Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Álvaro Delgado ya es oficialmente un candidato en campaña para las internas del Partido Nacional, tras un período en el que lo fue extraoficialmente, mientras mantenía su cargo como secretario de Presidencia. Y, como todo candidato, promete. Ayer, en la despedida del año de la lista 404, dijo que si llega a la presidencia de la República, los impuestos no van a aumentar, y que “si hay que hacer alguna corrección” en materia fiscal, será “por el lado del gasto, pero no sobre la espalda de la gente”.

No hace falta contar con un gran archivo para que estas declaraciones hagan recordar a las realizadas por Luis Lacalle Pou antes de las elecciones de 2019, ni para tener presente que aquellas promesas del actual presidente, como varias otras, no se cumplieron. Cabe señalar, sin embargo, que las de Delgado son más modestas: Lacalle Pou llegó a decir que los impuestos y las tarifas iban a reducirse.

En todo caso, se reitera un relato falaz. Lacalle Pou afirmaba que la rebaja de impuestos y tarifas iba a ser posible con la eliminación de “despilfarros” en el gasto público y que el Estado iba a hacer más con menos recaudación. Esto se vinculaba con el anuncio de auditorías para detectar y corregir tales “despilfarros” y presuntas violaciones de la ley en el manejo de los fondos públicos.

Se hizo una gran cantidad de auditorías y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les impuso una reducción de desembolsos a casi todos los organismos públicos, pero los resultados fueron muy distintos de los prometidos. No aparecieron los gastos inútiles de los que se hablaba ni los presuntos ilícitos (por lo cual se introdujo una nueva narrativa, con Fiscalía como responsable de que no se formalizara a docenas de exjerarcas frenteamplistas), y el recorte de gastos condujo a peores desempeños del Estado, en perjuicio de la población.

Además, hubo aumentos de tarifas y de impuestos. Lo que se presentó como “alivios tributarios” fueron reducciones parciales del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en ambos casos para personas con ingresos muy superiores al promedio (para empezar, sólo paga IASS una cuarta parte de los jubilados y sólo paga IRPF menos de un tercio de los trabajadores). También se habló de “alivio” para justificar la decisión de no imponerles un aporte extra transitorio, en plena pandemia, a los grandes sectores exportadores que lograban resultados sin precedentes por el aumento de la demanda y de los precios internacionales.

La cuestión es que Uruguay, con su situación demográfica y sus grandes problemas de desigualdad, no debería engañarse con la fábula de que la parte más poderosa del empresariado va a derramar copiosamente sus ganancias hacia el resto de la sociedad. Hacen y harán falta fuertes desembolsos estatales, y si no se quiere aumentar la presión tributaria ni siquiera sobre quienes están muy despegados en términos de riqueza, será necesario fomentar un tipo de crecimiento económico que genere mayores ingresos fiscales con las tasas actuales, al tiempo que crea empleos de calidad. Prometer otra cosa es pura humareda.

Hasta mañana.