Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dieron a conocer ayer un comunicado en el que expresan su “respaldo a la gestión de Gabriela Bazzano al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad” (Pronadis), tres días después de la publicación, en este medio, de un informe sobre la investigación que realizó Crimen Organizado sobre su actuación en la asociación civil Seamos.
En esos tres días, la Red Pro Cuidados, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Unión de Trabajadores del Mides, la Coordinadora de Psicólogos y el Consejo de la Facultad de Psicología, entre otras instituciones, expresaron su tajante rechazo a las prácticas de Seamos que surgen del expediente judicial, y hubo numerosas demandas de destitución de Bazzano, entre ellas una de todos los legisladores del Frente Amplio.
En ese contexto, el comunicado del Mides establece un fuerte conflicto. Más allá de la habitual insinuación de que hubo responsabilidades del anterior gobierno frenteamplista, la expresión de confianza en la jerarca se contrapone con el retiro de confianza de la gran mayoría de los colectivos con los que debe relacionarse.
A la vez, las autoridades del Mides consideran necesario que se reabra la causa judicial archivada por iniciativa del fiscal Luis Pacheco, y que “se promuevan las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda”. Pero esto introduce nuevas dudas. ¿La idea es que Bazzano siga en funciones mientras vuelve a ser investigada? El “respaldo a la gestión” de la jerarca no significa avalar lo que hizo antes en Seamos (y ni siquiera equivale a una ratificación en el cargo, aunque esa lectura del comunicado parece obvia).
El caso es que el respaldo comenzó hace años. Ya en setiembre de 2016, el entonces senador Luis Lacalle Pou puso en juego el peso de su cargo y el de su condición de líder del Partido Nacional para defender a Seamos ante el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, luego de que esa institución fuera allanada en el marco de la investigación de Crimen Organizado. A su vez, Nicolás Martinelli, en aquel momento asesor de Lacalle Pou y hoy director general de Secretaría del Mides, ayudó a Bazzano en materia jurídica.
El vínculo y el apoyo vienen del pasado, y se ratificaron con el nombramiento de Bazzano como responsable de Pronadis primero y de Cuidados después. Pero los problemas de Seamos con la Justicia no son cosa del pasado: hace 15 días, la asociación civil fue denunciada penalmente por la Defensoría del Vecino por la presunta apropiación de la hija de una mujer con esquizofrenia.
Además, en marzo de este año la Intendencia de Montevideo resolvió poner fin al comodato por el que tiene su sede en un predio del gobierno departamental. Eso sucedió luego de que un informe indicara que los residentes pagan por su estadía, y que hay “situaciones claras de vulneración de derechos y abuso de poder, como el maltrato y el engaño”.
Con estos datos del pasado y el presente, el futuro es una gran incógnita.
Hasta mañana.