Pese a que diversas problemáticas y conflictos ambientales son cada vez más palpables en nuestra sociedad, las propuestas programáticas en materia de ambiente siguen sin estar destacadas en las discusiones y propuestas en esta campaña de las elecciones internas. Claro que como bien señaló el antropólogo especializado en temas ambientales Carlos Santos, “podríamos considerar que todas las políticas de promoción de determinados usos de los recursos naturales con determinados fines productivos son un tipo de política ambiental, ya que hacen una consideración respecto al lugar que ocupan los recursos naturales y los servicios ecosistémicos con relación a la producción”.
En una nota anterior, la diaria consultó a los asesores en materia de ambiente de algunas de las figuras que se precandidatean a la presidencia en las internas de distintos partidos políticos respecto a la gestión de la cuenca del río Santa Lucía y el manejo de futuras sequías e inundaciones. Ahora hacemos lo propio respecto a otras dos problemáticas que han estado en la agenda en reiteradas ocasiones: las evaluaciones de impacto ambiental que se realizan para la construcción de viviendas y proyectos de infraestructura –piénsese en el proyecto que busca construir edificios en Punta Ballena, el trazado de la autopista hacia Punta del Este o el propio proyecto Neptuno– y cómo enfrentar el alto nivel de nutrientes y deterioro de nuestros cursos y cuerpos de agua dulce, que se encuentran en su gran mayoría eutrofizados.
Evaluaciones de impacto
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un “procedimiento técnico y participativo para la identificación y valoración –en forma anticipada– de las consecuencias ambientales de un proyecto aún no ejecutado, con la finalidad de eliminar, mitigar o compensar sus impactos ambientales negativos”, describe el Ministerio de Ambiente (MA) en su sitio web. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto desde la sociedad civil como desde la academia, se ha denunciado el incumplimiento de las disposiciones de los EIA, favoreciendo el interés privado por encima de la custodia de los bienes comunes de la sociedad.
Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones y asesor en el área del precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi, reconoció que los EIA son “fundamentales para dar garantías a toda la población” porque “tienen la enorme potencialidad de apalancar procesos de desarrollo en clave de sostenibilidad”. Sin embargo, reconoció que deben mejorar. En esa línea planteó “la necesidad de generar un ámbito de intercambio interdisciplinario e interinstitucional con el objetivo de evaluar estas herramientas, identificar dificultades y sugerir mejoras, generar procesos de aprendizaje, analizar limitantes, la posibilidad de articular el aporte de estas herramientas con instrumentos como la Evaluación Ambiental Estratégica y posibles alternativas para facilitar estos trámites”.
Herou también resaltó la importancia de incorporar en estos procesos tecnología e inteligencia artificial que permitan al “técnico contar con datos, modelos, antecedentes, imágenes, que hagan más ágiles el análisis y la toma de decisiones”. Un tercer punto es “desarrollar estrategias de fortalecimiento de las organizaciones sociales vinculadas o interesadas en estos temas, facilitando instancias presenciales y virtuales de capacitación y desarrollando guías y manuales que permitan un manejo adecuado de la herramienta”.
Por su parte, el asesor de la precandidata del FA Carolina Cosse, Guillermo Moncecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, señaló que “más que pensar en modificar los sistemas, el énfasis tiene que estar en mejorar las capacidades de control”. En ese sentido, consideró que se debe jerarquizar al MA, “con un énfasis especial en los aspectos de control del impacto ambiental que permita al país un crecimiento que incorpore los aspectos ambientales y sociales como parte integral del desarrollo productivo”.
Además, Moncecchi planteó que también es necesario “potenciar las capacidades de planificación y acción transversal. No alcanza con crear institucionalidad: hay que darle los mecanismos y las potestades de acuerdo a una política clara y alineada con los objetivos estratégicos del país”.
El coordinador del grupo de Ambiente del precandidato Álvaro Delgado, el subsecretario del MA, Gerardo Amarilla, coincidió en que es necesario hacer “modificaciones” a los trámites de EIA, “no tanto a la legislación, ni siquiera al decreto parlamentario”, pero sí trabajar en mejorar la “eficiencia y la certeza de los procedimientos, que sean más ágiles y que den más certezas tanto a los administrados como a la sociedad en general en cuanto a la evaluación de impacto ambiental”. Para eso, el asesor de Delgado dijo que “hay que aplicar algo de tecnología, mejorar los recursos humanos del MA y mejorar lo que es el protocolo de la presentación de trámites, los tiempos de respuesta y las exigencias que se hacen a los privados para cada proyecto”.
Dentro de las filas coloradas, el equipo de Ambiente del precandidato Robert Silva sostuvo que el modelo actual “ha demostrado ser exitoso”, pero de todas formas creen que puede ser mejorable y en ese sentido, proponen “considerar la implementación de mecanismos adicionales”.“Estudiar alguna reforma tributaria es una posibilidad, pero consideramos que es muy importante desarrollar el trámite hacia abajo. Generar guías, formularios y una sistematización más adecuada al tipo de proyecto que se quiera realizar para agilizar y optimizar dichos procedimientos”, añadieron.
En tanto, desde el equipo de coordinación del programa del precandidato del Partido Colorado Andrés Ojeda expresaron que “hay espacio para mejoras en el proceso de presentación de impactos ambientales de los proyectos, principalmente en lo que tiene que ver con proyectos de pequeño porte, proponiendo estudiar la posibilidad de ayudas técnicas y mayor colaboración por parte del MA a dichos proyectos”.
