Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El artículo 120 de la Constitución establece que “las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación”. De estas ocho palabras surge una larga tradición de “comisiones investigadoras”, en las que el Poder Legislativo asume tareas que por lo general se asocian con el sistema judicial, al asumir que existen denuncias con fundamento de irregularidades o ilícitos.

La consecuencia del trabajo de las investigadoras suele ser la presentación de una denuncia o el simple traslado a la Justicia de las actuaciones. O sea, el comienzo de un procedimiento en el que, para saber si realmente hubo algo ilícito, actúan los organismos competentes. A veces la formación de estas comisiones lleva implícito cierto grado de desconfianza, no sólo hacia las respuestas que pueden obtenerse mediante un pedido de informes o un llamado a comisión o a sala, sino también hacia la propia labor judicial.

De lo antedicho se podría concluir que las investigadoras no cumplen ninguna función importante, pero la realidad es muy distinta. Sirven (y esto puede ser muy útil) para que los partidos coloquen asuntos en la agenda social. A diferencia de lo que ocurre cuando actúan la Fiscalía y el Poder Judicial, los legisladores hablan mucho sobre lo que están investigando, adelantan opiniones al respecto y se extienden en juicios de valor sobre las declaraciones de los convocados a declarar.

El recurso ha sido usado por todos los partidos cuando estaban en la oposición. No ha sido tan habitual, aunque hay antecedentes, que desde el oficialismo se proponga formar una comisión investigadora sobre el desempeño de quienes formaron parte del gobierno previo y pasaron a ser opositores. Esto es lo que hizo ayer Cabildo Abierto (CA), por intermedio del diputado Sebastián Cal, acerca de la actuación de Gas Sayago y el proyecto fallido de la regasificadora.

La iniciativa de Cal se vincula, probablemente, con una disconformidad bastante extendida dentro de CA sobre las auditorías impulsadas por el actual Poder Ejecutivo en relación con lo hecho por el anterior. Sea como fuere, cabe prever que la investigadora, si se forma, instalará un nuevo campo de batalla por la opinión pública.

A su vez, el diputado colorado Felipe Schipani propuso crear una comisión que investigue “licencias irregulares” concedidas a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria por el Consejo de esa rama durante el período 2015-2019.

Esto no se debería atribuir a desconfianza de Schipani en las actuaciones que puede realizar el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), presidido por el también colorado Robert Silva. Más bien habría que pensar en un reparto de tareas, o en el afán del diputado por colaborar en el control de lo que ocurre en la ANEP, expresado también en su apoyo a la creación de un Consejo de Laicidad.

A falta de una investigadora sobre los motivos del Poder Ejecutivo para no adoptar medidas más drásticas en la prevención de la covid-19, pese a la alarmante situación sanitaria, los legisladores encuentran de qué ocuparse.

Hasta mañana.