Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El PIT-CNT expresó su “rechazo contundente” al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema de negociación colectiva, y el oficialismo lo defiende señalando que reproduce gran parte del que impulsó en 2019 el gobierno nacional frenteamplista.

La central sindical también se opuso a la iniciativa de hace tres años, por los mismos motivos que expone ahora. Esto muestra que le falta sustento a quienes afirman que el PIT-CNT y el FA son lo mismo. Desde los principales partidos que integran hoy la coalición de gobierno se decía con frecuencia que la central era controlada por la fuerza política, y últimamente se sostiene, a la inversa, que el FA es controlado por el PIT-CNT, pero la intención de descalificar no cambia.

En Uruguay, como en muchos otros países, las historias del sindicalismo y las izquierdas están estrechamente vinculadas, y no hay nada cuestionable en que algunas organizaciones políticas se propongan defender los intereses de los trabajadores, como otras defienden los de los empresarios. Esto determina, en ambos casos, cercanías y afinidades. La cuestión está en las autonomías, basadas en que cada parte asuma su identidad y respete la de la otra. Basta con mirar a los países vecinos para ver que en eso estamos bien.

Dicho esto, veamos cuál es la polémica sobre el proyecto, presentado con la intención declarada de que queden sin efecto las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, motivadas a su vez por quejas que formularon, ante esa agencia de la ONU, representantes de las cámaras empresariales uruguayas. Cabe señalar que estas ya hicieron saber que la iniciativa del Ejecutivo no las conforma, y que no han manifestado la menor intención de retirar aquellas quejas.

El PIT-CNT rechaza, entre otros, dos aspectos del proyecto. Uno es que elimina la norma vigente por la cual, cuando llega a su fin un convenio colectivo, sus disposiciones se siguen aplicando hasta que se defina uno nuevo. El otro es que descentraliza la negociación: actualmente, los acuerdos por rama de actividad se aplican en aquellas empresas donde no existe organización sindical, y esto quedaría sin efecto.

Ambas disposiciones debilitan, obviamente, a los trabajadores, y se alinean con la intención de “flexibilizar” la negociación colectiva que adelantó el Partido Nacional (PN) antes de las elecciones de 2019, pero que postergó, probablemente, porque en medio de la crisis asociada con la emergencia sanitaria habría sido una salvajada impresentable.

En el anterior gobierno del PN, encabezado de 1990 a 1995 por el padre del actual presidente, se eliminó la negociación por rama de actividad y una gran cantidad de trabajadores quedó a la intemperie. Las consecuencias incluyeron una caída de los salarios y un aumento de la precariedad laboral.

Como ya señalaba en 2019 Gabriel Burdín, puede ser positivo que el sistema tenga más capacidad de adaptación, pero esto requiere establecer nuevos derechos y garantías para evitar que los trabajadores de cada empresa dependan sólo de sus propias fuerzas, como sucedió antes.

Hasta mañana.