Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El fiscal Alejandro Machado dispuso el archivo de la denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, que había sido impulsada por la mayoría oficialista del directorio de Antel. La parte denunciante puede pedir el desarchivo para que otro integrante de la Fiscalía revise el caso, y se anuncia que hoy discutirá si lo hace. Hasta aquí, todo está dentro de la legalidad.

Hay motivos para pensar que una solicitud de revisión tendría –tal como la propia denuncia– la intencionalidad política de golpear a la principal impulsora de la obra, Carolina Cosse, hoy intendenta de Montevideo y en uso de licencia para competir por la postulación presidencial del Frente Amplio. También se puede imaginar que sería en vano, porque los resultados de la investigación de Machado demolieron punto por punto los cuestionamientos de la denuncia. De todos modos, el proceso penal es como es, y los denunciantes pueden ejercer su derecho.

El gran problema es que, según informaron el martes El País y El Observador, el presidente Luis Lacalle Pou le comunicó su voluntad de que se emplee este recurso jurídico a la presidenta del directorio de Antel, Annabela Suburú. Y es aún más grave que, según fuentes de Presidencia citadas por El País (no según rumores difundidos por la oposición), la “valoración política” de Lacalle Pou haya sido que “el gobierno” no debe aceptar “tácitamente que todo el proceso de inversión y construcción del Antel Arena –uno de los cuestionamientos al Frente Amplio más recurrentes por parte del oficialismo– fue acorde a la ley”, sino emitir “un mensaje político” distinto.

De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República no tiene mando sobre un servicio descentralizado como Antel en lo referido a su gestión. Debe controlar lo hecho, y puede observar las decisiones adoptadas si las considera inconvenientes o ilegales. Incluso tiene la potestad de “disponer las rectificaciones, correctivos o remociones que considere del caso”, con sendas comunicaciones al Senado, “que en definitiva resolverá”, o pedirle a esta cámara su aval para la destitución de quienes integran un directorio. Pero todo lo antedicho corresponde después de que las autoridades de un organismo actúan, y es muy distinto a indicarles qué hacer.

Por lo tanto, el mensaje de Lacalle Pou a Suburú sería impertinente incluso si su intención fuera velar por el buen manejo de los recursos estatales. Con intención política, resulta escandaloso, e identificar los intereses de gobierno con los intereses político-electorales del oficialismo es una grosera torsión de la institucionalidad.

Ha sido habitual en Uruguay que los presidentes quisieran dirigir campañas electorales en las que tienen prohibido participar. Muchos lo intentaron en ámbitos privados incontrolables, jugando al borde del reglamento en sus intervenciones públicas, y a veces cometiendo evidentes infracciones que no fueron sancionadas. Es malo para la calidad de la democracia que la sociedad, los partidos y los organismos públicos se acostumbren a tolerar este tipo de abuso, y malísimo que se vayan corriendo los límites de lo aceptado.

Hasta mañana.