Opinión

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que las empresas que brinden televisión para abonados en todo el país no podrán tener una cobertura superior al 25% de los hogares con televisión para abonados. Esta normativa regula directamente a Direct TV y parece entrar en contradicción con el espíritu de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007. Sin tener evidencia sobre el funcionamiento del mercado de televisión para abonados es muy difícil saber qué intereses se protege esta regulación.

Una parte de “la familia rural” escribe una historia del campo uruguayo en la que no existieron las organizaciones de los trabajadores ni sus luchas, y la ley de ocho horas es obra de la Federación Rural.

En democracia, existe una prohibición que es difícilmente justificable y que como tal cuesta aceptar: la prohibición de votar. En Cataluña existe, desde hace tiempo, una mayoría de la población que desea votar sobre el futuro político de este territorio. Quiere poder decidir si Cataluña debe continuar formando parte del Estado español o si ha llegado el momento de constituirse en un estado independiente y unirse al concierto de las naciones soberanas en el marco de la Unión Europea (UE). Es un país que reclama votar y que no entiende los argumentos que se le ofrecen para impedírselo.

Si se me pregunta cómo veíamos, o pensábamos, la democracia los orientales en los momentos en que luchábamos por su recuperación, no vacilo en la respuesta: la democracia era entonces el rescate de la libertad. ¡La libertad! La libertad de ganar las calles, de caminar por ellas sin temor, con el termo y el mate, y también con banderas y carteles.

"Las venas abiertas de América Latina" es, más que un llamado a la acción, un relato histórico con intención de diagnóstico, una larga columna periodística que se lee de un tirón. En su momento fue objeto de quejas desde la izquierda porque exponía sin proponer. Mientras, sus fiscales de derecha veían, en sus páginas, inexistentes llamados a la lucha armada, a la huelga general y a la dictadura del proletariado.

La violencia machista no es una fórmula matemática, “un simple análisis costo-beneficio”. El director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (UM), Ignacio Munyo, presentó el 8 de abril los resultados de una reciente investigación suya en la que aborda “un aspecto puntual de las causas de la violencia doméstica: la dependencia económica”. Pero en su presentación, Munyo invisibiliza años de economía feminista. Ni hablar de cruzar categorías como feminismo, género y clase.

Los movimientos sociales no fueron mero reflejo del retorno democrático, sino más bien actores protagónicos.

A raíz de el conflicto de los judiciales procesos que antes duraban semanas ahora llevan meses. Y no hablamos de demandas por cobro de pesos ni de sucesiones por significativos patrimonios, sino de niños y niñas que no reciben sus pensiones alimenticias, personas sin recursos que no reciben sus prestaciones sociales, padres que no ven a sus hijos y tenencias de menores no resueltas. Todo esto deja en evidencia que nuestro Poder Judicial requiere, de forma inexcusable, una revisión reflexiva, no sólo de parte de los operadores sino de toda la sociedad, a la que tendría que deberse como poder legítimo del Estado.