Ministro Ortuño: “El objetivo que está planteando el Ministerio de Ambiente es que Casupá nazca con un área protegida asociada”

¿Cuáles son los principales problemas que detectaron al asumir?

Más que problemas, lo que encontramos, como diagnóstico, es un ministerio que tiene la debilidad institucional de ser un ministerio nuevo, aunque debemos reconocer que Uruguay tiene que avanzar en la institucionalidad ambiental y la creación del Ministerio de Ambiente [MA] es un paso en ese sentido. Encontramos que tenemos que fortalecer las capacidades técnicas, por supuesto, el presupuesto, y cambiar las lógicas de funcionamiento. Es un ministerio que está muy parcelado en sus direcciones y apostamos a un trabajo más transversal que nos permita derribar las paredes que separan las direcciones y encarar con perspectiva transversal algunos temas.

El tema del agua es un ejemplo. El control de la calidad lo lleva la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental [Dinacea], el control de la cantidad y la gestión de los recursos hídricos lo lleva la Dirección Nacional de Aguas [Dinagua], y nosotros queremos además considerar los entornos y los ecosistemas vinculados a las distintas fuentes de agua, y eso lo lleva la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos [Dinabise]. Esa fragmentación la tenemos que ir superando y generando el fortalecimiento de algunas herramientas que son clave para el trabajo interno, pero sobre todo para el relacionamiento del ministerio con la ciudadanía, como por ejemplo el manejo de la información, que queremos que sea más transparente y esté disponible en formatos más actuales.

A ese respecto de la información, encontramos que el Observatorio Ambiental Nacional, que es una herramienta muy importante, estaba trabajando sólo en el marco de la Dinacea. Nosotros ahora estamos planteando su jerarquización institucional para que maneje información de todas las áreas y que esa información se procese para estar disponible online para todos los ciudadanos.

Entonces, lo que encontramos en el ministerio fue debilidad institucional, lógicas de funcionamiento que hay que modernizar o que modificar para transformar la gestión y retraso en algunas áreas que para mí son clave, como el gobierno electrónico. La gestión digital de expedientes es una de las cuestiones en las que tenemos que mejorar mucho. En este ministerio, por ejemplo, no hay APIA, que es el sistema de gestión de expedientes electrónico que hace tiempo utiliza la mayor parte del Estado y los ministerios. Aquí tenemos una gestión de expedientes electrónicos antigua que tenemos que modernizar. También encontramos una serie importante de expedientes atrasados que estamos tratando de actualizar para ponernos al día con lo que está pendiente y, lo más importante, impulsar las líneas de transformación de la nueva gestión.

¿La solución para la mejor salvaguarda del ambiente era la creación de un ministerio? ¿No se generó un gran problema al quedar el ordenamiento territorial en otro ministerio, cosa que con el esquema institucional anterior no pasaba? ¿Qué tanto complica que hoy el MA no cuente con herramientas para planificar y ordenar qué sucede en el territorio, por ejemplo, al intentar ordenar qué tipo de producciones o iniciativas son más adecuadas en determinados lugares?

Creo que la creación del MA era necesaria, es un avance en lo que es el sistema institucional ambiental. Tenemos que mejorar la coordinación a nivel transversal del Estado, porque este es un ministerio con vocación y necesidad de trabajo transversal con todo el Estado. Mencionabas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial [MVOT], pero también tenemos que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP] y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM], por nombrar nuestros tres aliados principales.

Tenemos herramientas legales y de gestión para actuar en lo que tiene que ver con la mirada del ordenamiento territorial. De hecho, si bien estamos separados en distintos ministerios, hay algunos casos de relevancia pública en los que queda de manifiesto que el MA debe actuar preceptivamente, es decir, opinar en los procesos de desarrollo de los proyectos, particularmente sobre la ubicación mediante la Autorización Ambiental de Localización, o antes, en lo que es la Evaluación Ambiental Estratégica. Incluso cuando se procede a nivel departamental en modificaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, en ese trámite particularmente debe existir la opinión técnica fundada previa del MA, sin la cual los trámites no concluyen y no pueden ser inscriptos en los registros de instrumentos de ordenamiento territorial. Hay un caso concreto, específico y con cierta notoriedad, que ha sucedido en las últimas semanas, en torno a una inversión sobre hidrógeno verde en Paysandú, en que esto queda de manifiesto. La intendencia interpretó que podía avanzar en la autorización del proyecto procediendo a la modificación de la calificación del suelo, generando un instrumento territorial que incluso tuvo aprobación de la Junta Departamental, y se interpretó que había una aprobación ficta del MA que no existió. Ese trámite no ha sido inscrito en el MVOT, porque es un trámite inconcluso, a pesar de que en forma errónea una intendencia, en este caso la de Paysandú, interpretó que no debía haber mayor intervención del ministerio. Eso lo hemos corregido y hemos seguido adelante con la tramitación, haciendo las observaciones que correspondían.

Es decir, hay normativa; de hecho, la normativa en los últimos años, a partir de los gobiernos progresistas del Frente Amplio [FA], se ha desarrollado mucho y exige participación activa del MA. Eso es lo que genera esa necesidad de fortalecer los cuadros técnicos y las capacidades de acción del ministerio, pero creo que estamos en el buen camino, que lo podemos coordinar y articular y que está bueno tener una institucionalidad especializada en los temas ambientales que pueda no sólo mirar los temas de ordenamiento territorial sino, con una perspectiva de desarrollo sostenible, trabajar en las distintas áreas de las cuestiones, por supuesto, en la protección del ambiente y la conservación de los ecosistemas y, sin duda, en la gestión integral de los recursos hídricos.

