Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras las nuevas medidas de prevención de la covid-19 anunciadas el martes por el presidente Luis Lacalle Pou, hubo protestas desde sectores afectados como el de los gimnasios, ajustes de las disposiciones para los bares y restaurantes por parte de la Intendencia de Montevideo y un rebrote de reproches cruzados entre oficialismo y oposición, a partir de declaraciones del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Lo que no abundó fue el análisis integral de la situación sanitaria, incluyendo la consideración de los riesgos actuales, previsiones de lo que puede ocurrir en las próximas semanas y, por supuesto, el planteamiento fundamentado de eventuales alternativas a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Esto se debe en gran medida, sin duda, a que el proceso para adoptar tales decisiones no procuró cimentarlas en acuerdos amplios, pero ante los hechos consumados sería deseable que más actores políticos y sociales elevaran la mira, y que trataran de reencauzar los debates hacia lo que más importa: cómo evitar que la propagación del virus mantenga una tendencia muy difícil de manejar, hasta que supere las capacidades nacionales de contención primero y las de tratamiento después.

Los contagios no se detectan de inmediato; el resultado de las disposiciones adoptadas por el gobierno nacional no podrá evaluarse hasta dentro de unos días. Los datos difundidos ayer por el Sistema Nacional de Emergencias (203 casos nuevos y 1.561 activos, con 24 personas en cuidados intensivos) se deben a contagios previos, y simplemente confirman las tendencias que llevaron a adoptar esas disposiciones. El tema es que, cuando realmente podamos evaluar, quedará muy poco tiempo para eventuales cambios de rumbo.

A falta de diálogo, y como no hay forma de asegurar que las medidas del Ejecutivo vayan a resultar suficientes, resulta crucial que en las próximas semanas adoptemos actitudes individuales y colectivas que contribuyan a alcanzar el objetivo que le conviene a toda la sociedad. La prioridad no es pasar facturas ni defender intereses sectoriales.

En este marco, no está de más señalar que, tras la oleada de alarma en abril por los primeros brotes en centros de larga estadía para personas mayores (los llamados “residenciales”), la preocupación por los residentes en esas instituciones volvió a quedar muy lejos de los primeros planos. Hoy publicamos un informe que nos recuerda la gravedad del asunto.

Mientras tanto, y en otra muestra de los riesgos asociados con la ausencia de diálogos y acuerdos amplios, el Senado concluyó la votación del proyecto de presupuesto, sin que los legisladores oficialistas incluyeran las garantías demandadas por el sindicato de estatales sobre cuándo y cómo se recuperarán las pérdidas de salario real previstas para 2021.

Esto significa, obviamente, que la conflictividad aumentará el año que viene, cuando el primer proyecto de rendición de cuentas de este Poder Ejecutivo ponga en la agenda parlamentaria una posibilidad de rediscutir la cuestión, en un contexto que muy probablemente incluirá efectos acumulados de la crisis en curso.

Hasta mañana.