La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suprimir juzgados de paz ubicados en diversos departamentos a partir del 1° de octubre, en el marco de una política de reorganización de los territorios jurisdiccionales.

En el documento acordado el 12 de agosto los integrantes de la SCJ recordaron que en 2004 esa corporación “decidió” llevar adelante esa política para “mejorar la distribución de los recursos, disminuyendo en parte las erogaciones que el poder judicial debe verter para su funcionamiento.

En diversas “acordadas” originadas a partir de esa fecha, la SCJ determinó la creación de “comunidades geográficas”, que absorberán los asuntos que hubieran correspondido analizar en los juzgados de paz que serán cerrados en octubre próximo.

Esta situación implica cambios significativos en el departamento de Colonia. Tarariras pasará a formar parte de la comunidad geográfica de Colonia del Sacramento, Nueva Helvecia integrará la comunidad geográfica de Colonia Valdense, mientras que Florencio Sánchez pasará a formar parte de la comunidad geográfica de Cardona, en el departamento de Soriano.

El presidente del Colegio de Abogados de Colonia, Sebastián Landechea, opinó que los cambios propuestos por la SCJ generará “un problema horrible” en las localidades afectadas. El abogado, que tiene sus estudio en Tarariras, explicó que esa situación “no solo perjudicará a los profesionales que trabajamos en esas localidades sino, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población”.

Landechea puso como ejemplo la labor que hasta el momento realizan los juzgados de paz en la atención a los problemas de violencia doméstica y de género así como a menores que se encuentran en desamparo.

“En esas situaciones muchas veces las denuncias se realizan en los juzgados de paz, y cuando la realizan a la policía, ésta avisa al juzgado de paz y toma las primeras medidas. En este momento estamos viviendo una pandemia oculta, con los femicidios, la violencia doméstica y menores en situaciones de desamparo, y al no tener un juez cerca no hay quien tome las primeras medidas ni quien pueda tomar las declaraciones de forma rápida”, argumentó el profesional.

Según el abogado, “no se le puede pedir” a una mujer que está siendo agredida “que tome un ómnibus y se traslade a más de 40 kilómetros para hacer una denuncia judicial cuando, a veces, no se anima hacerla en la policía”.

Landechea consideró que esta medida de la SCJ determina un “retroceso de la presencia del Estado, es una práctica centralizadora y crea una dificultad de acceso a la justicia que será peor para la población más humilde”. El abogado agregó que la centralización de la justicia la vuelve elitista porque impide el fácil acceso al sistema judicial, y los más carenciados no podrán asumir los costos de esos traslados” hasta los juzgados letrados ubicados en otras ciudades.

Según el presidente del Colegio de Abogados de Colonia, la medida del sistema judicial también refleja “desconocimiento” sobre lo que pasa en las localidades afectadas. “Tanto Tarariras como Nueva Helvecia son localidades importantes, que atienden a poblaciones numerosas”, con sistemas productivos “de mucha diversidad”. Landechea también advirtió que esa determinación implicará una sobrecarga de trabajo adicional a los juzgados letrados de referencia, “que ya están bastante cargados con el funcionamiento actual”.

En la misma línea, el abogado y edil José Manuel Arenas, de Nueva Helvecia, dijo que la resolución de la SCJ representó un “baldazo de agua fría”. Señaló que si bien “estos cambios se producen por una reducción de los recursos económicos con los cuales cuenta el sistema judicial, esta medida no es válida desde el punto de vista humano, porque aleja del sistema de justicia a los sectores más desprotegidos”.

Landechea adelantó que el Colegio de Abogados reclamará a la SCJ la revocación de esa medida. No obstante, dijo que “las fuerzas vivas locales deben reclamar para revertir esa situación”. Arenas opinó en el mismo sentido que su colega: “Esto debería ser motivo para que la institucionalidad local se movilice para no perder el servicio de justicia, porque los juzgados de paz son muy importantes para resolver algunos conflictos que ocurren en las localidades”, concluyó.