Para este gobierno asegurar el abastecimiento de agua potable es una prioridad, pero también tenemos una mirada que no se agota en el abastecimiento de agua potable, sino que piensa en la gestión de recursos hídricos en clave de cuencas y en clave de ecosistemas de una forma más integral. Para eso tenemos que mejorar mucho. Encontramos muy deteriorados los sistemas de información y de registro de información hídrica.

Sobre el vínculo entre el MA y otros ministerios, como por ejemplo el de Salud Pública [MSP], ¿se van a promover estudios socioambientales para ver cómo determinados contaminantes y agrotóxicos están afectando a diferentes poblaciones? Un ejemplo reciente y notorio es lo que pasa con la localidad de Palmar y las floraciones de cianobacterias.

En primer lugar, el ministerio tiene que hacer sus estudios propios; tenemos líneas claras para la Dinacea en ese sentido y, por supuesto, tenemos que coordinar con el MSP. De hecho, en las últimas semanas hablamos con autoridades del MSP para coordinar cuestiones de este tipo. Hay un desafío en esto y nosotros tenemos una definición clara de mejorar los controles en territorio que hace el MA, por supuesto, hacer el seguimiento de denuncias y establecer criterios técnicos para la gestión adecuada de las distintas producciones, en este caso, y avanzar en esa materia. Eso no es sólo con el MSP. Con el MGAP tenemos una agenda particular en relación a la gestión y el control del uso de agrotóxicos, de agroquímicos, y el impulso de su sustitución por bioinsumos en todo lo que sea posible, avanzar en el registro y la trazabilidad de la importación y el uso de agroquímicos y, por supuesto, ver los impactos en la población.

En 2022 la administración anterior justamente tomó la decisión de que la obligatoriedad de declarar el uso de agroquímicos en determinadas situaciones, lo que había sido un avance logrado en 2010, pasara a ser una declaración voluntaria, apelando a la “libertad responsable”. ¿Se va a corregir ese error grave que se produjo en la administración pasada?

Va a haber control y va a haber orientación y lineamientos de gestión. Cuando recién hablaba de la trazabilidad de los agroquímicos me refería a eso, al registro de importación y, por supuesto, niveles de control de uso para que la administración tenga mayor información, que hoy es escasa, sobre la utilización en el país de los químicos y su calificación, porque no son todos los mismos, prestando particular atención a los más peligrosos.

Esta es una tarea en la que el ministerio tiene una agenda propia, en la que a su vez está coordinando y aprendiendo de otros países que han avanzado más en la materia, como por ejemplo Brasil. Hace poco hicimos una actividad con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria sobre el tema de los insumos y las referencias en estas cuestiones, pero tenemos que trabajar y coordinar con el MGAP también. Ya lo hemos planteado, ya hay trabajo a nivel de los técnicos.

Nosotros hemos incorporado este tema entre las prioridades para trabajar con la cooperación internacional, es decir, para la captación de recursos para avanzar en estos temas, y en los controles de aplicación de agroquímicos en el país, que requieren monitoreo y capacidad de mirada desde el ministerio, incluso desde lo técnico y lo tecnológico. En ese sentido, vamos a avanzar porque nos parece un tema clave que, de vuelta, nos lleva a esto de la necesaria transversalidad, porque si bien es un tema clave de la gestión de la Dinacea, tiene un impacto particularmente importante en la calidad del agua y en la gestión del agua, que también tenemos que ver y que abordamos con el equipo de la Dinagua, por supuesto, interactuando con OSE.

En concreto respecto del decreto, ¿se va a volver a la idea original de que la declaración sea obligatoria?

Yo soy partidario de retomar las fortalezas del decreto anterior y reformar y actualizar no sólo este decreto, sino también otros decretos que se modificaron en la administración pasada que tienen que ver con aspectos ambientales. Por ejemplo, el decreto vinculado a la forestación o el decreto vinculado a la caza. Los estamos revisando, no con perspectiva de volver atrás, sino de poder recuperar las fortalezas que tenía la normativa generada en los gobiernos del FA, que se dejó atrás, y aprovechar la oportunidad para fortalecerla y mejorarla hacia adelante. En eso estamos trabajando, a pesar de que estamos en los primeros 90 días de gestión.

Recién nombrabas el tema de la flexibilización que hubo con respecto a las evaluaciones ambientales para las plantaciones forestales. ¿Por qué camino va a ir el MA al respecto?

Le presentamos al presidente de la República una propuesta de decreto que deroga las modificaciones establecidas al final de la administración anterior y le estamos proponiendo generar un ámbito de trabajo y de revisión de la normativa de 2021, que tuvo avances en relación al marco general que se había establecido en los gobiernos del FA y que se modificó sin consulta ni participación de los técnicos del ministerio, en forma, para mi gusto, bastante intempestiva al final de la administración pasada. Desde nuestro punto de vista, en esas modificaciones algunos temas no se alinean con las políticas de desarrollo productivo sostenible de la forestación en el país.

Pero como entendemos que hay planteos legítimos de quienes están en la actividad, y también de las organizaciones sociales, vamos a derogar, pero con la cabeza abierta y las orejas atentas, generando un espacio para recibir los planteos que existan o que puedan existir de los productores, pero para procesarlos con la participación de los técnicos del MA, como corresponde, y con la participación de la sociedad, para tener, en caso de que sea necesario, una normativa robusta y no modificaciones adoptadas a las apuradas.

