La oficina uruguaya de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), una organización con más de 70 filiales en todo el mundo, que trabaja por el cuidado de la primera infancia y tiene estatus consultivo en el sistema de las Naciones Unidas, emitió una declaración pública en la que rechaza el accionar de la actual directora del Programa Nacional de Personas con Discapacidad y de la Secretaría de Cuidados, Gabriela Bazzano, quien fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por entregar niños de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin ningún contralor estatal, según informó la diariael sábado 5.
En la declaración, OMEP Uruguay recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Parlamento uruguayo, consagra “el derecho del niño/a a vivir con su familia y a ser cuidado por esta, y el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan cumplir cabalmente su rol”.
Además, se señala que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también ratificada por el país, “compromete a los Estados parte a no separar a los niños y niñas de sus familias por razones de discapacidad”. Al contrario, “ante situaciones de discapacidad con dificultades para la crianza, el Estado debe apoyar a las familias para generar mejores condiciones y fortalecer las capacidades parentales”. En caso de que los “progenitores no puedan hacerse cargo de sus hijos/as, se debe buscar una atención alternativa dentro de la familia extensa”. Si esto no es posible, “dentro de la comunidad de un entorno familiar”.
En ese marco, OMEP Uruguay denuncia “las omisiones” del Estado uruguayo por no proteger, acompañar, seguir y sostener a las “poblaciones jóvenes y adultas en las que confluyen varios factores de vulnerabilidad, y frente al cuidado que requiere la primera infancia, fundamentalmente en esos contextos”.
También manifestó su “preocupación ante la actuación de particulares que sustituyen el rol del Estado en temas sumamente sensibles en los cuales corresponde actuar en el marco de normas y leyes internacionales y nacionales como las anteriormente citadas”. Además, se exige que se tomen las medidas correspondientes para que “este tipo de situaciones no vuelvan a suceder”.
Se pide, además, que se cumpla con las normas internacionales y se garantice “a los niños/as involucrados el derecho a su identidad y el vínculo con su familia de origen interviniendo desde los organismos competentes en las situaciones detectadas a efectos de cumplir con las obligaciones hasta ahora incumplidas”.
Finalmente, OMEP Uruguay solicita la remoción de Bazzano de sus cargos y adhiere a la preocupación de varias organizaciones sociales que se han expresado estos días, entre ellas, Aldeas Infantiles, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.