La semana pasada, el directorio de Antel anunció la revocación de la resolución que permitía a operadores privados el arrendamiento de la fibra óptica de la compañía, lo que fue celebrado como un logro por militantes del oficialismo como una revocación de “la entrega de fibra óptica a privados” durante la administración de Luis Lacalle Pou. A la par de esta medida, fue derogado el pago de 3,6 millones de dólares anuales a los tres canales privados por el servicio de televisión vía streaming a través de la plataforma Vera TV. Estas medidas generaron confusión en redes sociales, ya que fue interpretado como el retiro de privados en el negocio de la fibra óptica.
El proyecto inicial de la ley de urgente consideración impulsado en la legislatura pasada por el Poder Ejecutivo incluía un artículo que obligaba a Antel a compartir con otras empresas de telecomunicaciones su red de fibra óptica. Sin embargo, esta disposición fue retirada por falta de apoyo del Partido Colorado y Cabildo Abierto dentro de la Coalición. Situación similar ocurrió cuando el Poder Ejecutivo de entonces quiso impulsar una nueva redacción de la Ley de Medios, en la que Antel debía habilitar su red de fibra óptica a los cableoperadores, propuesta que finalmente quedó por el camino.
No obstante, el propio directorio de Antel aprobó a mediados de agosto de 2024 una resolución en la que se permitía la compra de servicios mayorista de internet por cableoperadores para que vendieran paquetes de servicios de datos.
“Lo que aprobaron el año pasado fue una lista de tarifas de precios y de servicios, para usar dos tramos de la fibra óptica de Antel. Ahora el nuevo directorio eliminó una decisión interna de ellos por la que ellos ofrecían eso como un servicio”, explicó en conversación con la diaria Verifica el director de Observacom, Gustavo Gómez. Asimismo, explicó que la cuestión del asunto se delimitará si, luego de que aprobaron “el pliego de servicios mayoristas que permitía que un cablero alquilar la fibra óptica de Antel”, efectivamente hubo contratación de ese servicio.
El vicepresidente de la empresa, el frenteamplista Pablo Álvarez, dijo ante los medios públicos que, al momento, no existían contratos vigentes ni “ningún servicio funcionando”, por lo que no se generaría un “impacto” para la empresa”. La propia directora del ente por la oposición, Laura Raffo, declaró a ese mismo medio que la nueva resolución refiere solamente a la derogación de un “plan comercial de venta de servicios de internet a privados”.
Esto no implicaría la derogación total de la posibilidad de que privados puedan proveer servicios de internet, ya que aún siguen vigentes las licencias tipo “B”, que permiten a los cableoperadores proveer internet a los hogares, medida que, de querer aplicarse, no sería potestad de Antel. “No tiene que ver con la licencia del cablero. No tiene que ver con quitarles un derecho adquirido, porque no les quita fibra óptica ni les quita ninguna licencia para usarlo. Es muy distinto a revocar la fibra óptica de privados”, aclaró Gómez.
En octubre de 2022, la Cámara de Senadores aprobó la modificación al artículo 56 de la Ley de Medios que habilitó la participación de cableoperadores privados en la venta de servicios de banda ancha y acceso a internet, que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. La nueva redacción dispone que los privados podrán brindar ese servicio “a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros”. Esto último fue lo que permitió que Antel actuara como proveedor mayorista a otras compañías, resolución que ahora fue derogada.