Hablaste de forestación. El gobierno anterior había propuesto incluso como una solución a la emisión de gases de efecto invernadero aumentar la superficie forestada de Uruguay, pero aumentar la superficie forestada implica transformar ecosistemas, como el del pastizal, en bosques de monocultivos, lo que no es, por lo general, algo que podríamos definir como sostenible. Para este ministro, ¿hay espacio para la expansión forestal sin alterar el equilibrio del ambiente?

Creo que la perspectiva del desarrollo sostenible es una perspectiva en la que tiene que haber equilibrio en las distintas áreas de actividad económica y productiva y debe haber regulación con perspectiva de planificación. Nosotros creemos no sólo en el ordenamiento del territorio, sino en la mirada de la planificación de un desarrollo nacional equilibrado que articule, justamente, la preservación de ecosistemas con el avance de actividades económicas. En el caso de la forestación, creo que tiene margen para avanzar en el país en el marco de criterios que tienen que ser establecidos técnicamente, no desde una perspectiva exclusivamente política, pero atendiendo esa lógica equilibrada de desarrollo. Lo vamos a estar analizando y, como dije, estos son temas que tenemos que trabajar a nivel del gabinete productivo, a nivel del Poder Ejecutivo, pero Ambiente tiene una posición de avance regulado del área forestada. Esta modificación del decreto que estamos planteando es un ejemplo de eso, de la convicción de la necesidad del análisis del impacto ambiental de los distintos proyectos en el marco de una perspectiva de desarrollo integral del país.

Al hablar de estos temas es imposible no hablar de los pastizales y el campo natural. Entre 1985 y 2022 Uruguay perdió 20% de sus pastizales naturales. ¿En este período se va a adoptar alguna medida de protección del pastizal, se va a apoyar la aprobación de una ley como la que finalmente no se promulgó en el gobierno anterior? ¿Se van a aplicar medidas?

Son temas que se están evaluando, no tenemos hoy una propuesta concreta. Hay que analizar la cuestión en una perspectiva integral. Nos preocupa la perspectiva global de esos equilibrios de los que hablaba en clave de desarrollo sostenible del país. Tenemos que asumir un rol importante como ministerio en ese tema, pero sabemos que Uruguay tiene una estructura institucional en la que el liderazgo de estas cuestiones está en el MGAP. Tenemos que trabajar con ellos. Tenemos, naturalmente, perspectivas y competencias distintas y hay que tratar de buscar una síntesis, pero la diferencia de mirada con otras administraciones es que creemos que tiene que haber una participación de esta mirada desde lo público y desde lo estratégico, no sólo una contemplación del avance de los distintos proyectos con lógica estrictamente de mercado.

En el período pasado el proyecto de protección del pastizal presentado tenía apoyo de la academia y de sociedades productivas y fue dejado de lado por una presión muy grande de determinados actores. ¿Desde el ministerio piensan ver cuáles eran las virtudes de esta ley? ¿Piensan ver cuáles eran las principales objeciones para levantarlas? ¿Harán algún énfasis especial en atender el problema del pastizal?

Como decía, dentro de la gama importante de temas que tenemos, este es uno de los que están planteados en la agenda de trabajo con el MGAP, con el que todavía no hemos podido concretar, como sí ya hicimos con la ministra de Industria, un repaso de la agenda en común de ambos ministerios. Obviamente, desde la perspectiva más general de sostenibilidad que planteaba, es un tema que nos preocupa. No tenemos una propuesta concreta hoy. Sin duda, estamos abiertos a recibir propuestas, a analizar planteos legislativos y de política pública que particularmente vengan de la academia o que estén planteados a nivel de la sociedad, pero no es de los primeros puntos que estén en la agenda en este inicio de gestión.

¿No se han reunido entonces con el MGAP todavía?

No, no nos hemos reunido con el MGAP todavía. Sí hemos manifestado, tanto a nivel de ministro como a nivel de subsecretarios, la necesidad del trabajo conjunto y de hacer esa reunión. Estamos los dos listando temas; hay mucho, pero hay muy buena disposición, así que creo que vamos a poder coordinar. Sí nos hemos encontrado en actividades puntuales, como la Expoactiva en Soriano, donde planteamos los lineamientos que venimos trabajando en el marco de un proyecto común de impulso de la producción sostenible, y en un evento reciente que hicimos sobre bioinsumos, pero nos falta a nivel de autoridades tener una reunión para acordar algunos lineamientos de trabajo común. Pero por debajo, a nivel de los equipos técnicos, se viene trabajando bien y fluidamente.

Ya que vas a tener esa reunión con el MGAP, ¿va a estar el tema de que la competencia sobre el bosque nativo pase a estar en el MA? ¿Podemos pensar que antes de que termine su gestión el bosque nativo va a estar bajo la salvaguarda de un MA?

Podemos pensar y afirmar que el ministerio ya está trabajando en el tema de los bosques nativos. Si algo faltaba para eso, y hay que reconocerlo, en la última administración, en la perspectiva de la visión climática global se incorporaron metas incluso en la emisión de los bonos verdes vinculadas a la conservación de los bosques nativos. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso, tenemos proyectos específicos y nos preocupan más los resultados que la ubicación institucional de las políticas.

