Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En los partidos se evalúa la oferta del titular de Interior, Nicolás Martinelli, quien les propuso participar en un “sistema de seguridad personal”, coordinado por su ministerio, para quienes se postulen en las elecciones internas del año que viene, que presumiblemente continuaría para proteger a las personas que las ganen y compitan por la presidencia de la República. Sólo cabe atribuirle intenciones sanas y serias a la iniciativa, pero da la impresión de que al idearla no se consideraron de la mejor forma algunas cuestiones importantes.

Es positivo que el ministro quiera asumir la custodia de los candidatos como una cuestión de Estado, y esto incluso subraya que, cuando se habla del financiamiento de los partidos, no se trata sólo de asegurar y regular el acceso de estos a la costosa publicidad preelectoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para empezar, las decisiones sobre la seguridad en este terreno son en gran medida políticas, y que forman parte de un enfoque integral, propio de cada partido y de cada postulante, sobre el tipo de relación que quieren mantener con la ciudadanía.

Es cierto que en Uruguay, por dimensiones y tradiciones de nuestra sociedad, estas tareas no siempre se llevan a cabo con criterios técnicos rigurosos, y que los funcionarios policiales pueden aportar desde su formación, pero el avance de la modernización y la profesionalidad no implica necesariamente que se pierdan algunos valores vinculados a la convivencia.

En segundo lugar, los dispositivos de seguridad no consisten solamente en organizar la presencia de personas capaces de prevenir la violencia y enfrentarla si surge. También son cruciales las tareas de inteligencia, y todos los operativos parten de definiciones sobre el grado de confiabilidad o peligrosidad de muy diversos actores y escenarios. En el caso de los partidos, esto tiene que ver en forma inevitable con criterios propios, que no necesariamente les corresponde o les interesa compartir con el personal asignado a su custodia por el Ministerio del Interior (MI).

En tercer lugar, las personas que se encargan de la seguridad de dirigentes pasan a formar parte de su entorno más cercano y es imposible que queden totalmente al margen del manejo de información políticamente sensible. Poner a funcionarios policiales en ese lugar plantearía conflictos de intereses, en los que por razones obvias su lealtad principal será la que le deben a sus mandos, y así pueden producirse muchas situaciones indeseables.

Por último, pero no con menor importancia, numerosos acontecimientos ocurridos durante este período de gobierno en el MI mostraron una confusión preocupante, quizá por la reincorporación de viejos oficiales, entre la cadena de mando y el alineamiento político con el oficialismo, al tiempo que el caso Astesiano alertaba sobre la facilidad con la que funcionarios y altos jerarcas podían violar normas básicas para el manejo de información, por intenciones de lucro personal, solidaridades partidarias o ambas cosas. No son los antecedentes cercanos más propicios para que todos los partidos acepten la propuesta de Martinelli, por mejores que sean sus intenciones.

Hasta mañana.