Pablo Rodríguez Almada

Si en la actualidad surgiera nuevamente dicha iniciativa de reforma constitucional, único mecanismo jurídico para lograr transparencia en la designación de funcionarios en los gobiernos departamentales, será necesario que el FA la apoye.

Negar algo tan evidente como el “terrorismo de Estado” ocurrido en el periodo de los gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry es como desconocer el Holocausto o el genocidio armenio.

Si se aprobara el proyecto de ley de prisión domiciliaria, los jueces penales deberían hacer un control de convencionalidad y concluir que no deben aplicar dicha ley porque deben primar las normas de derecho internacional de los derechos humanos.

Llama poderosamente la atención que la oposición no responda con contundencia las afirmaciones del gobierno respecto de las bondades de la LUC, cuando dicho relato es fácilmente rebatible.

El juicio político sería improcedente jurídicamente aunque no se hubieran respondido los pedidos de informes y aunque la intendenta Cosse no se hubiera presentado personalmente al llamado a sala.

En la actualidad, algunos jueces penales están otorgando prisión domiciliaria a personas que cometieron crímenes aberrantes.

Los estudiantes, docentes o egresados de la UTEC podrán solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 20.096 ante la Suprema Corte de Justicia, porque están legitimados activamente para ello.

La justicia transicional en Argentina fue exitosa comparada con Uruguay respecto a la investigación, determinación y castigo de los que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno de facto.

Es el mandato de la sentencia de la Corte IDH y las convenciones interamericanas el que está cumpliendo la magistrada al procesar al militar retirado Juan Modesto Rebollo, y no un afán de venganza.

El proyecto de ley de “tenencia compartida” no mejora los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la legislación actual, al contrario, los pone en peligro.

Dicha tendencia jurisprudencial influirá en los tribunales penales inferiores, que comenzarán a condenar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno dictatorial.

El derecho de propiedad, que se encuentra dentro de los denominados derechos civiles y políticos, no se considera que sea jerárquicamente superior ni siquiera a los derechos económicos, sociales y culturales.

Y ese es el espíritu del proyecto de ley: favorecer a los que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno de facto.

El camino de las falacias y la información no fidedigna no permitirá un debate serio acerca de los beneficios o perjuicios de la LUC, lo que no ayudará a los ciudadanos a informarse.

A 75 años de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer

No se está atentando “contra el respeto a los Poderes del Estado” cuando a través de la firma se habilita el recurso de referéndum, se está ejerciendo un derecho constitucional.

Es la mejor señal para un Estado de derecho que el Poder Judicial obligue a otro poder del Estado a cumplir con las normas jurídicas, principalmente aquellas que refieren a derechos humanos.

No existe solamente un deber moral y ético de vacunarse, sino un deber jurídico consagrado en la Constitución, que tiene la finalidad de que cada persona sea responsable no sólo de su salud sino de la de los demás.