Este artículo forma parte de una investigación conjunta de la diaria Verifica con Estadao (Brasil) y Fast Check (chile), realizado por Clarissa Pacheco, Gabriel Belic, Javier Revetria y Pablo Flores
Combatir las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile significó la muerte para mucha gente. Otros fueron presos, torturados, exiliados, perdieron empleos y contacto con la familia. A pesar de esto, las redes sociales invirtieron el juego: miles de publicaciones de partidarios de los regímenes transforman a las víctimas en villanos de las dictaduras. Son llamados asesinos, terroristas, asaltantes de bancos, secuestradores y, por qué no, mentirosos.
No es raro que estas víctimas se vean obligadas a revivir el trauma cada vez que alguien ensalza a un torturador, o niega una tortura, o les imputa crímenes que nunca cometieron. Un sentimiento parecido al que describe la periodista brasileña Miriam Leitão, que estuvo presa durante tres meses y fue víctima de tortura durante la dictadura en Brasil: “Encontrar en la vejez, de nuevo, sano, al enemigo que te hizo infeliz en la juventud no es fácil. No es fácil”.
Las historias de las víctimas no son narradas sólo por ellas: están en documentos históricos, algunos de ellos producidos por las propias Fuerzas Armadas. Pero descalificar el testimonio de víctimas y la investigación historiográfica es la primera táctica de los negacionistas, señala el historiador Marcos Napolitano, profesor de la Universidad de San Pablo. “La segunda es ocupar internet y las redes sociales para divulgar interpretaciones sin base documental, sin el respaldo de la investigación académica, aprovechando una parte de la opinión pública identificada con valores autoritarios”, completó.
El caso de Miriam no es único. En Brasil, por ejemplo, son recurrentes las publicaciones en redes sociales con fotografías de ella y de la expresidenta Dilma Rousseff acusándolas, falsamente, de cometer asesinato y asaltar bancos. En Uruguay, hay publicaciones que acusan a la monja Celia Inés Aparicio, involucrada en un caso de corrupción en Argentina, de haber integrado el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo que actuó en Uruguay entre 1968 y 1972, antes del inicio de la dictadura, en 1973. Pero ella nunca fue de los Tupamaros, ni integró la lista de desaparecidos.
Publicaciones como estas buscan minar la reputación de las víctimas y evitar que reciban cualquier tipo de empatía. El fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, afirma que desmoralizar a las víctimas forma parte de la estrategia de quienes niegan, apoyan o forman parte de las dictaduras.
Conocido por la militancia contra dictaduras en Brasil y otros países de América Latina, Krischke dice que los familiares de las víctimas también sufrieron en todo el Cono Sur: “Las víctimas y las familias tenían su imagen distorsionada. Te imaginas lo que es ser hermano, padre, madre de un terrorista. Muchos tuvieron que cambiar de lugar, porque el vecindario los hostigaba, porque la prensa dijo que eran terroristas. Esto era muy común, no sólo en Brasil, sino en todo nuestro Cono Sur: Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay. Una práctica terrible”.
De forma similar, el historiador Carlos Zacarias, profesor de la Universidad Federal de Bahía, refuerza que la desinformación diseminada hoy sobre la dictadura militar vuelve a afectar a amigos y familiares de esas víctimas, además de a ellas mismas, que reviven el trauma.
Hijos y madres de “terroristas”
Manuel Gonçalves Granada vivió hasta los 21 años creyendo llamarse “Cláudio”. Cuando nació, el 27 de junio de 1976, su padre, Gastón Roberto José Gonçalves, ya estaba desaparecido desde el 24 de marzo de ese año, el día del golpe militar que depuso a la presidenta argentina Isabel Perón. La madre, Ana María del Carmen, fue asesinada por la dictadura en noviembre de ese año. Antes, consiguió esconder al bebé en un armario.
