El Mides lanzó el Mes de la Diversidad y presentó valoraciones de colectivos LGBTIQ+ sobre las normativas de protección de sus derechos

“En mi concepción, primero somos personas, y como tal, nos tenemos que respetar, y como tal, tenemos que garantizar el pleno goce de los derechos humanos”, expresó la activista transfeministas y actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, durante el lanzamiento del Mes de la Diversidad 2025, por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La primera edición bajo el actual gobierno lleva como consigna: “Comunidades diversas contra todas las violencias”. Para el titular del Mides, Gonzalo Civila, las comunidades diversas son aquellas “que luchan por un mundo donde la diversidad se puede expresar sin ser penalizada, sin ser condenada, sin ser discriminada”, y que “en su seno son capaces de encontrarse entre distintas realidades, entre distintas miradas, entre distintas formas de ser y de estar en el mundo sin que eso sea un motivo de violencia”. El director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, llamó a “ubicar la lucha y lo pendiente en el centro” del Mes de la Diversidad, porque, señaló, “estos momentos de celebración pueden ser cooptados por otros y por otras, para frivolizarlos, para vaciarlos de contenido, para hacer que la defensa de la diversidad se transforme en algo cool”.

Del lanzamiento, moderado por la activista transfeminista Josefina González, también participaron Soraya Persíncula, representante del colectivo Colonia Diversa, y Juan Meré, asesor para la salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quien presentó los resultados de una consulta pública de alcance nacional dirigida a organizaciones LGBTIQ+, implementada entre el 16 de agosto y el 2 de setiembre.

La consulta sondeó la valoración del marco normativo vigente en el país, así como propuestas para fortalecer la garantía de derechos de la población LGBTIQ+. Meré sostuvo que las leyes referidas “a la identidad, al derecho a ser” tienen, para los colectivos consultados, “una aplicación importante, una llegada a la vida de las personas”. En cambio, respecto de las normativas vinculadas al derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva, se evidencia “una tensión en las respuestas”, ya que hay “organizaciones que consideran que se han implementado y otras que consideran, casi en el mismo porcentaje, que no se han implementado”. En cuanto a los procedimientos de readecuación corporal o afirmación de la identidad, en general, se percibe que no se cumplen o que se cumplen de forma muy parcial.

También recogen altos porcentajes de escasa o nula implementación las cuotas laborales y las becas y apoyos estudiantiles para la población LGBTIQ+, lo cual, consideró Meré, “llama a la reflexión, porque ese derecho a ser hay que ciertamente acompañarlo con acciones que se hagan carne en la cotidianidad de las personas”.

Persíncula destacó que la consulta a organizaciones LGBTIQ+ arroja datos esenciales “para poder seguir trabajando y profundizando no solamente en las normativas, en las bases legales que tenemos, sino también en las acciones concretas que llevamos a cabo”. La integrante de Colonia Diversa advirtió que, si bien participaron colectivos de muchos departamentos, hubo otros donde no se registró participación, y llamó a analizar por qué se da esa ausencia. “Si bien a veces parece que cada uno tiene su territorialidad, su localidad y su reconocimiento, también tenemos que unir esa fuerza para poder seguir peleando, apaleando las violencias que vivimos diariamente”, consideró.

En línea con los resultados de la consulta, Persíncula sostuvo que las principales complicaciones están en la forma en que se implementan las políticas públicas: “Hemos logrado una agenda, pero, en el tema de hechos, los derechos no llegan a estar realmente garantizados, ni cuidados tampoco”. Persíncula se refirió a la valoración mayoritaria en la consulta de que la Ley 17.817 de lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación se cumple parcialmente. En el interior del país, señaló que es mucho más complejo canalizar una denuncia, “sostenerla, transitarla, vivirla”, ya que, “a veces realmente quedamos en una esfera que es doble discriminación, doble violencia, doble odio”, afirmó. En ese sentido, consideró sustancial que se apunte a una territorialización de la política pública.

