Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de partidos está frenado en comisión de Diputados porque la coalición de gobierno no termina de ponerse de acuerdo, y los temas que trata de resolver dicen mucho sobre su enfoque de la cuestión.

Si consideráramos los evidentes avances del crimen organizado en Uruguay, la experiencia internacional sobre el riesgo de que esto conduzca a la compra de complicidades en el sistema partidario, y las debilidades e insuficiencias de las instituciones que deben prevenir ese riesgo, tendríamos que coincidir en que la principal prioridad es dotarlas de mayor potencia y eficacia. Pero no es esa la preocupación del oficialismo.

Si atendiéramos a la experiencia histórica y reciente de designaciones con criterio partidista en organismos públicos, tendríamos que ser conscientes de que regular el financiamiento de los partidos implica también establecer qué prácticas se deben prohibir y controlar con mayor rigor. Pero no es esto lo que se debate.

Si tuviéramos en cuenta que al elenco de dirigentes y legisladores no le vendría nada mal mejorar su nivel de formación política y técnica, deberíamos asignarle mayor importancia a la parte del financiamiento estatal destinada al funcionamiento partidario permanente, para aumentar la cantidad y la calidad de los recursos disponibles en este terreno. Pero tampoco es esto lo que tiene trabada la discusión.

Si tratáramos de legislar en el momento más adecuado, no habrían pasado seis años desde que el Frente Amplio presentó un proyecto, aprobado en el Senado con amplios acuerdos pero bloqueado en Diputados por la disidencia del entonces frenteamplista Darío Pérez, y postergado en 2019 para que el tema se retomara en este período de gobierno. Tampoco estarían los parlamentarios viendo qué aprueban a menos de un año de las próximas elecciones nacionales, cuando ya es tarde para asignar recursos y, como el inicio de las campañas está cerca, lo central para muchos es costearlas. Este sí es el problema que trata de resolver el oficialismo, y lo está haciendo en forma muy pragmática.

Por un lado, se quiere atender la demanda planteada por las empresas privadas, que no aceptan destinar cinco minutos por hora a difundir las propuestas de quienes se candidatean, alegan que esto las pondría poco menos que al borde de la quiebra y reclaman una compensación estatal, en dinero o por la vía de exenciones tributarias. Por otro, se rechaza la propuesta de que los medios les deban cobrar lo mismo a todos los partidos por la publicidad que sí pagan, y no hace falta ser muy desconfiado para prever que resurgirá también la resistencia de los empresarios a informar incluso sobre lo que cobran en cada caso, arguyendo que se trata de acuerdos entre privados en los que el Estado no debe entrometerse ni corresponde la transparencia.

Si a esto le sumamos la ofensiva oficialista para complacer también a los grandes medios en lo referido a las normas sobre servicios de comunicación audiovisual, no es difícil concluir que se están haciendo méritos para el momento cercano de acordar tarifas publicitarias, con miras a que algunos partidos estén mejor financiados que otros.

Hasta mañana.