Nosotros tenemos una agenda, la vamos a compartir con el MGAP y la ubicación institucional de la gestión la resolverá la Presidencia de la República. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar el tema, tenemos planes, tenemos proyectos; sabemos que en Ganadería también los hay. Bueno, trataremos de llevarlos adelante. Me consta que muchas veces nos enfocamos más en los temas de competencia institucional, que son polémicos, que en los temas. Recordemos que hubo un proyecto de ley que concretaba ese traspaso de competencia hacia el MA que fracasó y no logró los consensos correspondientes en el Parlamento en la gestión anterior. Nos preocupa más el avance en las políticas y que el Poder Ejecutivo asuma la agenda que está impulsando Ambiente para la defensa de los bosques nativos y la aplicación en concreto de esta que la ubicación institucional.

Nuestro desafío es tener claros los lineamientos programáticos, los aspectos conceptuales, pero aterrizarlos a la realidad. Y al respecto del bosque nativo pongo un ejemplo concreto: el MA acaba de plantear como una de sus objeciones fundamentales al proyecto HIF de hidrógeno verde en Paysandú la tala de 100 hectáreas de bosque nativo, es decir que estamos comprometidos y asumimos la importancia de este tema, que esperamos que se corrija, porque en las condiciones que fue planteado originalmente no cuenta con la autorización ambiental del ministerio. Esa va a ser la línea durante toda la gestión: la protección y la apuesta a la conservación de los bosques nativos en la práctica a la hora de evaluar el impacto ambiental y la evaluación estratégica de los distintos proyectos.

Hablando del MGAP, ¿cuál es la perspectiva que va a tener el MA sobre la ley de riego?

Lo primero que tengo para decir sobre ese aspecto es que una de las prioridades del ministerio es avanzar en el capítulo calidad del agua. Hace pocos días empezamos el camino para la actualización del decreto 253. Uruguay tiene una normativa de calidad del agua del año 79 y eso no puede ser. Estamos trabajando y asumimos este objetivo no sólo como de gestión del período, sino que esperemos concretar este año la firma y la aprobación de un nuevo decreto que actualice el decreto de calidad del agua con una perspectiva más integral y abarcativa.

Sobre el tema del riego, mi posición es favorable a avanzar en el riego como proyecto país, en la perspectiva de desarrollo, pero, como siempre hablamos de desarrollo sostenible, lo que le estamos planteando al Poder Ejecutivo es participar. De hecho, el ministerio se está fortaleciendo con la incorporación de especialistas en riego para aportar la perspectiva desde lo ambiental a ese proyecto que ha priorizado el presidente Orsi en nuestro gobierno. La idea es avanzar en esto, pero incorporando esta lógica de sostenibilidad y de gestión integrada de los recursos hídricos que tenemos en Ambiente, que en realidad el país del futuro necesita, así que esperemos tener participación activa en ese proceso. Y esa participación activa supondrá complementar los aspectos planteados en la ley de riego con otros que desde mi punto de vista faltan, para complementar esa visión y esos planes de riego a nivel nacional. Esos aportes tienen que ver con esta visión desde lo público, desde la planificación, desde lo estratégico, que necesariamente debe articularse con los esfuerzos de inversión privada.

No hablamos con Ganadería formalmente de estos temas, pero sí informalmente con el ministro Alfredo Fratti y está de acuerdo en trabajar con Ambiente en este sentido. También lo hablamos formalmente con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP], Rodrigo Arim, institución que debe jugar, desde mi perspectiva, un rol fundamental por esa capacidad que tiene la OPP de articulación transversal y de mirada de mediano y largo plazo que es clave en estos temas. Quizás podamos tener en la OPP un ámbito de encuentro entre los ministerios interesados y competentes en el riego para poder avanzar en este proyecto.

Allí hay una pequeña piedra en el zapato, pero que puso el propio gobierno del FA, que es la idea de cobrar un canon por el uso del agua dulce, que es un bien de toda la sociedad. ¿Se puede hablar de una ley de riego sin mirar el elefante del bazar que es la aplicación del canon por el uso de los acuíferos y los cursos de agua que son de todos?

El decreto del Código de Aguas, de 1978, incluye la posibilidad del cobro del canon por el uso de agua. Eso nunca se aplicó en nuestro país y es un debate pendiente que tiene la sociedad uruguaya. Nosotros lo que tenemos, y en particular yo en lo personal, es una visión que no ve el riego como una actividad para el beneficio particular, exclusivo de los productores, sino que lo ve en una perspectiva de desarrollo sostenible nacional. Nosotros con riego podemos multiplicar la productividad de la tierra y en algunas plantaciones se habla incluso de triplicar esa productividad. Lo que tenemos que hacer como país, como sociedad y nosotros como gobierno, y en particular desde la izquierda, es tener una visión de regulación y planificación de esa actividad, que desde mi punto de vista no pasa en primera instancia por el cobro de un canon por el uso del agua, sino justamente por la planificación y el impulso de las políticas de riego. Esto es polémico, lo sé; creo que tenemos que hacer autocrítica sobre la falta de una discusión global y estratégica del tema del riego en nuestros gobiernos, que llevó incluso a una implementación parcial acotada de la ley, que, insisto, para mí adolece de la falta de una segunda pata, que es este rol de lo público y lo estatal en la planificación y en la articulación de una política de riego nacional que deberemos construir.

Entonces, ¿el canon por uso de agua a grandes consumidores, del que incluso hay economistas que plantean que puede utilizarse para crear un fondo para aplicar en cuestiones ambientales y en distintas medidas de gestión del agua, por ahora no está previsto?

No lo descartamos, pero no está previsto entre las medidas del inicio de la gestión. A nivel del gabinete del ministerio hemos tenido distintos planteos, que vamos a estudiar y que pasan quizás por una aplicación parcial a algunas áreas de actividad y no por una aplicación generalizada, pero no es prioridad para estos primeros dos años de gestión.

