El conflicto socioambiental que desencadenó la obra de “enrocamiento” realizada por la Intendencia de Rocha en la faja costera de Costa Azul sigue generando repercusiones. Los vecinos y vecinas, junto con su equipo de abogadas, decidieron realizar una serie de pedidos de acceso a la información pública a diferentes organismos, entre ellos al Ministerio de Ambiente (MA), antes de llevar la problemática al ámbito judicial. Con base en esta información, describen en la demanda que la autorización que concedió la cartera ambiental a la comuna para realizar la obra “no cumplió con los requisitos que exige la normativa”. Sin embargo, también detectaron que existen diferentes visiones entre técnicos del MA sobre cómo abordar la problemática de la erosión costera.

la diaria pudo acceder a dos informes elaborados por técnicos del MA: uno está fechado en junio de 2020 y fue realizado por el Departamento de Gestión Costera y Marina, mientras que el otro, con fecha de setiembre de 2021, estuvo a cargo de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales. El primero apuesta a la relocalización de construcciones y obras blandas —como pueden ser las cercas captoras— para recuperar la playa erosionada, mientras que el segundo está de acuerdo con realizar obras duras, como los “enrocamientos”, pero de una manera distinta a la que propuso la Intendencia de Rocha.

Retiro gradual de enrocados y relocalización de construcciones

El informe técnico de 2020, que estuvo a cargo del Departamento de Gestión Costera y Marina, comienza relatando que un sector de vecinos de Costa Azul manifestó “preocupación” a las autoridades ambientales por el “efecto del oleaje de temporal sobre las construcciones del balneario”. El 16 de junio de aquel año, los técnicos del departamento realizaron una inspección en el sitio junto con personal de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales. El documento dice que el balneario “se encuentra localizado históricamente sobre un sistema de dunas que fue modificado casi completamente por el avance urbano y la forestación de la zona, sumado a la influencia del puerto de La Paloma”. Sin embargo, esto no quiere decir que algunos sectores no se puedan recuperar, tal como propone más adelante el documento.

En el informe se resalta que el lugar “presenta cinco manzanas sobre las cuales suceden situaciones problemáticas surgidas en la interacción entre el sistema costero natural y la urbanización”. Allí se describe que se presentan “numerosos padrones en la zona costera, inclusive sobre la playa”, y que, si bien, en algunos de ellos no hay infraestructuras, en otros observaron “antiguas y recientes construcciones situadas dentro de la zona litoral activa, bajo la influencia del oleaje”. Cabe resaltar que la zona litoral activa tiene un rol fundamental en el ecosistema costero así como que la situación no era uniforme en toda la playa. Por esta razón, el equipo técnico decidió “sintetizar las situaciones observadas en el transcurso de la inspección”, subdividiendo el “sector costero del balneario en seis tramos limitados por la prolongación de calles y/o cañadas”. Para cada tramo, el informe realiza recomendaciones puntuales.

Las medidas de restauración propuestas van desde la colocación de cercas captoras de arena eólica —que tienen como objetivo generar nuevas dunas—, la revegetación con plantas psamófilas, el ordenamiento de las bajadas a la playa y de los estacionamientos, gran parte de ellos ilegales, hasta la remoción de enrocados y estructuras de defensa de infraestructuras.

A su vez, como medida general, en el documento técnico se describe la necesidad de modificar el ordenamiento territorial de Costa Azul “a medio y largo plazo”, incluyendo “la posibilidad de relocalización de construcciones que se encuentran en zonas de alta dinámica y fragilidad” para que exista una “adecuada coexistencia entre la presencia humana y el estado del sistema de playa, elemento fundamental para la resiliencia al cambio y variabilidad climática y para la provisión de servicios ecosistémicos”, entre ellos, el turismo. Por otra parte, el informe resalta la posibilidad de “una restauración de playa y cordón dunar en las zonas situadas tanto al norte como al sur del balneario en predios no urbanos, públicos o abandonados, hoy sujetos a un tránsito pedestre desordenado, a la implantación de estacionamientos vehiculares irregulares y con evidencias de degradación ambiental”.

Este informe promovió ideas de recuperación del ecosistema similares a las que brindaron investigadores del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del Centro Universitario Regional Este (CURE), y del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Otra visión: apostar por el “enrocado”

El informe técnico de 2021, que estuvo a cargo de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, comienza describiendo que “por una peculiar ubicación de padrones de un antiguo fraccionamiento en Costa Azul, se tienen predios privados con viviendas y otras estructuras que están sobre las estructuras costeras de antiguos médanos consolidados”.

