El juez de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso judicial del fondo de inversión ganadero Conexión Ganadera y la empresa Hernandarias XIII, propiedad de Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow.
El concurso de acreedores para estas empresas fue solicitado el 27 de enero; este tiene por objeto una distribución igualitaria de los activos, que se estiman en unos 150 millones de dólares.
A principios de febrero, Méndez ya había decretado la intervención de la empresa, a pedido de los abogados de algunos acreedores, con el fin de verificar si los animales existen y en qué condiciones se encuentran. Además, designó al abogado Alfredo Ciavattone como interventor para coadministrar el activo.
Al decretar el concurso, el juez Méndez desplazó a Carrasco, a Iewdiukow y a la esposa de Gustavo Basso –socio fallecido–, Daniela Cabral, como autoridades vigentes, y designó como síndico a Ciavattone, según indica el decreto al que accedió la diaria.
Por otra parte, el juez dispuso, en carácter de medidas cautelares, “el embargo general en créditos, derechos y acciones” por la suma de 250 millones de dólares contra Carrasco, Iewdiukow y Cabral, “así como la intervención de sus comunicaciones relacionadas con la actividad profesional del giro, y la prohibición de estos de cambiar de domicilio y/o salir del país sin la previa autorización del Tribunal”.
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En la sentencia, el juez señaló que las medidas cautelares, que incluyen el embargo, la fijación de domicilio y el cierre de fronteras, al ser posteriores a la declaración de concurso, las puede definir de oficio, sin convocar a las partes.
En el documento, Méndez señala que, si bien aún no se pudo determinar fehacientemente el pasivo definitivo, algo que ocurrirá una vez realizado el inventario y la verificación de los acreedores, definió en 250 millones de dólares el embargo, con base en declaraciones de representantes de los deudores y la magnitud del negocio. El embargo tiene como finalidad asegurar el pago a los acreedores una vez que se defina si los investigados tuvieron responsabilidad en la insolvencia.
Las medidas cautelares fueron adoptadas en el entendido de que los tres responsables no son sólo “personas estrechamente vinculadas a la administración de las personas jurídicas concursadas, sino que tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras”.
En cuanto a la medida de la intervención de las comunicaciones, prevista en el artículo 23 de la Ley de Proceso Concursal, fuentes allegadas al caso explicaron a la diaria que el alcance de la medida implica el levantamiento del secreto de correspondencia sobre teléfonos, mails y conversaciones institucionales de las empresas, además de ser supervisado por el síndico en caso de que quieran efectuar alguna comunicación vinculada al negocio.
A diferencia del cierre de fronteras decretado este lunes en la Justicia penal, en la Justicia de concurso el cierre de fronteras es indefinido, hasta el fin del proceso, que podría llevar como mínimo un año y medio.
El decreto también estableció convocar a una junta de acreedores de Conexión Ganadera para el 19 de agosto a las 14.30, y de Hernandarias XIII el 20 de agosto a la misma hora. Esas audiencias se realizarán en la sala Constitución, en el edificio central del Poder Judicial, dada la cantidad de acreedores, que se estiman en unos 4.200, aunque no todos han presentado su caso a la Justicia. “En caso de no resultar suficiente el espacio para recibir presencialmente a los acreedores, se deja constancia de que se asegurará la presencia a sus letrados patrocinantes y en los días previos se les comunicará a los comparecientes un enlace de Zoom para conectarse vía remota”.
Además, el juez decretó la unificación de todas las causas vinculadas al caso, que hasta ahora integraban unos 20 expedientes distintos.