El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comunicó este jueves que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se formalice “la responsabilidad de los implicados en la organización que recurrió a niños y adolescentes para cometer delitos contra la paz pública, tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal”, en referencia a las manifestaciones que se hicieron durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer.

Desde el INAU ven “con profunda preocupación” la participación de niñas, niños y adolescentes en el acto, que entiende que tuvo un “trasfondo que implica violencia y expresión de odio”, y aseguran que no pueden permitir que el “mensaje de la marcha” se “desvíe de su curso adecuado”. “Es lamentable que, en este caso, se hayan realizado ataques antisemitas de odio y discriminación utilizando a niñas como instrumento”, afirman.

Para el INAU no se puede “tolerar el uso de niños y adolescentes en actos que promuevan la violencia, ni se contribuya a validar o reforzar conductas que contradigan los valores esenciales para el sano desarrollo de un individuo como miembro de la sociedad”.

En ese sentido, el directorio asegura que su compromiso está en la “protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, velando siempre por su bienestar, integridad y su desarrollo en un entorno seguro, de respeto y tolerancia”.

El rechazo a la guerra en la Franja de Gaza fue una consigna que atravesó todas las convocatorias de la marcha del 8M este año, resaltando particularmente los miles de niños, niñas y adolescentes palestinos que han muerto en el conflicto.

Durante la marcha se exhibió un muñeco atravesado por una lanza con la estrella de David en la cabeza, y según quedó registrado varias niñas acompañaron a las mujeres que lo sostenían.

Por esta misma razón el Comité Central Israelita realizó otra denuncia penal, por entender que se trata de un discurso de odio con expresiones antisemitas. La investigación será llevada adelante por la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno, a cargo de la fiscal Brenda Puppo.

Por otro lado, colectivos feministas denunciaron una “campaña de estigmatización, judicialización y cacería de brujas, tanto por parte de políticos como de determinados medios de comunicación, contra la movilización popular de las mujeres y contra nuestro compromiso con la causa palestina”. Aseguran que se intenta “generar un clima de censura contra cualquier crítica al Estado de Israel”, y se reivindican “nunca antisemitas, siempre antisionistas”.