Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A la agenda política del país no le faltan temas de importancia. Entre ellos, los del poder de compra perdido de salarios y jubilaciones, el aumento de la desigualdad, los problemas de calidad del empleo, el proyecto de reforma jubilatoria y la “transformación curricular integral” iniciada en el sistema educativo.

Se termina el período de alza internacional extraordinaria de demanda y precios que determinó récords de exportación, es difícil manejar variables macroeconómicas que inciden sobre la inflación y la cotización del dólar, y hay muchas cuestiones pendientes vinculadas con Alejandro Astesiano y Sebastián Marset.

Se viene la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno en que será posible aumentar gastos, avanza el proyecto Neptuno, está planteada una reestructuración de deudas de personas físicas, y hay riesgos de judicialización de la política y politización de la Justicia.

Los parlamentarios tienen sin duda mucho de que ocuparse, pero algunos de ellos se hacen un tiempo para participar en la comisión investigadora del Senado sobre presuntas irregularidades en la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior de 2010-2017, formada por los partidos oficialistas para pronunciarse acerca de la conducta en ese cargo del hoy senador frenteamplista Charles Carrera.

Por si alguien no lo recuerda, esa comisión, creada en noviembre del año pasado, considera las consecuencias de un hecho no aclarado por la Justicia que ocurrió en 2012, cuando Víctor Hernández estaba en la puerta de su casa en La Paloma y recibió un balazo que lo dejó parapléjico.

En un largo proceso judicial se investigó la hipótesis de que el disparo haya partido de la casa de enfrente, donde Marcos Martínez, entonces subcomisario de Policía, festejaba su cumpleaños, pero la Justicia no consideró posible establecer responsabilidades, y esto ya no sucederá porque el tiempo transcurrido determina la prescripción del posible delito.

En aquel momento, desde el Ministerio del Interior se autorizó que Hernández recibiera durante un período bastante prolongado tratamiento en el Hospital Policial y otros beneficios, que incluyeron tickets de alimentación por unos 20.000 pesos mensuales. Esto es lo que el oficialismo considera irregular y decidió analizar en la investigadora. El Frente Amplio resolvió no integrarla, alegando, entre otras cosas, que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya había presentado una denuncia para que el sistema judicial se ocupara de las presuntas responsabilidades de Carrera, y que había una intención de persecución política contra el hoy senador.

El lunes compareció ante la investigadora Martínez y negó, como ya lo había hecho ante la Justicia, cualquier relación entre la fiesta y el tiro. Le preguntaron sobre el auxilio brindado por el Ministerio del Interior a Hernández y respondió que él no tuvo nada que ver con esa decisión. Ambas cosas eran tan previsibles como la perspectiva de que la investigadora termine sus actuaciones con cuestionamientos a Carrera. La verdadera incógnita es qué le aporta al país todo esto.

Hasta mañana.