La administración Trump anunció un incremento arancelario para productos provenientes de 60 países, entre ellos Uruguay, bajo el argumento de que estos no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes vinculados al trabajo forzoso. La medida supone un aumento de 2,5 puntos porcentuales sobre el arancel adicional vigente, que pasaría de 10% a 12,5%, aunque todavía no entró en vigor y permanece abierto un período para que los países involucrados presenten descargos.
Esto se anunció luego de que Estados Unidos iniciara una investigación bajo el amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, que permite actuar para contrarrestar “prácticas gubernamentales extranjeras injustificables, irrazonables o discriminatorias“. La medida se impuso a más de 60 países por presunto “trabajo forzoso”, y afecta a países como Brasil, China, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Suiza y todo el bloque de la Unión Europea. Del total, 54 países son señalados de “no imponer efectivamente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, mientras que otros seis no habrían logrado “cumplir efectivamente” con la prohibición.
“El fracaso de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes hechos con trabajo forzado es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en igualdad de condiciones”, dijo el representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, según cita el documento.
Para el caso de Uruguay, la investigación afirma, en dos breves párrafos, que el país “no impuso ni aplicó de manera efectiva la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”, situación que se define como “irrazonable”. Sin embargo, este mismo argumento es aplicado con una redacción idéntica para la mayoría de los países señalados.
Motivación política más que jurídica
Para el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi, la decisión debe interpretarse principalmente como una continuidad de la estrategia comercial de Trump tras los cuestionamientos judiciales que recibió dentro de Estados Unidos. Según explicó, la investigación que sirve de argumento para los nuevos aranceles significa un intento de encontrar “nuevos instrumentos jurídicos” que permitan sostener una política proteccionista que ya había sido objetada por la Justicia estadounidense.
A su juicio, no corresponde buscar una explicación estrictamente técnica ni jurídica en el documento presentado por Washington. “Es muy probable que eso sea discrecional y político, no técnico”, afirmó Bartesaghi, y sostuvo que “Trump está buscando la continuidad de su política comercial luego del revés que tuvo con la justicia interna de Estados Unidos”.
Bartesaghi señaló que el aumento anunciado no modifica sustancialmente la situación de los principales productos uruguayos exportados al mercado estadounidense. Esto abarca a la carne, los cítricos y algunos tipos de madera, que ya estaban incluidos en listas de excepciones creadas anteriormente por la propia administración Trump, por lo que seguirían al margen del incremento arancelario.
“Los principales productos de exportación de Uruguay a Estados Unidos ya están afuera”, indicó. Por esa razón, consideró que el efecto económico directo sería reducido. “El que exporta con un 10% adicional al arancel que ya tenía y pasa a un 12,5%, no sufre una diferencia que pueda realmente marcar el negocio”, explicó.
Para el especialista, el mensaje no está dirigido específicamente a Uruguay, sino al escenario internacional. “La señal que da Trump no es a la política uruguaya, es al mundo”, afirmó. Según su lectura, el mandatario estadounidense busca demostrar que seguirá impulsando medidas proteccionistas aun cuando enfrente restricciones institucionales dentro de su propio país.
Sin embargo, Bartesaghi entiende que la inclusión de Uruguay en la lista tampoco es completamente ajena a consideraciones políticas. Observó que algunos países latinoamericanos quedaron excluidos de la medida mientras otros permanecieron dentro, en una configuración que podría reflejar distintos niveles de cercanía con Washington.
“Algunos países han hecho mucho más que Uruguay para estar dentro del grupo selecto de Trump, como [Javier] Milei, por ejemplo”, señaló. En ese sentido, consideró que Argentina ha recibido un trato más favorable debido a la afinidad política entre su actual presidente y el mandatario estadounidense.
Aun así, el especialista evaluó que la situación uruguaya podría haber sido más grave y considera que “no está golpeando tanto”. Además, destacó que tanto el Ministerio de Economía como la Cancillería han procurado mantener una relación cautelosa con Estados Unidos en los últimos meses, y evitar conflictos diplomáticos que pudieran derivar en medidas más severas.
El riesgo de una mayor primarización
La docente de Comercio Internacional de la Universidad de la República María José Brunetto coincidió en que el impacto agregado sobre las exportaciones uruguayas probablemente no sea significativo, pero advirtió que la cuestión relevante está en la composición de los sectores afectados.
Brunetto recordó que las medidas arancelarias adoptadas por Trump durante el año pasado ya tuvieron consecuencias sobre el comercio bilateral. Según explicó, las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos registraron una caída leve, cercana al 1,8%, pero el dato más importante fue cuáles fueron los sectores perjudicados.
La académica señaló que las excepciones concedidas por Washington favorecen principalmente a productos primarios o con escaso procesamiento industrial. Aunque rubros como la carne o la madera han mantenido un buen desempeño exportador, el efecto colateral es que las actividades manufactureras enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado estadounidense. “Las excepciones nos siguen marcando una ruta, una línea de priorización de nuestras exportaciones”, afirmó.
Entre los sectores más afectados, mencionó a la industria automotriz y a la metalurgia. Según indicó, las exportaciones de automóviles hacia Estados Unidos registraron una caída acumulada de 57% durante el último año, mientras que también se redujeron las ventas de artículos metálicos. “No exportamos tanto y no incide tanto en nuestra balanza comercial. Pero desde el punto de vista de la industria, sí”, subrayó.
En mayo, según los últimos datos disponibles que provee la plataforma de promoción de inversiones Uruguay XXI, Estados Unidos fue el cuarto destino de exportaciones uruguayas, con 11,4% del total, solo por detrás de China (25,8%), Brasil (14,4%) y la Unión Europea (13,4%). Asimismo, el principal producto de exportación al país norteamericano fue la carne bovina, que representó el 56% del total, seguido de la celulosa (17%), subproductos cárnicos (8%) y madera (6%).
Una estrategia orientada a negociaciones bilaterales
Brunetto también destacó que las decisiones comerciales de Trump han estado marcadas por “marchas atrás” permanentes, lo que dificulta prever el desenlace de las medidas anunciadas. No obstante, reconoció que cuando las restricciones se justifican mediante “argumentos de seguridad nacional” o investigaciones por prácticas consideradas desleales, las posibilidades de deshacerlas suelen ser menores.
Para la especialista, el objetivo de fondo de la administración estadounidense continúa siendo promover acuerdos bilaterales que otorguen a Washington mayor capacidad de negociación frente a socios comerciales más pequeños.
“Apunta a que hagamos lo que hizo Argentina, reunirse para firmar un arreglo arancelario”, señaló. A su entender, esa estrategia coloca a países como Uruguay en una situación de asimetría. “Nosotros no vamos a negociar de igual a igual”, advirtió.
De todos modos, Brunetto recordó que Estados Unidos no ocupa actualmente un lugar central entre los principales destinos de las exportaciones uruguayas, lo que contribuye a moderar los efectos globales de cualquier restricción comercial que pueda imponer Washington.
Los países afectados disponen de un plazo para presentar argumentos ante las autoridades estadounidenses, para lo que dispuso una audiencia para el próximo 6 de julio, y todavía no existe una fecha definida para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, por lo que el anuncio de Trump permanece en suspenso, aunque deberá resolver su continuidad antes del 24 de julio, fecha máxima para que venza el plazo de la medida temporal.