del Acto de Disposiciones Constitucionales Transitorias de la Constitución Federal de 1988. También permite el pago de reparaciones económicas tras el juicio de las solicitudes. Además de reparación económica, instituye otras formas de reparación, como pedido oficial de disculpas.
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La historiadora Carolina Rezende, doctoranda en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, afirma que las publicaciones que llaman a estas reparaciones “bolsa dictadura” contribuyen al aumento de la desinformación sobre los gobiernos militares. “Demuestra no sólo un desprecio o desconocimiento del impacto económico de la persecución política en la vida de quien fue afectado por los actos de excepción, sino que también causa una estigmatización en quien ya sufrió con la arbitrariedad de la dictadura militar”, declara.
Para ella, es absurdo suponer que estas personas vivieron con privilegios, ya que muchos recibieron una reparación ya ancianos, otros murieron sin que sus solicitudes fueran juzgadas y algunos ni siquiera quisieron una reparación financiera. Sin contar a los que vivieron en condiciones financieras inferiores a las que probablemente habrían tenido si no hubieran sido perseguidos. “Yo leo requerimientos de amnistía para mi investigación y encuentro muchas vidas que fueron devastadas a causa de la persecución política. Leo solicitudes formuladas tanto por trabajadores despedidos y colocados por el régimen militar en “listas negras” –que listaban a trabajadores como subversivos e impedían que fueran recontratados en otros empleos– como campesinos que tuvieron que dejar sus tierras con hijos que no pudieron continuar en la escuela y, habiendo crecido sin alfabetización, se convirtieron en adultos con trabajos precarizados y con baja remuneración”, ejemplifica.
Al ser consultado, el diputado federal brasileño Coronel Chrisóstomo dijo en un comunicado que “nunca ha estado a favor de ningún tipo de régimen dictatorial implantado en Brasil y que está totalmente a favor de un país democrático que defienda permanentemente al pueblo brasileño”. Sobre haber dicho que no hubo dictadura en Brasil entre 1964 y 1985, afirmó que “refuerza su compromiso con el orden constitucional vigente y con las instituciones democráticas del país” y que “defiende la preservación de las libertades civiles y la actuación del Poder Legislativo dentro de los límites legales”.
Esta investigación, realizada por LatamChequea, la red de verificadores latinoamericanos, forma parte de “Los Desinformantes”, una serie de reportajes sobre grupos que esparcen contenidos engañosos en la región.