Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Guillermo Besozzi fue elegido intendente de Soriano por el Partido Nacional (PN) en 2005, 2010 y 2020. Ocupó el cargo hasta el mes pasado, cuando renunció para hacer campaña por una nueva reelección en las departamentales de mayo de este año, pero no es claro que vaya a presentarse. Ayer fue detenido en su domicilio; la Justicia aceptó la imputación por peculado, omisión de denuncia y varios otros delitos solicitada por Fiscalía y quedó en arresto domiciliario con tobillera por 180 días.

Peculado es, según el Código Penal, el delito que cometen los funcionarios públicos cuando se apropian de dinero u objetos de los que están en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a particulares, en beneficio propio o ajeno. La pena conlleva una inhabilitación de dos a seis años para volver a ocupar un cargo público.

La investigación que llevó a la detención de Besozzi comenzó tras un incendio en el primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede departamental de Adeom. Los bomberos determinaron que el siniestro fue intencional, y luego se supo que la intención fue destruir documentación vinculada con retenciones indebidas de haberes de funcionarios, cheques sin fondos, estafas mediante redes sociales, falsificación de documentos de la intendencia y ventas de combustible, materiales de obra y otros bienes robados al gobierno departamental, así como alquiler de sus vehículos. Los trabajos de Fiscalía condujeron hasta ahora a indagatorias sobre unas 20 personas, entre ellas Besozzi.

Cuando este renunció al término de su segundo mandato, para hacer campaña como candidato a diputado, lo sustituyó su correligionario Agustín Bascou, luego procesado por disponer que funcionarios de la intendencia cargaran nafta en estaciones de servicio de su propiedad.

Besozzi y Bascou no son los dos únicos nacionalistas involucrados en la investigación de delitos cometidos desde gobiernos departamentales. Sólo el año pasado, en julio, fue condenado Pablo Caram, exintendente de Artigas, por su responsabilidad en el pago de falsas horas extra. Al mes siguiente, la Junta de Transparencia y Ética Pública presentó una denuncia contra el intendente de Florida, Guillermo López, por la contratación directa en 37 oportunidades de una empresa perteneciente a familiares directos de su exsecretaria personal. En octubre, Wilson Ezquerra, intendente de Tacuarembó, fue denunciado por la venta de un campo de su propiedad por un valor cinco veces mayor al del mercado, para un proyecto maderero de capitales brasileños, el mismo día en que envió a la Junta Departamental una declaración de interés de ese proyecto y pidió la recategorización del padrón.

En el caso de Besozzi, como en varios anteriores, las primeras reacciones desde el PN fueron manifestaciones de sorpresa y de confianza personal en el indagado, junto con cuestionamientos a la actuación de Fiscalía, atribuyéndole intencionalidad política. Sin embargo, según Jorge Luis Borges, “dos es una mera coincidencia; tres, una confirmación”. La frase fue parte de una conferencia del gran escritor argentino sobre la ceguera, y esta no es lo mismo que negarse a ver.

Hasta el lunes.