Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Démosle una tregua por hoy al caso de corrupción en el gobierno departamental de Soriano, la prisión domiciliaria de Guillermo Besozzi, las manifestaciones al respecto desde el Partido Nacional (PN) y las reacciones del Frente Amplio (FA) y la Asociación de Magistrados Fiscales. Sobre eso hay mucho que decir, pero todo indica que las polémicas continuarán y ocurren otras cosas que no deberían pasar inadvertidas.

En estos días parece acercarse a su desenlace el forcejeo por cargos en este período de gobierno iniciado por el PN, que se declaró insatisfecho con los 34 que se le ofrecieron y pidió 12 más, presionando con no votar en el Senado ninguna venia para los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados si no se accedía a su demanda (aunque las propuestas pueden ser aprobadas 60 días después sólo con los votos del FA). Ahora parece que va a darse por satisfecho con seis cargos adicionales en vez de la docena que había reclamado. Son tres en comisiones binacionales, uno en el Instituto Nacional de Meteorología, uno en la Unidad Nacional de Seguridad Vial y uno en tareas administrativas del Poder Legislativo.

Puede parecer ingenuo señalar que, según el artículo 187 de la Constitución, cada venia debe ser “otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas” de la persona propuesta por el Ejecutivo. Esta norma ha sido tradicionalmente víctima de violaciones grupales multipartidarias, y cuesta encontrar un antecedente de debate parlamentario sobre la capacitación de alguien para integrar un directorio, pese a que a menudo los méritos han sido escasos o nulos. De todos modos, el planteamiento del PN implicaba un inusual paso más en la falta de respeto a lo que manda la Constitución.

Sin embargo, hay un caso en el que el PN manifiesta interés por la persona propuesta por el Ejecutivo, pero no en lo referido a sus “condiciones personales, funcionales y técnicas”, sino a su “situación procesal”. Es el caso de Mario Layera, exdirector nacional de Policía y elegido por Yamandú Orsi para dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

Cuando la Fiscalía investigó la fuga del italiano Rocco Morabito y los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia durante su detención en Uruguay, a comienzos de 2023, Layera fue obviamente citado a declarar, debido al cargo que ocupaba al frente de la fuerza policial cuando ocurrieron los hechos. Eso fue todo, y los dirigentes del PN lo saben. Dicho sea de paso, como resultado de la investigación se imputó solamente a un oficial de la Guardia Republicana, sobreseído a fines de 2023 porque no se le comprobaron los delitos de los que había sido acusado.

Pese a la tregua que se anunció en el primer párrafo, corresponde una mención al caso de Soriano. El PN ha manifestado una vez más acusaciones y sospechas sobre el presunto sesgo frenteamplista de la Fiscalía, pero se dirige a esa institución para que le indique si Layera está en condiciones de ocupar un cargo en el gobierno nacional del FA. Cabe pedirle al nacionalismo, sin muchas esperanzas, un poquito de coherencia.

Hasta mañana.