Por su parte, Rafael Menéndez, asesor en materia de ambiente del candidato único de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que hay aspectos que cambiar en los procesos de EIA, principalmente, garantizar que las comunidades que puedan verse afectadas por algún proyecto de inversión tengan más “peso” en la toma de decisiones. Asimismo, dijo que si siguen ocurriendo situaciones en las que “una empresa paralelamente a la presentación de un proyecto de impacto ambiental, que además luego tiene que ser obviamente evaluado por los organismos del Estado, empieza la construcción del proyecto y después ya tienen el argumento de que no se puede echar atrás una inversión de esa magnitud, no vamos a poder lograr una protección ambiental”.
Por otra parte Menéndez, dijo que “hay que darles más independencia técnica a los propios organismos o instituciones del Estado y que las opiniones sean vinculantes”, de forma que “por lo menos puedan ser un escudo contra los lobbies”.
Deseutrofización de los recursos de agua dulce
Sobre este punto, el asesor de Orsi sostuvo que la eutrofización de los cuerpos de agua dulce es “uno de los problemas más importantes de este siglo” porque pone en riesgo “un recurso indispensable para la vida”.
Para tomar medidas sobre este tema, Herou reiteró la necesidad de potenciar los ámbitos y canales de diálogo y trabajo conjunto entre gobierno y academia, y la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, en este caso, “para orientar y estimular prácticas productivas amigables con los objetivos de deseutrofización, desestimulando o evitando acciones que agraven esta situación”; “reducir el uso y ajustar las aplicaciones de fertilizantes como forma de mitigar la contaminación difusa sin dudas debe ser una prioridad”; “generar los apoyos para la investigación aplicada que tenga como resultado la disminución de aportes de fósforo a nuestros cuerpos de agua, aportando estrategias a escala cuenca que aumenten la retención de nutrientes”.
Además, sostuvo que se deben destinar recursos para “potenciar y mejorar el control de las denominadas fuentes fijas estimulando en forma permanente la incorporación de nuevas tecnologías para la gestión de efluentes industriales, lo que además genera valor agregado a la producción, y para extender las redes de saneamiento y tratamiento de aguas residuales”, así como “potenciar los programas de restauración ecológica que tengan foco en la recuperación de humedales y zonas riparias”.
Por otra parte, Herou señaló que el MA “debe priorizar las acciones destinadas a actualizar y profundizar el conocimiento disponible, sumando recursos y tecnología a las estrategias de monitoreo, y desde allí mejorar la toma de decisiones” y “mejorar la normativa con el objetivo de tener mayores y mejores herramientas para lograr los objetivos planteados a escala de cuenca”.
Para la limpieza de los recursos de agua, desde el equipo de Cosse proponen “aumentar y mejorar los controles de fertilización y mejorar las prácticas agrícolas de uso de fertilizantes”, sostuvo Moncecchi. Y agregó que esto, “además de tener obvias ventajas desde el punto de vista ambiental, al evitar la transferencia excesiva de nutrientes a aguas superficiales, implica un beneficio para los productores”, puesto que “saber cuánto y cuándo aplicar fertilizantes permite reducir costos de producción”.
El asesor de Cosse dijo que también se “tomarán medidas con base en trabajos científicos realizados por investigadores uruguayos que proponen como medidas eficaces para la deseutrofización la recuperación de humedales y zonas riparias, el control de la erosión, el reciclaje de estiércol intrapredial y una política que permita incentivar sistemas productivos con balances de fósforo neutros o negativos”.
En relación a este punto, el coordinador general de propuestas de Laura Raffo, Francisco Faig, señaló que el cuidado del agua es “parte de la agenda fijada como prioridad en los temas a ser planteados en el Mercosur” y “un aspecto relevante a ser tenido en cuenta para habilitar regímenes de aplicación de agroquímicos en zonas sensibles”.
En esa línea plantea “reorientar las gestiones de cooperación internacional y aquella con organismos multilaterales hacia programas de desarrollo de infraestructura a nivel de predios como, por ejemplo, la construcción o adquisición de pozos artesianos, represas, tajamares, caños de conducción de agua, bebederos, bombas, equipamiento para energía solar, instalaciones de gas, instalaciones de acopio de granos, maquinarias y equipos de ensilado o enfardado y otros, así como también para consultorías sólo en caso de cálculos de ingeniería necesarios para el correcto uso de los ítems anteriores y para la obtención de certificaciones ambientales”.
Por su parte, el equipo de Robert Silva planteó que una de las “acciones claves” para la deseutrofización de los cuerpos de agua dulce es el “control del nivel de nutrientes mediante tecnologías como el Sistema de Monitoreo Continuo de efluentes y emisiones –que ya está en funcionamiento”–, que permite “vigilar la calidad del efluente industrial y trabajar en la reducción de la contaminación difusa, especialmente proveniente de la actividad agropecuaria, mediante instrumentos que limiten el exceso de fertilización y mejoren la gestión de aguas residuales”.
En tanto, los técnicos que trabajan con Ojeda apuntaron que “el problema de la eutrofización se encuentra ligado directamente a la cantidad de fertilizantes que se vierten en los cuerpos de agua dulce, utilizados principalmente en la producción agropecuaria”. Por lo tanto, una herramienta para mitigar los procesos de contaminación de los cuerpos de agua dulce es “una mayor coordinación con los productores rurales” y la “utilización de fertilizantes de acuerdo a los parámetros establecidos para los diferentes caudales de agua, planificando con base en fenómenos de sequía, inundaciones, etcétera”.
A su vez, el equipo de Ojeda planteó que es “fundamental una mejora de las herramientas tecnológicas de control y coordinación del uso de fertilizantes por parte de los productores para con el Estado, para una información más fidedigna y en base real por parte de los organismos del Estado”.