A siete meses de que la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados definiera remitir ante Fiscalía la actuación de la comisión investigadora, por presuntas faltas irregulares de sindicalistas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la causa no registró avances significativos. El caso recayó en la fiscalía de Flagrancia de 15° turno que, si bien estaba a cargo de Silvia Porteiro, desde hace algunas semanas quedó vacante por el traslado de la fiscal.
Luego de que se levantara la feria judicial, dos de los diputados que tuvieron mayor protagonismo durante la investigación parlamentaria, el nacionalista Alfonso Lereté -presidente de la comisión- y el colorado Felipe Schipani -miembro denunciante-, solicitaron una reunión al fiscal de Corte, Juan Gómez. Según informó Schipani, el motivo fue trasladar la “preocupación” por el trámite de la investigación, para la que hasta ahora no se hizo ninguna indagatoria.
Al salir de la reunión, los legisladores plantearon su conformidad con las explicaciones de Gómez, y, según Lereté, este tipo de reuniones no deben ser vistas como algo negativo, sino como “algo natural”. Sobre las explicaciones que se llevaron sobre la demora en el avance de la causa, dijeron que, además del traslado de la fiscal, también incidió que en agosto la Dirección General de Educación Secundaria también definió efectuar una denuncia penal contra cinco integrantes de Fenapes, que se incluyó en la misma causa que se creó a partir del planteo del Parlamento.
“Nos vamos tranquilos en la medida en que se nos informó que el tema se va a instruir a la brevedad, seguramente en las próximas semanas haya novedades en cuanto a citaciones que se empiecen a realizar. También somos conscientes de que se han presentado circunstancias ajenas a la investigación, como la denuncia que más tarde hizo Secundaria y el cambio de fiscal, que pudieron haber enlentecido. Entendemos que son argumentos razonables y, por tanto, nos vamos conformes de la reunión”, señaló Schipani.
Según cálculos de los diputados, a través de “certificados falsos”, 88 dirigentes de Fenapes justificaron inasistencias en unos 70 liceos de todo el país, por lo que no cumplieron con sus obligaciones laborales y “dejaron a miles de estudiantes sin clase”. Según estimaron, este hecho habría implicado la pérdida de unos 20 millones de pesos. Por ello, además de denunciar a seis de los dirigentes gremiales, la coalición de gobierno definió extender la denuncia a dos jerarcas de Secundaria de gobiernos del Frente Amplio (FA).
En cambio, desde Fenapes han planteado que la justificación de las faltas entra en un convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y sostienen que el caso se cataloga como persecución antisindical y es parte importante de la denuncia que el sindicato hizo ante la Organización Internacional del Trabajo.
En una línea similar, desde el FA han planteado que la comisión investigadora excedió los cometidos establecidos por ley y que se dedicó a investigar hechos administrativos que debieron ser resueltos dentro de la ANEP. Por lo tanto, consideraron que todo el proceso se trató de un “circo político” en el que se sometió a los denunciados al “escarnio público”.