El acuerdo entre el Ministerio del Interior y el de Defensa, por el que la Policía Nacional usará vehículos militares en distintos procedimientos, reabrió un debate que ha acompañado periódicamente la política uruguaya durante las últimas cuatro décadas. Aunque la medida fue presentada por el titular de Interior, Carlos Negro, como un “apoyo logístico” en “algunos barrios de Montevideo” y no como un cambio de doctrina, es el uso más significativo de recursos militares en operativos urbanos desde 1985.
Para el doctor en Ciencia Política y especialista en defensa Julián González Guyer, sin embargo, conviene poner la iniciativa en perspectiva. “Esta es la propuesta más tímida, si se quiere, la más limitada” de todas las que se han discutido sobre la participación de militares en seguridad pública”, sostuvo. A su juicio, en los hechos “prácticamente es solo la transferencia o el préstamo de equipos”, una solución mucho más acotada que otros proyectos impulsados en los últimos años.
La recuperación democrática marcó un punto de inflexión en la relación entre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública. Después de doce años de dictadura, uno de los consensos políticos más sólidos consistió en devolver a la Policía la responsabilidad exclusiva de la seguridad interior y limitar a las Fuerzas Armadas a las tareas propias de la defensa nacional.
Ese principio se mantuvo durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Jorge Batlle. Aunque el aumento de la delincuencia o el crecimiento del contrabando generaron, cada tanto, propuestas de dirigentes políticos para recurrir al Ejército como apoyo a la Policía, ninguna llegó a transformarse en una política pública.
El marco jurídico de ese modelo llegó con la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional (Ley 18.650), promulgada en 2010, que reafirmó que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Estado, diferenciándola de las tareas de seguridad pública.
Las “excepciones” que sobrevivieron
Aún durante las décadas en que predominó la división entre defensa y seguridad, existieron ámbitos donde militares ejercieron funciones policiales. Uno de ellos es la Prefectura Nacional Naval, que desde hace décadas actúa como autoridad policial en el mar territorial, los ríos, lagos y costas del país. “La Armada tiene potestades de policía en el mar, en las vías navegables, en los lagos y en las costas”, recordó González Guyer, quien explicó que esas funciones históricas corresponden específicamente a la Prefectura y no al conjunto de la fuerza naval.
Algo similar ocurre con la Fuerza Aérea. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Jorge Batlle asignó a esa fuerza la custodia de los aeropuertos internacionales. “La Fuerza Aérea es la policía en el aire”, resumió el investigador, si bien desde el 2015 Interior cuenta con la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.
Otro antecedente fue la custodia perimetral de los establecimientos penitenciarios, tarea encomendada a efectivos del Ejército y de la Armada para liberar policías destinados a otras funciones. González Guyer recordó que esa decisión se adoptó durante una de las administraciones de Julio María Sanguinetti y continúa vigente.
Sin embargo, el investigador considera que todas esas situaciones constituyen “excepciones específicas y acotadas”, muy diferentes de un eventual despliegue militar permanente en tareas de patrullaje urbano.
El crimen organizado cambió el escenario
Durante la década de 2010, el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado modificó el eje del debate. El aumento de los homicidios, la consolidación de organizaciones criminales y el incremento de la violencia en algunos barrios llevaron a distintos actores políticos a cuestionar si el modelo tradicional seguía siendo suficiente.
El primer cambio institucional importante llegó en 2018, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el Parlamento aprobó la Ley 19.677. La norma habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de vigilancia en una franja de veinte kilómetros de la frontera terrestre, facultándolas para patrullar, identificar personas y vehículos y detener en casos de flagrancia.
Aunque el control de la seguridad pública continuó bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, la aprobación de la ley constituyó la primera ampliación significativa del papel militar en asuntos internos desde el retorno democrático. Poco después comenzaron los patrullajes militares en la frontera norte, una política que fue mantenida por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Un momento que marcó el debate de la última década sobre militarización de la seguridad pública fue el plebiscito “Vivir sin Miedo”, impulsado por Jorge Larrañaga durante la campaña electoral de 2019, que finalmente no alcanzó el mínimo de votos para su aprobación. La reforma constitucional proponía crear una “Guardia Nacional” integrada por aproximadamente dos mil efectivos militares destinados a tareas permanentes de seguridad pública, además de habilitar allanamientos nocturnos y establecer la posibilidad de dictar prisión permanente revisable.
Un antecedente menos recordado se produjo durante la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, cuando la cartera habilitó el ingreso de militares retirados a la Policía, previa capacitación y adecuación al régimen policial. La medida no implicó el despliegue institucional de militares en tareas de seguridad pública, sino la incorporación individual de exmilitares como funcionarios policiales. No obstante, el investigador señaló que esta medida tuvo “muy poca incidencia”.