Manuel fue encontrado por los militares, pasó meses bajo custodia policial y fue entregado en adopción sin que se buscara a sus verdaderos familiares. En 1997, su abuela paterna, Matilde, lo encontró. Hoy Manuel es reconocido como el nieto 57 e integra la organización Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por mujeres que, desde la década de 1970, buscan a sus nietos secuestrados, una práctica común de la dictadura argentina.
A pesar de ser víctimas, y no verdugos, tanto Manuel como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reciben ataques en las redes sociales. Para los que apoyan o relativizan lo que ocurrió durante la dictadura argentina, son ellos los terroristas, o las madres de terroristas. “Las Abuelas de Plaza de Mayo tienen una red social y muchas veces hacen una publicación, y debajo en los comentarios aparecen los discursos de odio”, afirma Manuel.
“Las Madres de Plaza de Mayo son acusadas de ser terroristas o son llamadas madres de terroristas. Ese es un juego interesante, porque lo que hace es establecer una especie de contaminación entre la madre y los hijos de los desaparecidos como hijos de terroristas”, completa la socióloga argentina Valentina Salvi, investigadora del Núcleo de Estudios sobre Memoria.
Narrativas falaces
En Brasil, aunque existen discursos genéricos que atacan a los opositores al régimen, hay personajes simbólicos que, con frecuencia, son blanco de desinformación. Es el caso de la expresidenta Dilma Rousseff.
El vicedecano del Partido Liberal (PL) en la Cámara, el diputado federal Coronel Christóstomo, de Rondônia, hizo al menos seis discursos en el plenario entre 2019 y 2025 citando el régimen militar. En uno de ellos, negó que haya habido una dictadura militar en Brasil; en los otros cinco, mintió al acusar a la expresidenta Rousseff de haber matado al soldado Mário Kozel Filho en un cuartel en San Pablo. La acción que resultó en la muerte del militar fue ejecutada por la VPR, grupo del cual Dilma nunca formó parte.
Dilma fue militante de organizaciones contrarias a la dictadura militar de Brasil y llegó a integrar dos organizaciones de lucha armada: el Comando de Liberación Nacional (Colina) y la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares). En 1970, fue arrestada acusada de subversión y torturada en el Departamento de Orden Política y Social. Fue condenada a cuatro años de prisión por subversión, pero fue liberada en 1972.
A pesar de haber integrado organizaciones de la lucha armada, la propia Dilma dice que nunca participó en operaciones militares ni fue condenada por crímenes mayores. Aun así, viralizan con frecuencia publicaciones en redes sociales que afirman que asaltó bancos, asesinó a un soldado del Ejército y confesó haber participado en la lucha armada. Todas las alegaciones son falsas.
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De 2019 hasta ahora, Estadão Verifica desmintió seis publicaciones virales con desinformación sobre la actuación de Dilma en la dictadura. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, convivió con ella y niega que la expresidenta haya actuado en la lucha armada: “Decir que ella era una guerrillera es un absurdo. Ella nunca tomó un arma. Ella era del grupo de guerrilleros, sí, ella pertenecía a uno, pero ella, personalmente, nunca dio un tiro”. La periodista y escritora Miriam Leitão es otra víctima recurrente de mentiras en las redes. Estaba afiliada al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que funcionaba en la clandestinidad, cuando fue arrestada en 1972 en Vitória (ES). Estaba embarazada, fue torturada, amenazada de violación y dejada sola, desnuda, en una sala con una serpiente boa constrictor. En la época, Miriam usaba el alias Amélia, que aparece en publicaciones desinformativas sobre ella. Otra víctima de desinformación en Brasil es el exdiputado Rubens Paiva, que ganó más atención tras el éxito de la película Ainda Estou Aquí (Todavía estoy aquí), ganadora del Oscar a mejor película extranjera. La obra cuenta la historia de Eunice Paiva, viuda de Rubens. Durante la dictadura, su mandato de diputado fue revocado y, entonces, volvió a actuar como ingeniero. Como tenía muchos contactos en el exterior, pasó a enviar y recibir cartas de exiliados para amigos y familiares en Brasil, pero nunca participó en la lucha armada.
