¿Cuál es la historia y la viabilidad del proyecto que presentó Cáceres para la zona de la Aguada?

La candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana Virginia Cáceres lanzó su campaña la semana pasada en un acto en la sede del Partido Colorado. Allí presentó un proyecto de renovación de la Estación Central José Artigas, infraestructura que permanece prácticamente abandonada desde su cierre como terminal de trenes de pasajeros el 1° de marzo de 2003.

El proyecto prevé la instalación de una terminal multimodal que reciba servicio de transporte férreo de pasajeros, como en el pasado, así como el traslado de la terminal de Río Branco. Además, se crearía un parque elevado por encima de las vías férreas, se instalarían locales comerciales y se construiría una torre de 40 pisos en la cabecera de la actual playa de maniobras, próxima a la Torre de las Telecomunicaciones.

Sin embargo, este proyecto, que puede resultar novedoso, no fue ideado en el contexto de esta campaña electoral, sino que corresponde a una propuesta presentada en 2017 con el impulso del Grupo de Pasajeros y Amigos de la Estación Central, un conjunto de usuarios del viejo tren de pasajeros que reclama por el restablecimiento del servicio y la rehabilitación de la estación como terminal de trenes.

Uno de los representantes del grupo, Marcelo Benoit, afirmó en conversación con la diaria Verifica que el grupo “desconoce cómo llegó el proyecto” a las manos de Cáceres. Consideran, además, que su presentación debió haberse hecho con todos los candidatos y no dentro de la plataforma de propuestas de una candidata puntual, algo para lo que no habrían sido consultados.

La propuesta, ideada por los arquitectos Augusto Alcalde y Federico Arrosa, se dio a conocer al público a finales de 2017 y, con el apoyo del Grupo de Pasajeros y Amigos de la Estación Central, fue presentada al entonces intendente Daniel Martínez. Sin embargo, en 2019 la comuna presentó el proyecto de la Estación del Futuro, que buscaba crear un “Silicon Valley” en la zona de la Aguada y prescindía de la restauración de una terminal de trenes. Asimismo, ese mismo año el empresario Carlos Lecueder, promotor del complejo World Trade Center y de varios shoppings a lo largo del país, presentó un proyecto de inversión privada para la instalación de un centro comercial en el edificio, que finalmente no pasó de la etapa de anteproyecto.

Consultado por la diaria, Alcalde dijo que el proyecto fue presentado en 2019 a un llamado de expresiones de interés convocado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos. Explicó: “Resultamos dentro de las propuestas con mayores valoraciones positivas. Después, cada uno de los integrantes del proyecto o que ha colaborado tiene diferentes orígenes políticos”. Alcalde ponderó positivamente la pluralidad de actores involucrados, ya que los “unió para destino noble” como es “proyectar algo en la Estación Central”.

“El proyecto después tuvo un grado de avance y fue presentado en la excárcel de Miguelete, en el museo, en la plataforma de Ghierra Intendente. Ahora, arrancando 2025, en el marco de una campaña electoral, con la candidata Virginia Cáceres, de la que yo integro los equipos técnicos del partido y el ‘gabinete en las sombras’, estuvimos hablando de una serie de propuestas o de ideas y le pareció interesante conocer de primera mano el proyecto, y la verdad es que se lo presentamos”, explicó Alcalde.

Asimismo, el arquitecto recordó que el año pasado la lista 711 del Frente Amplio también presentó el proyecto en una de sus actividades partidarias, algo que fue informado entonces por Montevideo Portal. “Más allá de que los partidos tomen el proyecto y se haga política partidaria con eso, entendemos que es bienvenido, que tiene que ser un proyecto de consenso”, dijo Alcalde, y señaló que “es bienvenida la discusión”.

Si bien el proyecto fue creado por el estudio de arquitectura de Alcalde, contó con aportes del Equipo Recopilador Histórico de Transporte (Erithan), del Grupo de Pasajeros y Amigos de la Estación Central y de la Asociación Montevideana de Entusiastas del Transporte. “Cada uno de esos actores tiene libertad para fomentar y darle difusión al proyecto. Entendemos que hay una oportunidad de conseguir un amplio consenso sobre el sistema político. No queremos que las ideas sean descalificadas según de dónde vengan”, señaló.

El estatus jurídico de la Estación Central y un juicio de más de dos décadas

En 1998 el gobierno de Julio María Sanguinetti presentó el Plan Fénix, un proyecto inmobiliario que buscaba renovar la zona del barrio Aguada, un símil del proyecto de Puerto Madero de Buenos Aires, que instaló un distrito financiero y corporativo en la infraestructura abandonada del viejo puerto de cargas de esa ciudad.

El proyecto contemplaba la instalación de un shopping center en la Estación Central. En la playa de maniobras estaba previsto construir una serie de edificios de oficinas diseñados por el arquitecto Carlos Ott. El único edificio finalmente construido fue la torre sede de Antel, que hasta hoy sigue siendo el edificio más alto del país.

El Banco Hipotecario (BHU) creó Saduf, una sociedad anónima con la que se realizaron una serie de inversiones por un monto superior a 15 millones de dólares destinados a la compra de la Estación Central a AFE, la intervención del edificio y la construcción de la nueva terminal de trenes 500 metros al norte de la vieja estación.

El BHU adjudicó el bien en 1998 por un plazo de 50 años a Glenby SA, empresa sin capital creada para competir en la licitación y perteneciente al empresario Fernando Barboni, a cambio de desarrollar un proyecto inmobiliario. AFE debía hacer entrega del bien antes de febrero de 2003, resolución que cayó en manos del entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por haber sido designado presidente interino de AFE luego de la renuncia de Jorge García Carrere en diciembre de 2002 por desacuerdos con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Estado hizo entrega del edificio 15 días después de finalizado el plazo.

De acuerdo a lo consignado por La República en un artículo de noviembre de 2009, esto condujo a la presentación de demandas cruzadas entre el BHU y Glenby. El privado se negó a tomar posesión del bien por contener material rodante en la playa de maniobras, lo que derivó en que el BHU iniciara una demanda a Glenby por incumplimiento, mientras que el privado demandó al Estado por “daños y perjuicios”, a pesar de haber pagado solamente una primera cuota de 250.000 dólares por un bien por el que el Estado había invertido previamente una cifra millonaria.

Este juicio tuvo una resolución en 2010, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara al BHU el pago de cuatro millones de dólares a Glenby, pero en 2011 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó al Estado entregar el bien a dicha empresa. Sin embargo, Barboni se negó a recibir los inmuebles por supuestas demoras y en su lugar reclamó al Estado una indemnización de 1.000 millones de dólares por concepto de lucro cesante. No obstante, la SCJ falló a favor del Estado en 2015, luego de desestimar el reclamo de Barboni, y lo obligó a hacerse cargo de los bienes y cumplir con el contrato firmado en 2001. Finalmente, en 2018 la Justicia otorgó al Estado la custodia del bien, aunque no podía hacer usufructo de él, y en 2019 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno confirmó la sentencia a favor del Estado en la contrademanda de Barboni. La causa aún no ha sido archivada y su último movimiento data de 2021.

De acuerdo a un informe de auditoría de 2022 del BHU, Saduf “no tiene actividades comerciales” y permanece vigente por tener “un litigio en su contra pendiente de dirimir”. De acuerdo al documento, el BHU, Saduf y la Agencia Nacional de Vivienda interpusieron un recurso de casación ante la SCJ, organismo que emitió resolución en febrero de 2022 en la que declaró inadmisible lo solicitado, por lo que el proceso continúa vigente.