Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Dos cosas son indudables acerca de la brecha cambiaria con Argentina: viene causando efectos muy graves en Uruguay y no hay perspectivas de que sus causas se modifiquen en el corto plazo, sea cual fuere el resultado de las elecciones del mes que viene en el país vecino. Hay, en cambio, un amplio margen para el debate en otros aspectos.

Para empezar, los enfoques de la cuestión varían en función de los intereses de distintos actores. No la ven del mismo modo los comerciantes del litoral, duramente golpeados por la competencia de la oferta extranjera; los intendentes de esos departamentos, entre dos fuegos por la crisis del comercio y la conveniencia de comprar más barato para la mayoría de la población que gobiernan; los importadores de productos argentinos; los exportadores uruguayos que presionan para que aquí también aumente el precio del dólar; o el Poder Ejecutivo, sensible a esa demanda pero consciente de que satisfacerla sería un poderoso factor inflacionario, muy indeseable para sus intereses en un año preelectoral.

Por otra parte, circulan relatos poco serios con la intención de explotar políticamente el contraste de las situaciones a ambos lados del Río de la Plata. Esto no se debe a la divergencia de orientaciones gubernamentales en los últimos años, como plantean quienes quieren convencer a la población uruguaya de que las diferencias entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández son las mismas que existen entre el oficialismo y la oposición de nuestro país, y afirman que si el Frente Amplio gana el año que viene nos pasará lo mismo que a Argentina.

En realidad, hace muchos años que la política económica uruguaya es muy distinta de la argentina, entre otras cosas porque los sistemas partidarios, las organizaciones sociales y las relaciones entre unos y otras también presentan diferencias históricas muy profundas.

Se discute mucho qué medidas se pueden adoptar aquí para reducir daños. Ayer el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, anunció que aumentará sustancialmente la cantidad de personal destinado a evitar el contrabando desde Argentina, pero es evidente que, más allá de que corresponde ajustar los controles sobre quienes aprovechan la situación para lucrar ilegalmente en gran escala, parece necesario buscar soluciones que no se centre en requisar comida o medicamentos comprados por necesidades individuales y familiares.

Cuáles pueden ser esas soluciones resulta opinable. Hay demandas de que se desestimule el contrabando de artículos básicos, mediante subsidios a la rebaja de sus precios en los departamentos limítrofes, pero esto es más fácil de plantear que de hacer bien, y no está nada claro qué límites territoriales para la aplicación de medidas así serían justos y razonables. En el límite de Paysandú con Tacuarembó, por ejemplo: ¿de un lado sí y del otro no?

Por último, cabe señalar que desde 1991 se supone que integramos o vamos camino de integrar junto con Argentina un mercado común con libre tránsito de mercaderías. La situación actual muestra en forma elocuente que estamos muy lejos de esa meta, y que alcanzarla algún día es impensable sin coordinación de políticas macroeconómicas.

Hasta mañana.