Organizar las ansiedades y apropiarse de los derechos

“Tenemos que pensar que venimos de un gran estancamiento”, dijo Spinetti, y llamó a calmar la “gran ansiedad de que tengamos ya el país que teníamos en 2019”. La titular de la Secretaría de Derechos Humanos recordó que sólo han pasado seis meses desde el inicio del gobierno y, en ese sentido, consideró que el hecho de que activistas LGBTIQ+ estén ocupando lugares importantes “es un mensaje que este gobierno está dando al mundo; en un mundo donde estamos en pleno retroceso de los derechos humanos; donde está prohibido que las personas trans vayan a los baños públicos de su género autopercibido. En nuestra Latinoamérica pasa eso. Nuestra Latinoamérica está sangrando, y ahí tenemos que trabajar, y trabajar mucho”.

El director de Desarrollo Social recogió el guante de Spinetti y apuntó que las ansiedades “son un signo de época”, una “respuesta defensiva ante el miedo, ante amenazas, ante incertidumbres”. “¿Cómo no vamos a responder con ansiedad a un mundo cruel que amenaza, que genera incertidumbre, en donde el desarrollo social no está garantizado para todos y para todas?”, preguntó Lasa, quien sostuvo que una forma de trabajar sobre esas ansiedades es organizándolas: “Poniendo a todos y a todas en una misma mesa a planificar y establecer en qué año, en qué momento, vamos a hacer cada una de las cosas que está demandando la sociedad, que estamos demandando nosotros y que nos están reclamando para poder construir estas comunidades diversas”.

Si bien es necesario trabajar en el cumplimiento de la normativa vigente, Spinetti señaló que también, desde la sociedad, “tenemos que apropiarnos de esos derechos”: “Si no nos apropiamos de esos derechos, entonces vamos a tener los mesías, que con el cuento de salvar el país y de salvar el mundo, después nos van a quitar derechos”, sostuvo. En esa línea, Lasa llamó a, desde los espacios del Estado, “dar la batalla cultural, porque a esta cultura del odio, esta cultura de la crueldad, hay que oponerle una cultura del amor, hay que oponerle una cultura de la piedad, hay que oponerle una cultura que en definitiva erradique todas estas violencias”, consideró.

El incumplimiento de la cuota para personas trans en el ámbito público es “una forma de violencia institucional”

Lasa consideró que la consulta sirve para “ubicar un punto de partida claro para esta administración”, y así, al final del período, “someternos a la revisión de si nuestras prácticas y lo que nosotros hicimos alcanzó o no alcanzó; y eso también es un compromiso”, sostuvo. El director de Desarrollo Social afirmó que, desde la asunción de la actual administración, se ha escuchado “por dónde venían los problemas” con el objetivo de “no desembarcar en las instituciones del Estado con un plan cerrado, en donde otros y otras no tengan espacio para construir”. Spinetti indicó que, desde la Secretaría, se está en un camino para “empezar a cuestionar las leyes, ponerlas en cuestión”, a través del diálogo con la sociedad civil, la academia y las propias instituciones.

Mencionó algunas “luces rojas” que se identificaron al comienzo de la gestión. Entre ellas, la situación de la Comisión Especial Reparatoria, que recibe solicitudes de personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género, para acceder a una prestación reparatoria. Lasa indicó que, si bien no estaba mal valorada en la consulta, para las autoridades “es un problema”, porque se encontraron con “una demora en la respuesta a las solicitudes equivalente a las acumuladas en 2022, 2023 y 2024”. El jerarca indicó que se ha duplicado la frecuencia de las sesiones de la Comisión para dar respuestas más rápidas y urgentes.

Por otro lado, señaló que se ha trabajado en líneas y estrategias específicas para superar las barreras de acceso al trabajo, la educación y la salud, que impiden garantizar los derechos ya consagrados. Por ejemplo, el incumplimiento de la cuota para personas trans en el ámbito público, que Lasa calificó como “una forma de violencia institucional” por la cual el Estado debe hacerse cargo, pedir disculpas e, inmediatamente, reparar. Destacó que la edición 2025 del programa Uruguay Impulsa, antes conocido como Jornales Solidarios, cumplió con la cuota trans, y hay una centena de personas trans que accedieron a la iniciativa, la cual no sólo ofrece empleo, sino también capacitación –otra de las barreras para las comunidades diversas–.

“Muchas veces están los cupos, muchas veces están las posibilidades de los puestos, pero no logramos que la población trans acceda por los requisitos”, señaló el director, quien indicó que se cerraron convenios con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para mejorar la empleabilidad de las personas trans. En materia educativa, aseguró que se está trabajando para que el sistema “deje de expulsar” y “que no se corten esas trayectorias, para seguir formando, para seguir capacitando”.