Pero yo tengo una visión favorable al desarrollo del riego en el país y no la veo desde una perspectiva con ningún prejuicio ideológico; creo que es una apuesta que, en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible, puede y va a ser beneficiosa para el país si se gestiona bien, si se regula bien, como la mayoría de las actividades.

Vamos a avanzar en la normativa, no está planteado el cobro del canon del agua como prioridad en el arranque del gobierno; sí, por supuesto, avanzar en las regulaciones que nos permitan ese uso sostenible y esas políticas de gestión hídrica. Pero antes tenemos que hacer inversiones desde lo público, promover inversiones a nivel privado en ese tema y avanzar en regulaciones, como hablábamos hoy del decreto 253, que nos permitan tener una mirada que garantice la calidad del agua y el acceso a ese recurso fundamental, en primer lugar para el consumo humano, que es una prioridad.

Nosotros asumimos como compromiso del gobierno asegurar el abastecimiento de agua potable para la población en el corto y el mediano plazo con perspectiva a 2050. Yo insisto en que también tenemos que pensar el agua en clave de disponibilidad para la producción. Hemos tenido sequías que han golpeado mucho, no sólo a los sectores productivos, sino al conjunto de la sociedad a través de los seguros y otros mecanismos que el Estado en general debe movilizar para atender las consecuencias de la sequía, por falta justamente de una mirada que prevenga los impactos de las crisis hídricas, que en este contexto del cambio climático son cada vez más recurrentes. Desde esa mirada global tenemos que encarar el agua.

También me parece que tenemos que avanzar mucho en conocimiento y gestión de nuestros recursos hídricos subterráneos; quizás sea de los debes más importantes de las anteriores administraciones en materia ambiental, incluidas las nuestras. Estamos trabajando con la directora de la Dinagua en proyectos para mejorar el conocimiento y avanzar en políticas de gestión de nuestros acuíferos.

También creo que tenemos que incorporar una visión de gestión sostenible de las aguas residuales. Todo el tema del saneamiento es un tema que en el mundo, desde la perspectiva ambiental, tiene un desarrollo muy superior al que tenemos en Uruguay. De hecho, estoy hablando de impulsar el reúso de agua, por ejemplo, para la producción. Mejorar los tratamientos para que no tengan el impacto negativo que tienen sobre los cursos de agua en algunos casos hoy. Son temas que le hemos planteado a OSE, que estamos planteando priorizar y en los que estoy seguro de que vamos a avanzar en este período.

Sobre la modificación del decreto 253, que regula la calidad del agua, ¿se va a incorporar el agua subterránea en la nueva normativa?

Bueno, sobre el 253 vamos a avanzar en la incorporación de agua subterránea, pero en esto quiero ser prudente, en tanto al respecto recién abrimos una instancia de participación a los ámbitos académicos y de OSE.

Mi visión es que la modificación del decreto debe tener una lógica integral, pero vamos a esperar los aportes de los distintos técnicos y equipos para llegar a una síntesis que se exprese en el decreto, pero con plazos concretos. Una de las cuestiones en las que insisto en el equipo es en aterrizar a medidas concretas que nos permitan traducir nuestros lineamientos de gestión a transformaciones concretas de la realidad, con hechos concretos. En lo que tiene que ver con el decreto 253, eso supone llegar a tener un nuevo decreto hacia el fin de este año o a principios del año siguiente, por lo que estamos acelerando todos estos espacios de consulta que son previos y que aconsejan no adelantar los contenidos del decreto hasta que terminemos de hacer todas esas consultas y análisis técnicos internos.

Otro de los grandes puntos de posibles conflictos que tenemos en el horizonte es la apuesta a la hidrovía en la laguna Merín, que impactará fuertemente en esa cuenca en la que hay humedales protegidos. Entre otras cosas, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proponía aumentar allí 274% la superficie plantada con arroz y soja, y en la administración pasada al hablar de todo esto el MA parece haber estado ausente. ¿Qué va a hacer Ambiente ahora al respecto?

Lo primero, les respondo con una visión general que expuse en mi discurso al asumir en el ministerio, cuando plantee, y estoy convencido, que necesitamos más producción, necesitamos más inversión para generar más empleo y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que es el objetivo del gobierno. Pero necesitamos hacerlo con una perspectiva de desarrollo sostenible en la cual, y lo dije explícitamente, la perspectiva ambiental esté incorporada desde el origen y la gestación de los proyectos y no sea meramente un trámite, un tema del que se acuerdan quienes promueven los proyectos a la hora de la tramitación y de la necesaria obtención de la autorización ambiental.

Esto que parece una verdad de Perogrullo no es lo que ha pasado en muchos proyectos en el país, que no tienen esta mirada de evaluación de los impactos ambientales en el origen y que nos llevan, justamente, a afectaciones importantes del ambiente. El caso que plantean es un caso más de los tantos que vamos a encarar con esta mirada. Queremos desarrollo, queremos inversión, queremos generación de actividad atendiendo la mirada ambiental, por lo que vamos, obviamente, a participar.

Para mí es clave que exista funcionando lo que fue el Gabinete Productivo en los anteriores gobiernos del FA, con la formulación que el presidente de la República y la Presidencia quieran darle, para justamente analizar estos temas desde una perspectiva transversal. A priori estamos de acuerdo con el desarrollo de la hidrovía en la laguna Merín y con generar desarrollo descentralizado en el país, siempre y cuando se tengan en cuenta las afectaciones ambientales para minimizarlas y disminuirlas con una buena gestión ambiental en lo que sea posible.