La hacienda del padre de Rubens, Jaime Paiva, quedaba en Eldorado, la misma ciudad donde creció el expresidente Jair Bolsonaro. Años antes de Ainda Estou Aquí, en 2013, el exmandatario ya había esparcido desinformación sobre Rubens y su actuación en la dictadura militar. Tras el éxito de la película, los rumores fueron reciclados, en un intento de vincular a Paiva con el grupo guerrillero liderado por Carlos Lamarca. “Rubens Paiva no era terrorista, ni guerrillero, no era nada. Y fue asesinado bajo tortura. Y suelo decir que, en esos períodos dictatoriales, lo peor del mundo es que no sepas nada. Porque los idiotas entienden que estás resistiendo y aumentan la tortura y acaban matándote porque no sabes nada, no tienes nada que decir”, afirma Krischke.
Búsqueda de desaparecidos alimenta desinformación en las redes
En Uruguay, donde publicaciones virales en la web cuestionan los números de desaparecidos, hay incluso quien divulga desinformación sobre “desaparecidos inventados”, atribuyéndoles crímenes o roles falsos durante la lucha contra la represión. Es el caso de la monja Celia Inés Aparicio, que nunca fue desaparecida y es señalada como si integrara un grupo guerrillero en Uruguay, los Tupamaros.
Estos casos se unen a supuestos relatos de desaparecidos reales que habrían sido vistos en la actualidad en otros lugares. Este tipo de narrativa busca desacreditar las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos y diluir la responsabilidad estatal en los crímenes del terrorismo de Estado. Hace tres años, la familia del desaparecido uruguayo Juan Pablo Errandonea hizo una denuncia a la unidad de Delitos Informáticos por publicaciones falsas sobre él, y aún espera respuestas.
Juan Pablo nació en Montevideo, Uruguay, y formaba parte de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Resistencia Estudiantil-Obrera. En 1973, año del inicio de la dictadura en el país, logró establecerse en Buenos Aires, pero fue arrestado en una acción coordinada de fuerzas de Argentina y Uruguay, y nunca más fue visto. A pesar de esto, diversas publicaciones afirman falsamente que habría huido a Venezuela y que estaría viviendo en Francia.
“Surgió del relato de un militar retirado que decía que él trabajaba con mi hermana menor y ella enviaba cartas a mi hermano en Venezuela. En realidad, él tomaba hechos que eran verdad, pues otra de mis hermanas vivía allí. La correspondencia que él veía no era con Pablo”, explicó Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Según él, los ataques están más organizados ahora.
En Chile, un caso reciente divulgado por la prensa ganó contornos políticos y llegó a ser usado como supuesta prueba de que el número de desaparecidos por la dictadura es menor que lo que afirman entidades de defensa de los derechos humanos. Es el caso de Bernarda Vera, una profesora militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria dada como desaparecida y posiblemente muerta por el régimen de Augusto Pinochet en 1973.
Una investigación del Plan Nacional de Búsqueda, del gobierno del presidente Gabriel Boric, encontró inconsistencias en el relato y existe la sospecha de que haya huido a Argentina, luego obtenido refugio y ciudadanía en Suiza y hoy viva en Argentina con una nueva familia.
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Para el abogado Pietro Sferrazza, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, si la mujer encontrada es de hecho Bernarda Vera, la comunidad chilena debería celebrar y no juzgar las decisiones tomadas por alguien ante los horrores experimentados en la dictadura. Él recuerda que, por las características de la represión y de los desaparecidos forzados ocurridos en Chile, las posibilidades de encontrar a alguien vivo son raras.
Para Sferrazza, la prensa no trató el caso desde la perspectiva de los derechos humanos y terminó dando combustible a quienes tienen interés en perjudicar el Plan Nacional de Búsquedas. “Un caso como ese, si se comprueba, debería ser motivo de celebración, pero por la manera en que fue divulgado genera todo un debate político y obviamente hay intereses políticos”, dice, comparándolo con la forma en que los argentinos festejan la localización de un nieto que había sido secuestrado.