Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hoy se cumplen 49 años del decreto de disolución del Poder Legislativo que culminó el proceso del golpe de Estado, y tanto el Poder Legislativo como varias organizaciones sociales convocan a actividades para recordar aquel acontecimiento. Sin duda corresponde mantener la memoria histórica, y entre lo que es preciso no olvidar está que quedan, todavía, muchas cuestiones básicas sin aclarar ni resolver.

Lo más mentado es que aquel proceso autoritario tuvo consecuencias criminales muy graves y aún impunes, y que en lo referido a la gran mayoría de las desapariciones forzadas el delito de lesa humanidad se sigue cometiendo, en tanto se oculta la verdad a los familiares de las víctimas y al resto de la sociedad. No es poco, pero está lejos de ser todo.

Es tan bochornoso como necesario recordar que ni Juan María Bordaberry ni ningún otro de los responsables militares y civiles del golpe de Estado fueron condenados por el hecho mismo de interrumpir el funcionamiento de las instituciones democráticas. Tras la recuperación de la democracia, el diputado frenteamplista Nelson Lorenzo presentó una denuncia contra el exdictador y los mandos militares de la época, que la Suprema Corte de Justicia decidió desestimar por razones formales insólitas, y este antecedente fue invocado en 2004 para considerar que ya había “cosa juzgada”. Ningún otro de los dictadores fue condenado por serlo.

El resultado en los hechos, aunque parezca increíble, es que la consigna “nunca más dictadura” no está respaldada por fallos judiciales que establezcan la ilegalidad del golpe de Estado.

Otro gran capítulo de la impunidad es el referido a los delitos económicos, que abarca desde la enorme cantidad de hurtos y rapiñas que cometieron las fuerzas represivas hasta grandes hechos de corrupción en el manejo ilegítimo de las instituciones estatales, pasando por una amplia variedad de beneficios indebidos que la dictadura otorgó a quienes la apoyaban.

El artículo 2 de la propia ley de caducidad excluye expresamente de sus alcances los delitos cometidos “con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”, pero Julio María Sanguinetti, en su primera presidencia, decidió amparar en esa ley a militares acusados de delitos económicos, nunca se plantearon muchas investigaciones en esa materia, y hoy no sólo existe impunidad penal por la prescripción con el paso de los años, sino que también persiste un espeso manto de silencio, y ni siquiera se ha difundido la verdad.

Algo parecido sucede con las causas del golpe de Estado. Los debates suelen acotarse al contexto político nacional y a veces al internacional, pero son escasos acerca de los intereses económicos, nacionales e internacionales, que impulsaron el autoritarismo para beneficiarse, en unos casos mediante un brutal recorte de ingresos y de derechos en perjuicio de los trabajadores, y en otros por un marcado acentuamiento de la subordinación uruguaya a poderes extranjeros.

Todo esto es parte de lo que seguimos llamando, casi medio siglo después, “historia reciente”, y no es sólo asunto de los historiadores. Es esencial que la sociedad sepa bien quiénes, cómo y por qué la golpearon.

Hasta mañana.