Otro tema que está bajo la égida del ministerio son las áreas protegidas. Uruguay se había comprometido a tener 17% de su superficie bajo alguna medida de protección ambiental para 2020 y ese fue un compromiso asumido por gobiernos del FA. Hoy, cinco años después de ese plazo, aún seguimos con poco más de 1% de la superficie bajo algún tipo de protección. ¿Hay intención de cambiar eso?

Vamos a aumentar el área de las áreas protegidas. El objetivo es aumentar eso 30%. Vamos a declarar áreas protegidas marinas, que es un tema en el que se ha avanzado y es otra de las cosas concretas en las que nosotros queremos avanzar. En ese tema la Dinabise viene trabajando bien, la referencia principal que hemos designado es una especialista en el tema, y además todo el equipo de la Dinabise y del ministerio en general está comprometido con esta meta de ampliación y aumento no sólo de las áreas protegidas, sino también apelando a otros instrumentos de protección.

Vamos a incorporar esta mirada en otros proyectos, de nuevo, con una visión transversal. Estamos trabajando mucho y creamos un grupo de trabajo especial para la implementación del proyecto de construcción de la represa en Casupá. Incorporando esta visión, estamos pensando en generar un área protegida en la zona de Casupá; esa es una de las áreas protegidas que está planteado incorporar en este período, así que van a tener novedades en ese sentido.

Un objetivo concreto de gestión es aprobar, más allá de que el ministerio ya tiene algunas metas definidas, una Estrategia Nacional de Biodiversidad que incluya este aumento de áreas y que además incluya la mejora en la gestión de las áreas protegidas que ya están declaradas. No olvidemos que muchas no tienen planes de manejo y que faltan recursos para, una vez declaradas, poder efectivamente hacer efectivo lo que supone la declaración de un área protegida. Necesitamos más guardaparques, necesitamos más información...

¿Qué te dice el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cuando le decís que se necesitan más guardaparques, más técnicos, más personal y más recursos? Fuera de broma, en este momento todos los ministerios están estudiando qué van a pedir de cara a la ley de presupuesto. Este ministerio necesita muchas cosas, ¿qué van a priorizar?

Ya tuve una reunión con el ministro Oddone, así como tuvimos una reunión con el MIEM, que es un ministerio con el que tenemos mucho en común y mucho para trabajar, por ejemplo, en el impulso de la movilidad sostenible y otros temas. Al ministro Oddone le planteamos primero esta visión estratégica y encontramos coincidencias. Oddone se declara un ministro de economía verde, entonces le tomamos la palabra y le planteamos que el MA tenga una mirada de refuerzo presupuestal que suponga una excepción de los lineamientos generales. En primer lugar, porque es un ministerio nuevo, que es el que tiene el menor presupuesto de la administración central y la menor cantidad de recursos humanos y materiales. Eso se refleja en el hecho de que tenga medidas excepcionales aprobadas por el Parlamento, como una cantidad extraordinaria de pases en comisión, para atraer a personas de otros ministerios a trabajar aquí a préstamo. Ese es un reconocimiento, en este caso, de parte del Parlamento, de que el ministerio que se creó contaba con recursos humanos insuficientes. Por otro lado, en una perspectiva de izquierda de impulso de un modelo de desarrollo sostenible, el compromiso con la agenda ambiental y climática tiene que ser una prioridad y una seña de identidad, por una cuestión estratégica que es esa mirada de desarrollo alternativo a las lógicas de mercado y de explotación extrema de los recursos naturales que nos han colocado a este borde en el que está en riesgo la propia continuidad del planeta. Por eso también es una seña de identidad ética, porque apostamos a un cambio cultural que suponga un compromiso de la sociedad y de cada una de las personas con el ambiente significativamente mayor al que tenemos. Eso supone repensar las lógicas de consumo, de relacionamiento con lo material, pero también de relacionamiento entre las personas, porque supone una visión transformadora de la realidad para quienes creemos en un modelo alternativo a esta lógica de mercado y explotación extrema de los recursos naturales.

Vamos a ver ahora, a la hora de los bifes, como dicen, si efectivamente con las coincidencias que tuvimos, que incluso pasan no sólo por canalizar recursos existentes en la administración pública, sino por buscar recursos nuevos, mirando la movilización de fondos verdes a nivel internacional, avanzando en la creatividad de generación de instrumentos, se consiguen recursos para la protección del ambiente.

Yo tengo una mirada, si se quiere agridulce, del avance en este capítulo en la administración anterior. Creo que fue un paso la emisión de los 1.500 millones de dólares asociada al cumplimiento de metas ambientales, tanto en emisiones como en conservación de montes nativos, pero creo que es un paso que se dio a medias, porque no se generaron ni políticas de seguimiento ni políticas públicas de aplicación para el cumplimiento de esas metas, ni se asignaron recursos directamente para el desarrollo de políticas ambientales que aseguren su cumplimiento. De hecho, la mirada que tenemos nosotros es crítica, porque no se han cumplido al día de hoy las metas que se plantearon en esa emisión. Le planteamos al ministro Oddone avanzar en una lógica de emisiones de bonos verdes asociadas no sólo al cumplimiento de metas ambientales, sino a la aplicación efectiva de recursos en políticas concretas del ministerio. De hecho, cuando se hacen emisiones sujetas al cumplimiento de metas ambientales, los recursos los administra la Administración Central y el Ministerio de Economía, no se aplican específicamente al MA, o al Inumet, o a OSE o a tantas áreas que necesitan recursos. Creo que tenemos que avanzar en esa dirección. Le planteamos la emisión de bonos azules porque creemos que hay que incorporar políticas más ambiciosas de protección de la faja costera, de cuidado y preservación de las áreas marinas.