Para González Guyer, ese continúa siendo el antecedente político más importante. “Lo más formal fue lo de Vivir sin Miedo”, afirmó y si bien recordó que “dos por tres siempre alguno ha salido con propuestas para ampliar la participación militar”, sostuvo que ninguna otra alcanzó el grado de elaboración institucional que tuvo aquella propuesta de reforma constitucional.
La discusión volvió a instalarse la semana pasada, cuando el Ministerio del Interior anunció que utilizaría vehículos blindados pertenecientes al Ejército para apoyar operativos policiales contra organizaciones criminales. Inicialmente, se informó que serían empleados los vehículos Mamba donados por Estados Unidos para misiones de paz, sin embargo, posteriormente trascendió que el convenio de donación limitaba su utilización a ese tipo de operaciones, por lo que el gobierno terminó descartando la propuesta. Como alternativa, se anunció el uso de otros cuatro modelos de vehículo para su uso por parte de Interior.
Según González Guyer, ese cambio “volvió aún más modesta” la propuesta original, al tiempo que consideró que uno de los principales problemas hubiera sido la necesidad de transferir también personal militar especializado para operar los blindados.
Otro aspecto que destacó fue la decisión del gobierno de no modificar la legislación vigente sobre uso de la fuerza. “Si hubieran hecho algún cambio de normas que permitiera que militares usaran armas en tareas de seguridad pública, sería abrir una puerta muy complicada”, advirtió. En su opinión, el hecho de que no se hayan introducido cambios normativos “le quita gravedad al asunto”, ya que los efectivos militares seguirían actuando bajo las reglas actualmente previstas para el porte de armas y la legítima defensa.
Las lecciones de América Latina
La experiencia regional constituye uno de los principales argumentos utilizados por quienes cuestionan una mayor militarización de la seguridad. México representa probablemente el caso paradigmático. Desde 2006, los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador recurrieron de forma creciente al Ejército y a la Marina para enfrentar a los carteles del narcotráfico.
Diversas investigaciones académicas, como de Open Society Justice Inicitative y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coinciden en que la estrategia no logró reducir de forma sostenida la violencia y estuvo acompañada por un incremento de denuncias por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, entre 2006 y 2020 la tasa de homicidios prácticamente se triplicó, al pasar de 10 a casi 29 por cada 100.000 habitantes.
Brasil siguió un camino diferente, aunque con resultados similares. Durante más de dos décadas, distintos gobiernos recurrieron a las Fuerzas Armadas para intervenir en favelas de Río de Janeiro mediante operaciones de Garantía de la Ley y el Orden. Si bien algunas intervenciones produjeron reducciones temporales de la violencia, informes como del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, señalan que las intervenciones militares produjeron mejoras acotadas o temporales en algunos indicadores, pero no modificaron de forma estructural la capacidad de las organizaciones criminales ni reemplazaron la necesidad de reformas policiales e institucionales.
“Brasil no arregló nada”, resumió González Guyer al evaluar esa experiencia. Sobre México fue igualmente categórico: “Han habido problemas serios”. El especialista considera que tampoco Colombia constituye un ejemplo exitoso, pese a las particularidades derivadas de su prolongado conflicto armado interno. “Siguen con el problema y no han resuelto nada”, afirmó al referirse a un país donde las Fuerzas Armadas han desempeñado durante décadas funciones de orden público.
Respecto de Ecuador, donde el gobierno declaró, en enero de 2024, el conflicto armado interno frente al avance del crimen organizado, entiende que todavía es demasiado pronto para realizar una evaluación definitiva de los resultados.
Los datos que arrojan los primeros años de mandato del presidente Daniel Noboa, impulsor de la política de guerra contra las bandas criminales secundado por Estados Unidos, han sido dispar: según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, durante su primer año completo de gestión, 2024, Noboa mostró que la política de shock securitario redundó en una baja de la tasa de homicidios de los 46,5 cada 100.000 de 2023 (cuando asumió a mediados del año) hasta unos 39 cada 100.000 habitantes en 2024. Sin embargo, en 2025 Ecuador tuvo la peor cifra histórica: la tasa de homicidios se elevó drásticamente hasta los 50,1 cada 100.000 habitantes.
“Tratar de resolver problemas de violencia a través de métodos violentos es multiplicar el problema”, sostuvo González Guyer. A su juicio, esas decisiones suelen responder más a la necesidad de ofrecer una señal política inmediata que a una estrategia eficaz de largo plazo. “No es la medida más efectiva, sino la más efectista”, afirmó.