Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En estos primeros días del nuevo gobierno nacional, adquieren especial importancia los hechos simbólicos, a partir de los cuales oficialistas y opositores proponen relatos. Más adelante, por supuesto, las construcciones narrativas mantendrán su importancia, pero pasarán a ser cruciales los resultados concretos.
El “primer mensaje” de Jorge Larrañaga como ministro del Interior fue un “operativo de disuasión” en Canelones con 80 policías en moto. Parece obvio que lo prioritario no era lograr que esos efectivos evitaran algún delito o detuvieran a alguien, sino su presencia, representando la decisión gubernamental de aumentar la lucha contra la inseguridad.
También tiene una fuerte carga simbólica el primer enfrentamiento formal entre el Poder Ejecutivo y la oposición frenteamplista, a propósito de los aumentos de tarifas. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de que la intención del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, fue que los directores de ANCAP, la Administración Nacional de Puertos, Antel, OSE y UTE designados por el gobierno anterior compartieran la responsabilidad de esa decisión, e incluso pudieran ser identificados como sus impulsores, mientras que, desde el Frente Amplio (FA), es claro el propósito de que esa jugada vuelva como un búmeran contra el flamante gobierno, con la crítica agregada a su demora en decidir quiénes quedarán al frente de esos organismos.
Las disputas en la dimensión de los símbolos no han comenzado sólo entre el FA y la “coalición multicolor”, sino también dentro de esta. El diputado colorado Felipe Schipani (del sector Ciudadanos, encabezado por Ernesto Talvi) salió con premura al cruce del sesgo religioso que comparten muchos dirigentes del Partido Nacional y de Cabildo Abierto (y también, hay que decirlo, unos cuantos colorados), y que se expresó mediante la asistencia de Luis Lacalle Pou e integrantes de su Consejo de Ministros a la ceremonia religiosa realizada el lunes. Lo que señala Schipani es que, más allá de que las creencias se ubican en el terreno de la libertad individual, el sitio en internet de Presidencia de la República no debió informar sobre esa ceremonia, porque así la asimiló en cierto modo a una actividad oficial de gobierno.
Es llamativo que aún no se sepa quiénes quedarán al frente del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, aunque sea temprano para evaluar qué significa eso. Puede ser un caso más de designaciones pendientes, sin ninguna connotación particular, pero hay que recordar que, en los discursos preelectorales, hubo posiciones bastante distintas en los partidos de la “coalición multicolor” sobre la política en esta materia que impulsó el FA.
Otro hecho simbólico de importancia no vino del nuevo oficialismo ni de la nueva oposición, sino del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Buenos Aires, que rechazó un pedido de prisión domiciliaria del represor uruguayo Manuel Cordero. En este caso, el mensaje es clarísimo: con independencia del cambio de gobierno, la cuestión del terrorismo de Estado y de las responsabilidades penales de sus ejecutores sigue siendo un dato de la realidad.
Hasta mañana.