Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocó a representantes de todos los partidos con representación parlamentaria para que aporten ideas acerca de las causas del delito en Uruguay y las políticas necesarias para su prevención. Su intención declarada es que así contribuyan a la definición de un plan que, según adelantó, debería reconocer que esas causas son en su mayoría “sociales y culturales”, y apuntar a “la interacción y cooperación” de varios ministerios.

Es un planteamiento legítimo por sí mismo, pero llamativo porque se realiza al final del tercer año del actual gobierno nacional, que desde su asunción ha sostenido que es inútil escuchar aportes del Frente Amplio (FA) en este terreno.

A lo largo de 2022, y mientras crecían tanto la cantidad de homicidios como el descontento con la seguridad pública en las encuestas, Heber y otros jerarcas del Ministerio del Interior (MI) hablaron sucesivamente de un “mal mes”, un “mal trimestre”, un “mal semestre” y finalmente un “mal año”, pero siempre insistieron en que sus políticas iban por el rumbo correcto. El miércoles de la semana pasada, cuando el ministro habló en el acto por los 30 años de la lista herrerista 71, dijo que en este terreno la oposición frenteamplista no le perdonaba ni le iba a perdonar nunca “el éxito” al oficialismo.

Tampoco está de más recordar que hace más de siete meses Heber anunció que le había presentado al presidente Luis Lacalle Pou un plan para contener el ya entonces notorio aumento de los homicidios, sin aceptar la propuesta de un acuerdo nacional en la materia, formulada por el FA. Nunca se hizo público el contenido de aquel plan (que al parecer implicaba más de lo mismo), con el argumento de que no había que alertar a los criminales sobre lo que se proponía hacer el MI, pero sabemos desde hace tiempo que no dio resultado.

En definitiva, se confirma un dato de la realidad cuya percepción no requiere gran formación en criminología. La creciente violencia de las organizaciones vinculadas con el narcotráfico, que el oficialismo señala como causa del aumento de los asesinatos, no se resuelve con el cierre de “bocas” de venta al menudeo, ni con la receta general a la que se apostó desde el 1º de marzo de 2020, consistente en restaurar viejos procedimientos de actuación policial, con énfasis en las unidades territoriales, el aumento del patrullaje y la decisión de “hacerse respetar” por parte de los funcionarios, confiados en que las autoridades los respaldan.

Como la esperanza es lo último que se pierde, se podría pensar que por fin Heber se ha dado cuenta de que con esa receta no es suficiente y de que los resultados pueden mejorar con la cooperación que hasta ahora había rechazado, pero cabe otra posibilidad mucho menos satisfactoria. El ministro camina en la cuerda floja, porque al grave problema de la seguridad ciudadana se le han sumado los escándalos relacionados con Alejandro Astesiano y Sebastián Marset, en los que parte de las innegables responsabilidades son del MI, y quizá intenta descomprimir un poco esa situación. Sería realmente lamentable que esta fuera su motivación central.

Hasta mañana.