Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Ley 19.172, de regulación y control del cannabis, es una fuente habitual de malentendidos, a la que muchas personas dentro y fuera de Uruguay le asignan significados referidos a sus propias convicciones y deseos, en vez de interpretarla considerando su texto y su contexto.

El proyecto, cuyo principal impulsor fue Eleuterio Fernández Huidobro, fue anunciado en junio de 2012, junto con otras 14 iniciativas planteadas por el gobierno de José Mujica para afrontar problemas de violencia e inseguridad que se habían instalado en la agenda política.

Las propuestas abarcaban la prevención de siniestros en el tránsito, la creación de plazas en los barrios, la reparación a víctimas de delitos, el aumento de penas para la corrupción policial y el tráfico de pasta base, la inclusión de los informativos en el “horario de protección al menor”, el fortalecimiento del sistema de denuncias de violencia doméstica y muchos otros asuntos. Varias de ellas no llegaron a implementarse.

Sí se aprobó la Ley 19.172, pero eso fue un año y medio después, a fines de 2013, tras largas discusiones y con muchos cambios: el proyecto tenía un solo artículo y terminó con 44.

Varios grupos de la sociedad civil y también sectores partidarios venían impulsando normas más liberales sobre la marihuana, en el marco de la “agenda de derechos” y en línea con propuestas alternativas a la fallida “guerra contra las drogas”. Esta fue la interpretación sobre lo que ocurría en Uruguay que predominó en el mundo, y se le atribuyeron a Mujica, al igual que en otros asuntos, opiniones que nunca había defendido, pero el enfoque asumido por el Poder Ejecutivo no fue ese.

Tampoco intentó aquel gobierno promover el consumo de cannabis, pero así se leyeron sus actos desde sectores conservadores y reaccionarios, a nivel internacional y muy especialmente en Uruguay, donde hay incluso quienes ven la Ley 19.172, hasta hoy, como parte de una estrategia malvada para embrutecer y dominar a la población.

La implementación de la norma fue lenta, entre otras cosas porque a Tabaré Vázquez no le hacía la menor gracia. En varias áreas hubo dificultades y retrasos, y hoy hace recién cinco años que comenzó la venta en farmacias. Durante este gobierno la Policía ha hostigado a los cultivadores, el presupuesto para la Secretaría Nacional de Drogas (SND) es escaso y se puede decir que, aunque Uruguay estuvo a la vanguardia mundial de un cambio, hoy ha perdido terreno e incluso oportunidades económicas.

A todo esto, para Cabildo Abierto sigue siendo una ley abominable, que urge derogar por completo, y la prioridad no debe ser que la SND “juegue a competir con los narcotraficantes”, sino “terminar de una vez por todas con el consumo de drogas”. Esta posición está lejos de ser mayoritaria en el oficialismo.

En 2013 sólo hubo votos frenteamplistas a favor de la ley. En el actual oficialismo predomina ampliamente la convicción de que la norma puede necesitar ajustes pero debe mantenerse, muchos dirigentes la reivindican en clave de derechos y se rechaza el regreso al prohibicionismo. El mundo cambia, aunque los cabildantes no lo hagan.

Hasta mañana.