Suma que “el retroceso de la línea de costa, por el avance del agua en procesos erosivos en ese tramo del balneario, es evidente y tiene larga data”. Los técnicos afirman que en este sitio, “sin estar autorizados debidamente por ninguna de las instituciones correspondientes, los propietarios fueron realizando e implantando algunas formas de protección, básicamente acumulación de rocas en forma de cordón al pie del frente de erosión, muros de mampostería o empalizadas de troncos”. Dicen que lo fueron haciendo de una manera “desordenada” y, de esta forma “se conformaron sitios donde la erosión avanzó mucho más rápido que en otros sectores de la costa en la cual se contaba con defensas rígidas, sin percatarse que la presencia de esas defensas es justamente la que provoca la aceleración de la erosión”.

En el texto se recuerda que, luego de la primera visita de campo a Costa Azul en 2020, la división realizó una “propuesta de actuación”. “En primer lugar se deberá considerar que ninguna de las propuestas puede garantizar una detención total del proceso erosivo natural para evitar el derrumbe de las estructuras existentes”, expresaron los técnicos de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales a la Intendencia de Rocha, y vecinos de primera y segunda línea de la costa. A continuación, detallaron las recomendaciones que van desde un “cordón de gaviones” (una especie de muro de piedra permeable), un “cordón continuo de piedras”, “relleno con arena en sitios seleccionados para recuperación de talud desde fuentes a definir” y, al mismo tiempo, dejar “sin intervención” aquellos “sectores que demuestran mayor eficiencia de sistemas de protección”. Mencionan que, en conjunto con estas obras, se deberá realizar una “restauración de playa y cordón dunar”, “adecuación de cordón de rocas existentes”, “retiro de cordón de rocas existentes” y “limpieza de escombros”.

Cambios e intercambios

El informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales —el último que mencionamos— sostiene que a partir de marzo de 2021 “se realizaron intercambios técnicos con la Dirección de Obras de la Intendencia de Rocha”. También indica que la comuna debía ser el ente “responsable de la solicitud de autorización de este Ministerio”. En este contexto es que la Intendencia de Rocha realizó un convenio con el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería con el objetivo de que “evaluara los lineamientos generales de la propuesta del MA y definiera las obras a realizar con detalle de un plan de acción ejecutivo”, según versa en el documento de la cartera.

Cabe mencionar que, a partir de un pedido de acceso a la información pública que hicieron los vecinos y vecinas del balneario, el Imfia respondió en julio de 2023 que el “objetivo específico” de su contratación en mayo de 2021 fue “definir a nivel de prediseño una alternativa de protección de las casas e infraestructura de Costa Azul que se encuentra actualmente amenazada por la acción del mar”. Asimismo, especificaron que el trabajo “no realiza un diagnóstico de las causas que dan lugar a la erosión de la playa en la zona ni propone soluciones que aborden dichas causas en ninguna escala temporal”. Los académicos también destacaron que después de entregar el informe, en julio del mismo año, “la participación del Imfia se limitó a responder dudas respecto al contenido del informe” y destaca que no tuvieron “participación alguna en el diseño ejecutivo de la obra, en el llamado a licitación para su construcción, en la ejecución de la obra o en el control de esta”.

Continuando con el informe de la cartera, se subraya cuatro puntos y diferencias con el informe del Imfia que la Intendencia de Rocha debía tener en cuenta al momento de realizar la obra. Una de ellas consiste en que la propuesta de la Facultad de Ingeniería recomendó “obras continuas paralelas a la línea de costa”. La división del MA comentó que “una obra continua de protección es adecuada cuando la forma de lo que se quiere proteger es también continua [...] pero no es aplicable al caso de Costa Azul, pues se conformaría un dique de rocas de hasta dos metros de alto continuo en la playa, sin posibilidad de retener arena en su cara frontal al mar, afectando el paisaje y el uso de la playa”. Otra exigencia fue que “se conformara una comisión de seguimiento de la ejecución de las obras conformada por quienes sean designados por la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Ambiente, cuyos integrantes tomarán las decisiones específicas de acción en función de las competencias de las instituciones que representan”. De estas reuniones no formó parte la sociedad civil organizada del balneario.