Pablo Rodríguez Almada

Al requerirse una mayoría especial para aplicar la sanción del artículo 124 de la Constitución, no se podrá aplicar la sanción de pérdida inmediata del cargo, a pesar de que el senador Ojeda vulneró el artículo 124 numeral 2 de la Constitución.

La Corte de Justicia Penal refuerza su argumentación citando el artículo 55 de la Constitución peruana que señala que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.

Este nuevo intento de amnistiar a militares y policías por parte del gobierno de Boluarte en Perú va en consonancia con las políticas de negación del terrorismo de Estado que están aplicando los gobiernos de derecha en Latinoamérica.

Es equivocado decir que si no se alcanzan los cuatro votos del Directorio, el contrato es nulo. Por lo tanto, respecto de las mayorías para la compra de la estancia María Dolores, el Directorio del INC actuó ajustado a derecho.

Si existe verdadera voluntad política para terminar con los abusos y el clientelismo político respecto de la designación directa de los funcionarios públicos en las Intendencias, no hay excusa para no hacerlo.

El juzgado debería rechazar los recursos de los acusados en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz y tomar medidas a efectos de evitar la dilación en el proceso.

Los militares están siendo procesados, formalizados y condenados en la actualidad, con avanzada edad, porque se refugiaron en la Ley de Caducidad y en tecnicismos jurídicos

Si en la actualidad surgiera nuevamente dicha iniciativa de reforma constitucional, único mecanismo jurídico para lograr transparencia en la designación de funcionarios en los gobiernos departamentales, será necesario que el FA la apoye.

Negar algo tan evidente como el “terrorismo de Estado” ocurrido en el periodo de los gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry es como desconocer el Holocausto o el genocidio armenio.

Si se aprobara el proyecto de ley de prisión domiciliaria, los jueces penales deberían hacer un control de convencionalidad y concluir que no deben aplicar dicha ley porque deben primar las normas de derecho internacional de los derechos humanos.

Llama poderosamente la atención que la oposición no responda con contundencia las afirmaciones del gobierno respecto de las bondades de la LUC, cuando dicho relato es fácilmente rebatible.

El juicio político sería improcedente jurídicamente aunque no se hubieran respondido los pedidos de informes y aunque la intendenta Cosse no se hubiera presentado personalmente al llamado a sala.

En la actualidad, algunos jueces penales están otorgando prisión domiciliaria a personas que cometieron crímenes aberrantes.

Los estudiantes, docentes o egresados de la UTEC podrán solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 20.096 ante la Suprema Corte de Justicia, porque están legitimados activamente para ello.

La justicia transicional en Argentina fue exitosa comparada con Uruguay respecto a la investigación, determinación y castigo de los que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno de facto.

Es el mandato de la sentencia de la Corte IDH y las convenciones interamericanas el que está cumpliendo la magistrada al procesar al militar retirado Juan Modesto Rebollo, y no un afán de venganza.

El proyecto de ley de “tenencia compartida” no mejora los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la legislación actual, al contrario, los pone en peligro.

Dicha tendencia jurisprudencial influirá en los tribunales penales inferiores, que comenzarán a condenar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno dictatorial.

El derecho de propiedad, que se encuentra dentro de los denominados derechos civiles y políticos, no se considera que sea jerárquicamente superior ni siquiera a los derechos económicos, sociales y culturales.