Esperemos avanzar en lo que inicialmente fueron muchas coincidencias con el ministro, que vamos a ver si se concretan con ese presupuesto incrementado del MA que, por supuesto, le estamos planteando al Poder Ejecutivo. Se lo planteamos a Oddone y se lo vamos a plantear al presidente Orsi.

Antes hablabas de áreas marinas protegidas y ahora también nombraste un poco el cambio climático. En el contexto mundial en el que estamos, ¿cómo ves el tema de las exploraciones de hidrocarburos y qué decisiones piensan tomar ustedes?

Este es un tema que toma esta administración ya avanzado, y no por adjudicarle la total responsabilidad a la administración anterior, que tomó decisiones concretas que nosotros ahora tomamos siguiendo como trámites en curso, sino que es una política que inicialmente se pensó como política de Estado en los gobiernos del FA, cuando imaginamos la posibilidad de que Uruguay tuviera petróleo y la posibilidad de desarrollar una explotación sostenible mirando las experiencias más avanzadas en ese sentido, como Noruega y otras. Desde esa mirada general, que no es de oposición al avance de la exploración, pero sí que es celosa de la consideración y la acción de los temas ambientales, el ministerio ya le ha transmitido a Ancap, e incluso a algunos actores privados, que vamos a hacer una regulación activa y restrictiva en cuanto al tema. En particular, transmitimos que no vamos a autorizar que la exploración sísmica sea llevada por distintos actores en las mismas áreas de acción. Vamos a pedir a las empresas que elijan un único operador para acotar al mínimo el impacto ambiental a nivel marino y esperamos tener un retorno favorable en ese sentido, porque creemos que Uruguay debe conocer las riquezas que tiene o no, pero tiene que avanzar con mucha cautela y ceñido a las mejores prácticas ambientales de gestión en materia de prospección.

Hipotéticamente, si se encontrara petróleo dentro de un área que coincide con las trazadas como áreas marinas protegidas, ¿aprobaría que se explotara un pozo allí?

La definición de las áreas protegidas la vamos a establecer con lineamientos que ya le comunicamos a Ancap. Si aparece petróleo, por supuesto que vamos a trabajar con Ancap en criterios de exploración y explotación del recurso, atendiendo el cuidado de la preservación de las áreas protegidas establecidas. Hoy es una hipótesis que no está planteada, estamos en etapas muy preliminares a ese escenario. Si los estudios arrojaran una realidad de existencia de petróleo, que no es lo que pasó en los anteriores procesos de exploración en los que tuvimos conversaciones como estas, tendremos que actuar con mucho apego a estos criterios de desarrollo sostenible que planteo. Pero paso a paso, por ahora, regulación exigente que permita el avance de la actividad, mucha coordinación con Ancap y con el MIEM y referencia y aplicación en Uruguay de las mejores prácticas a nivel internacional. No adelantemos ni demos discusiones que no son para el estado de situación actual del tema.

El exministro de Ambiente Adrián Peña en su momento sacó una resolución en la que se planteaba avanzar hacia la creación de ocho áreas protegidas marinas. ¿Van a entrar todas ellas bajo protección en este período?

La idea nuestra es avanzar en las áreas protegidas que están planteadas y estudiar el desarrollo de áreas nuevas.

¿Se va a avanzar en una legislación que contemple los delitos ambientales?

Le estamos pidiendo a nuestra bancada, y a través de la bancada del FA a todo el Parlamento, que desarchive, considere y apruebe el proyecto de ley que establece delitos ambientales, que tuvo media sanción en la legislatura pasada y que naufragó. Y le estamos pidiendo que se haga para este año, y creo que podemos tener expectativas de que se concrete. Así que sí, reconocemos los avances y la importancia de la legislación ambiental que tiene Uruguay, que, si bien es reconocida a nivel internacional, como por ejemplo reconocer en el artículo 47 de la Constitución que el acceso al agua y al saneamiento son un derecho humano fundamental, aun así creemos que algunas cuestiones admiten mejoras y en eso estamos trabajando: el decreto 253, la ley de delitos ambientales y algunos otros decretos que vamos a ir sacando, como lo que tiene que ver con los residuos de las obras de construcción. Hay todavía muchas áreas en las que tenemos que avanzar en la normativa y en el cumplimiento de la normativa que tenemos, que es muy avanzada, pero que en algunas cuestiones todavía no se ha implementado.

Hoy hay medidas que establecen una zona de amortiguación en torno al embalse de Paso Severino, para asegurar una mejor calidad de agua para la toma de OSE de Aguas Corrientes, además de otras que protegen al Santa Lucía, que es un río que tiene diversas problemáticas y no presenta todas las condiciones saludables que quisiéramos. ¿Se van a revisar las medidas ya existentes en el Santa Lucía, que evidentemente no están logrando contener la llegada de nutrientes y contaminantes?

