Los alrededores de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República no eran los de siempre ayer de tarde. Es que por Eduardo Acevedo, a media cuadra de 18 de Julio, varios efectivos policiales de Interpol estaban en la entrada de la galería Montecarlo. Detrás de ellos se ubicaban decenas de máquinas fotocopiadoras que estaban siendo requisadas y esperaban por la grúa que las cargara en un camión de la Policía. Según explicaron fuentes de la investigación a la diaria, se trataba de cerca de 70 máquinas pertenecientes a 15 locales de venta de fotocopias que se ubican en la galería.

Además, de mañana se llevaron detenidas a 30 personas, entre dueños y empleados de los locales, que declararon de tarde ante el juzgado de Crimen Organizado. El operativo policial estuvo a cargo del departamento Delitos Financieros de la división de Crimen Organizado, que fue la que recibió una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), en 2011. En diálogo con la diaria, el presidente de la fundación, Marcelo Vigo, explicó que la organización tomó esta iniciativa porque en las fotocopiadoras que se ubican enfrente a la facultad desde hace tiempo estaban vendiendo copias de libros enteros publicados por la fundación.

Según explicó a la diaria una de las funcionarias de la FCU, esa editorial surgió como una oficina de apuntes del CED que, gracias a su buena gestión, siguió creciendo hasta que comenzó a publicar y vender sus propios libros. La funcionaria dijo que si bien siente pena por los trabajadores de las fotocopiadoras, que son rehenes de la situación, varios empleados de la fundación son enviados por año al seguro de paro por las escasas ventas, a raíz del fotocopiado de los libros en los locales cercanos. Según dijo Vigo, hoy habrá una reunión de la junta directiva en la que emitirán una declaración pública porque ellos también se vieron sorprendidos por el allanamiento policial.

Por supuesto que las repercusiones en la facultad no tardaron en llegar. Por ejemplo, la agrupación estudiantil Mayo del 68, que no tiene cargos en el CED, emitió una declaración en Twitter en la que rechaza el operativo policial realizado en las fotocopiadoras. “Esta medida de la injusticia no sólo perjudica a los empleados sino a los estudiantes que no tenemos un mango para comprar los inaccesibles materiales que vende la Fundación de Cultura Universitaria actuando casi como un monopolio que compra los derechos de autor”, expresan. Además, dicen que la FCU tiene como finalidades el lucro y el elitismo, “en un país con salarios de miseria y con una inflación que el gobierno no quiere controlar”. En esa línea, reclaman que los trabajadores sean liberados y que la facultad garantice el acceso a los materiales de estudio.

Pero el hecho también generó comentarios de decenas de estudiantes que pasaban por la puerta. Había quienes se quejaban por el cierre y se mostraban preocupados porque ahora no tenían dónde ir a sacar fotocopias, y también estaban los que, a pesar de que parecían usuarios habituales de los locales, se mostraban conformes y exclamaban que “por fin” había llegado ese momento. Ése fue el caso de un estudiante que compró un libro en la ventanilla de la librería de la FCU, pese a que tuvo que pagarlo con una tarjeta de crédito en cómodas cuotas.