Luego del anuncio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre el próximo pago del bono escolar de 2.500 pesos para cerca de 170.000 estudiantes de educación inicial y primaria, surgieron cuestionamientos por parte de la oposición respecto al incumplimiento de una promesa de campaña. Entre las voces críticas estuvo la del exdirector de Educación Gonzalo Baroni, quien señaló que desde el gobierno “mintieron” y que, “más que un problema de gestión, es un problema ético”. Asimismo, el diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a la ANEP en el que consulta por las “razones técnicas, administrativas o presupuestales” por las cuales el bono “no será implementado de manera universal”.
Los cuestionamientos de la oposición provocaron la respuesta de dirigentes y militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP), como el diputado Agustín Mazzini, quien cuestionó un titular de El Observador en el que se señaló la exclusión de 130.000 alumnos del cobro del bono escolar, y acusó al medio de “desinformar”. Esta actitud fue secundada por el diputado suplente Joaquín Sequeira al señalar que la implementación gradual del bono ya se conocía por la prensa en setiembre del año pasado, luego de que el artículo 492 de la actual ley de presupuesto definiera su aplicación al total de los estudiantes a partir de 2028. Además, distintos dirigentes recordaron que esa ley fue votada por todos los partidos políticos.
Sin embargo, esta medida, anunciada tanto por el Frente Amplio en campaña electoral como por el gobierno de Yamandú Orsi, fue pospuesta en reiteradas ocasiones e incluso llegó a ser celebrada como uno de los principales logros dentro de los primeros 100 días de mandato.
En setiembre de 2024, Orsi, entonces candidato a la presidencia, presentó el documento “Prioridades para gobernar Uruguay”, en el que el FA se comprometía a “implementar un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP, para el arranque de clases”. Además, aclaraba que la medida contemplaba las capas medias, “propendiendo a una mirada universal”, y definía la posibilidad de ampliarla a estudiantes de educación media.
En diciembre de ese año, luego de que el FA ganara la segunda vuelta electoral, José Carlos Mahía, entonces futuro ministro de Educación y Cultura, afirmó, en entrevista con El País, que el bono sería una “prioridad” y señaló como “esperable” su ejecución para el primer semestre de 2025. Sin embargo, Mahía se escudó en que esa afirmación era “condicional”, ya que, además de tener en cuenta el presupuesto vigente entonces, debía saberse “qué país” se iba a “entregar tanto en materia económica como financiera”.
Apenas asumido el actual gobierno, el diputado por el Partido Nacional Rodrigo Goñi reclamó al Ejecutivo el cumplimiento de la promesa, lo que motivó la respuesta del entonces designado presidente de la ANEP, Pablo Caggiani: “Eso fue un compromiso del presidente; a partir del año que viene, seguro”, afirmó, en referencia a su implementación en 2026. Sin embargo, Caggiani señaló como un “problema” no saber “cuánta plata queda en caja” para implementar entonces la medida.
No obstante, a mediados de 2025, el Poder Ejecutivo anunció el pago único de 2.500 pesos a partir de julio a los estudiantes de Inicial y Primaria de los quintiles 1 y 2, que alcanzó a un tercio de los poco más de 300.000 estudiantes de escuelas públicas, efectivizado con el pago de la asignación familiar. Esto se financió con recursos extraordinarios dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
A la par de este anuncio, el gobierno lanzó una campaña pública con los logros de los “primeros 100 días de gobierno”, entre los que se destacó el bono ‘Volver de las vacaciones’, que abarcaría entonces a 112.000 alumnos de los “contextos más vulnerables”. Sin embargo, allí se reiteró la expectativa de que en 2026 se extendería a “todos los alumnos de escuelas públicas del país”, promesa que aún sigue publicada en el sitio web de Presidencia. Esto mismo fue reiterado en posteos del propio Frente Amplio.
El escalonamiento en el pago del bono se conoció junto con el articulado del proyecto de ley de presupuesto enviado al Parlamento, donde se determinó que se pagaría a partir de marzo de 2026 para unos 170.000 estudiantes de los quintiles 1 a 3. Para eso se destinarán unos 448 millones de pesos. Asimismo, esa cifra ascendería a 601 millones de pesos en 2027 y llegaría a su máximo en 2028 con 800 millones de pesos, lo que permitiría alcanzar finalmente la universalidad del bono.