Primero, es necesario. Segundo, tuvimos un avance en las administraciones del FA con la aprobación de las medidas de segunda generación del Santa Lucía. Tercero, tuvimos un parate y un grado de avance mínimo o inexistente sobre esas medidas en la última administración. Entonces, la primera definición que adoptamos a nivel del equipo del MA es retomar el trabajo para aplicar efectivamente las medidas de segunda generación del Santa Lucía, establecer un ámbito de coordinación y de trabajo sobre instrumentación de medidas complementarias entre la Dinacea y la Dinagua con participación, por supuesto, de la conducción del ministerio. Este es un tema en el que el subsecretario particularmente venía trabajando y ha hecho aportes aquí en el MA. Buscamos trabajar transversalmente con otros ministerios y ya iniciamos un acuerdo con el Ministerio de Defensa para el control de la aplicación de medidas en el Santa Lucía. Hicimos un vuelo de control como inicio de este mecanismo de control aéreo de los usos y de cumplimiento de la normativa en el entorno del Santa Lucía. Ustedes saben que ha habido durante la sequía constatación de intervenciones ilegales e irregulares, que no han sido casos aislados; entonces, queremos controlar más. Eso lo vamos a hacer con vuelos y, fundamentalmente, aprovechando las tecnologías actuales, como el monitoreo satelital y el uso de drones. Es una de las líneas que estamos planteando reforzar en el presupuesto, porque el Santa Lucía sin duda es una prioridad no sólo para el área metropolitana, sino a nivel nacional. Así que la respuesta es sí, queremos aplicar efectivamente lo que ya está resuelto y que no se ha aplicado en la administración anterior como hubiéramos querido, en particular las medidas de segunda generación resueltas por decreto oportunamente en los gobiernos del FA, y avanzar desde esta visión más integral en medidas adicionales. Esto que comentamos y que queremos incluir como medidas de compensación o medidas de gestión ambiental del proyecto de Casupá es un ejemplo que va en esa dirección y que también va a requerir no sólo una visión de gestión, sino también la aplicación de recursos económicos.

Creemos que es importante aprender de las experiencias pasadas, particularmente en torno a Paso Severino, y queremos aprovechar toda esa experiencia de lo que ya vivimos en este nuevo proyecto de Casupá, que es un proyecto estratégico y que tiene el objetivo de asegurar una buena gestión de un recurso fundamental como es el Santa Lucía para asegurar el abastecimiento de agua a la población con una perspectiva de mediano plazo, así que ya estamos trabajando en el tema.

Para enamorar a nuestras lectoras y nuestros lectores, ¿dirías que la represa de Casupá nacería con un área protegida asociada?

El objetivo y lo que está planteando el MA es que Casupá nazca con un área protegida asociada y que tengamos una represa que asegure las reservas de agua dulce no sólo en cantidad, sino en calidad para nuestra población.

Si la incorporación de la evidencia es importante en todas las áreas del Estado, en un ministerio como el de Ambiente es vital ver qué sabe la academia respecto a diversos temas. A la vez, desde tu rol protagónico desde OSE en el gobierno pasado, te rodeaste de la academia para fundamentar por qué Neptuno no era conveniente, más allá de otras razones como la constitucionalidad y lo económico. De hecho, en la administración pasada investigadoras e investigadores fueron acusados por organismos del estado de no ser imparciales por contar en un juzgado cosas que venían investigando sobre la salinidad y las cianobacterias en el Río de la Plata a la altura de Arazatí. ¿Cómo va a trabajar este Ministerio con la academia? ¿Le podemos dar tranquilidad a esa comunidad de investigadoras e investigadores que generan conocimiento de que ese conocimiento en este Ministerio se va a aplicar para la protección de los bienes comunes?

El compromiso, más que personal programático, es tener una gestión informada y en vínculo directo con la producción científica, con la academia, y también con las organizaciones de la sociedad civil, y también con los sectores empresariales. La idea de nuestra gestión es que sea un ministerio realmente de diálogo, pero en ese diálogo vamos a priorizar el aporte de la academia en sus distintas vertientes. Me gustaría tener un convenio marco ampliado con la Universidad de la República. Por supuesto que vamos a trabajar consultando y en intercambio con todas las universidades, pero le damos prioridad a poder tener un acuerdo marco con la Universidad de la República. También tenemos muchos proyectos de cooperación y de trabajo en común con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y el compromiso es concretar instancias de ida y vuelta y de intercambio en forma permanente. Acabamos de hacer una convocatoria por otro tema, pero que hace al eje de cuidado de nuestros ecosistemas, conservación y protección de nuestros recursos naturales, pensando en las palmeras y el tema del picudo rojo.

Hemos convocado a la academia y a científicos a trabajar en el tema, pero la idea es hacerlo en todas las cuestiones, asumiendo los roles distintos que tenemos y que la vocación de construcción de acuerdos y de consenso también incluye la posibilidad de diferencias. Pero lo importante es tener una toma de decisión informada, coincida el 100% o se aparte por valoraciones políticas, o incluso también técnicas, en algunas cuestiones.

Vamos a trabajar fuerte. Yo les decía a los compañeros y compañeras del ministerio que para los grandes temas tenemos que pensar en lógicas como la que supusieron la creación del GACH. He tenido intercambios con gran parte de la academia y tengo entrevistas y pedidos pendientes que no he podido concretar. Vaya el compromiso de hacerlo, pero no solo en cuestiones puntuales, sino tratando de dejar institucionalizado el trabajo conjunto a través de firma de convenios y a través de desarrollo de proyectos que den respuesta a demandas y a temáticas actuales, incluso algunas más polémicas que otras, pero también y fundamentalmente planteando líneas de desarrollo, de investigación y de política pública a futuro, que me parece que es un rol que tiene que asumir el Estado, que tiene la academia y que hay que articular para dejarle al país caminos por donde transitar más allá de una administración de gobierno.

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