Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer hubo noticias vinculadas con la interpretación de normas vigentes y con nuevas disposiciones que se aprobaron, se anunciaron o se reclaman.

El PIT-CNT y otras organizaciones sociales decidieron, como sabemos, impulsar un referéndum contra parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio. Para ello se propone reunir firmas de 25% de las personas habilitadas para votar, que deben ser presentadas hasta un año después de la promulgación de la LUC.

Obviamente, la recolección de firmas se complica debido a las normas que buscan disminuir la propagación de la covid-19, y en las últimas semanas no sólo se ha vuelto imprevisible por cuánto tiempo estarán vigentes, sino que además parece posible que se aprueben otras aún más restrictivas.

Ante este panorama, en la central sindical hay quienes piensan que, como este año se llegó a un acuerdo político para postergar las elecciones departamentales, podría alcanzarse otro para dar más tiempo a la recolección de firmas. Tanto el día de realización de las departamentales como el plazo de un año para solicitar un referéndum están en la Constitución, y si se habilitó por ley cambiar lo primero, debido a una situación imprevista, se podría hacer lo mismo con lo segundo.

Sin embargo, el problema es que el cambio de fecha de las departamentales, muy discutible desde el punto de vista jurídico, se dispuso porque todos los partidos lo querían (y, aun así, se le transfirió la responsabilidad a la Corte Electoral). Ahora, en cambio, parece muy poco probable que el oficialismo desee facilitarle la tarea a quienes buscan derogar gran parte de la LUC.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley, también aprobada en forma urgente, que limita la libertad de reunión. La reglamentación aclara algunos aspectos que la mayoría del Parlamento formuló en términos vagos, pero no aporta precisión acerca de qué es lo que se quiere evitar, y tampoco aclara por qué se le da tanta importancia sanitaria a las aglomeraciones en espacios públicos, que los estudios epidemiológicos no señalan como un problema prioritario.

A su vez, representantes de la Organización de Trabajadoras Sexuales pidieron al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que se ampare su especial vulnerabilidad en estos tiempos de pandemia, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que se trabaja en un proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

Hasta mañana.