Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace tres días se comentó aquí que los cambios impulsados por el actual gobierno en el sistema de educación pública se han centrado en cuestiones de poder y mando, sin aportes significativos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció que en 2023 comenzaría una “reforma curricular integral”, pero por el momento sólo se conocen lineamientos muy generales.

Con la preparación de esa reforma y los graves problemas que trajo la falta de clases presenciales, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP tiene sin duda mucho que hacer. Sin embargo, quienes lo integran dedican parte de su valioso tiempo a cuestiones bastante menos cruciales.

El sábado, estudiantes de magisterio pintaron un muro de los institutos normales María Stagnero de Munar, y según su testimonio funcionarios policiales les dijeron que habían sido denunciadas por el Codicen. No está confirmado si fue así o si los policías procedieron por iniciativa propia, pero ahora están citadas a declarar en un juzgado.

En ese lugar se hacen pintadas desde hace décadas, en el Día de los Mártires Estudiantiles (que era ese sábado) y en otras fechas. Juan Gabito, integrante del Codicen, considera que hay que ponerle fin a esa tradición porque, según dijo a la diaria, “el espacio público no es susceptible de apropiación material ni ideológica”.

Es una afirmación discutible, porque existen miles de ejemplos de apropiación ideológica de los espacios públicos, y casi se podría decir que está en la naturaleza de estos ser susceptibles a tal apropiación. Vaya uno a saber si Gabito ha oído hablar alguna vez de alguien que prefiere ser llamado Banksy, pero lo que quiso decir el consejero está bastante claro, y se ubica en una línea de acción que las autoridades de la educación pública parecen considerar muy importante.

Desde que asumió el actual gobierno nacional, el Codicen, el ministro de Educación y Cultura y varios legisladores y dirigentes oficialistas tienen un notorio interés en hostigar a las organizaciones gremiales de docentes y estudiantes. A menudo lo han hecho invocando una interpretación de la laicidad que se asemeja mucho al deseo de impedir, mediante sanciones, la expresión de críticas y protestas, en nombre de una ilusoria educación ascéptica.

Hubo varias acciones anteriores en este sentido, algunas de ellas vinculadas con el uso de carteleras gremiales para la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) y con tapabocas que llevaban la inscripción #EducarNoLUCrar, cuyo uso se prohibió en forma preventiva dentro de los centros de enseñanza.

En otra ocasión se produjo una pulseada con estudiantes del liceo Zorrilla de Montevideo por pintadas en la vereda que reclamaban más presupuesto, y el Codicen llegó incluso a cuestionar que la LUC fuera discutida en asambleas técnico docentes, que tienen plena soberanía en la definición de su temario. Menos mal que quienes nos gobiernan se autoidentifican como liberales.

Hasta el lunes.