Pese al frío que advierte la llegada del invierno, colectivos, vecinos y académicos de la Universidad de la República se reunieron en la mañana del sábado en la peatonal Sarandí para debatir y habitar el espacio público, en el marco del ciclo de conversaciones “Pensando la Ciudad Vieja desde el barrio”, organizado por el colectivo Abriendo el Neptuno.
Este primer encuentro se centró en la presentación del libro Conflictos territoriales: discusiones, experiencias y aprendizajes en el área metropolitana de Montevideo, del Observatorio de Conflictos Territoriales del Área Metropolitana de Montevideo, un compilado de diez textos de más de 20 autores “que analizan los conflictos vinculados a lo urbano ambiental, al uso de espacios públicos y la propiedad del suelo”. La jornada contó con la participación y exposición de cuatro colectivos: Ni Todo Está Perdido (Nitep), La Vivienda en Diálogo, Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco y la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne.
Marcelo Pérez, uno de los coordinadores y autores del libro, dijo a la diaria que aborda temas como el urbanismo feminista, “que pelea por una ciudad para todas”, o “la pelea de los asentamientos por un suelo para regularizar,” ante “la creación de urbanismos más neoliberales, como los barrios privados”. Los textos ponen de manifiesto un “sinnúmero de conflictos territoriales que merecen pensarse en conjunto, interpretarse y tejer redes entre ellos porque no son conflictos aislados”, señaló.
“Nosotros militamos que el conocimiento sea gratuito y de acceso libre”, remarcó, por lo que el volumen de ensayos pronto estará disponible en formato digital. Camilo Zino, otro de los autores, indicó que se trata de una investigación hecha “de forma militante” y “pensada para aportar a la lucha”. Zino escribió sobre los conflictos en Ciudad Vieja y las disputas contemporáneas por construir el diálogo. En el texto, el académico observa que estos conflictos se suceden en el marco del “avance del capital inmobiliario sobre el territorio, que busca privatizar y transformar la ciudad para generar negocios”, mientras que el Estado “tiene un papel ambiguo”: por un lado, fomenta la permanencia de los habitantes en el barrio y, por el otro, incentiva la gentrificación.
Una ciudad para todos
El libro contiene un apartado dedicado a los usos del suelo, en el que se trata el acoso sexual callejero, las territorialidades barriales y las personas en situación de calle. En el primero de esos capítulos se plantea que el acoso sexual callejero es un problema minimizado en la sociedad porque está “asimilado” en el día a día de las mujeres. Sin embargo, destaca que el 86% de las mujeres de entre 18 y 44 años lo vivió en alguna de sus formas. “Las mujeres evitamos ciertos recorridos. Tenemos estrategias para transitar la ciudad. En los barrios más periféricos, las mujeres y los adolescentes circulan donde hay patrullajes”, señaló la arquitecta Eloisa Ibarzábal, otra de las autoras.
En el volumen se analizan las “microterritorialidades” que se dan en los barrios Malvín Norte y Punta de Rieles. Es decir, se forma “una especie de microbarrios, fomentados por la política pública de vivienda, que genera pequeñas burbujas dentro de esos barrios y deriva en la exclusión territorial que genera límites, fronteras y conflictos”, explicó Ibarzábal. Señaló que la estigmatización por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, al referirse a estos barrios como zonas rojas, profundiza la desigualdad y los conflictos internos.
Por otro lado, la investigación indicó que dos de cada tres personas en situación de calle pernoctan en el Centro de Montevideo porque “es donde hay más recursos: changas, comedores, ollas”. Esta población “tiene derecho a los recursos del Centro y a no ser expulsados del área central”, enfatizó.
Situación de “sinhogarismo”
Fabián, integrante del colectivo Nitep, está en situación de calle o “transita el sinhogarismo” –como dice él– hace casi 13 años. “Qué pasa con la persona que está en la intemperie, dónde habita, dónde le permitimos habitar”, se preguntó, y, ya en primera persona, cuestionó: “Dónde dormimos, dónde nos alimentamos, dónde tenemos intimidad –también tan importante para el ser humano–, intimidad de uno con uno, de uno con su pareja, de uno con un amigo, con un hijo, con quien sea”. Ante estas interrogantes surge “la necesidad de una solución” y “de empezar a unirnos, hablarnos, entendernos, poder contarnos las diferentes realidades y poder respetarnos”, reflexionó, y valoró la solidaridad de la gente que “comparte una palabra, que se arrima, que pregunta y habla, que trae una frazada, un plato de comida...”.
Señaló, además: “Sobrevivir en la calle es toda una estrategia y un aprendizaje brutal a la fuerza. Empezás a conectar con lo más primitivo de tu especie. Nunca se duerme con los dos ojos cerrados. Nunca se descansa”. En tanto, se refirió a la violencia hacia esta población y aseguró que “no se trata de un hecho aislado”, sino que “es un problema puramente de convivencia urbana, un fenómeno estructural complejo y multidimensional que se manifiesta en diversas capas de la sociedad”, y visibilizar esta situación “es la única forma de que el ciudadano común pueda empezar a abrir la mente y conectar con el entorno”, concluyó.
Derecho al agua: luchas sociales, crisis hídrica y “lógica del saqueo”
Carlos Santos, docente y antropólogo, quien también participó en el libro, habló sobre las luchas sociales por el derecho al agua en Uruguay y recordó la crisis hídrica de 2023. En 2004 hubo un proceso de lucha social en el país que condujo a una reforma constitucional y al establecimiento del derecho al agua, que, hasta ese momento, no existía en Uruguay, pero tampoco en el mundo. “Las Naciones Unidas reconocen el agua como un derecho recién en 2010 y toman como antecedente la experiencia de Uruguay”, ejemplificó.
Abriendo el Neptuno
El colectivo Abriendo el Neptuno surge tras el cierre del Club Neptuno en el año 2020. Desde entonces, vecinos de Ciudad Vieja se unieron para “pelear” por la construcción de “un proyecto cultural, deportivo, social” en “toda esa manzana”, que ahora es propiedad de la Intendencia de Montevideo (IM). Un lugar “que logre concretar sueños y necesidades que tiene el barrio y que sea de uso comunitario”, agregó Camilo Rodríguez, integrante del colectivo. Sobre el conflicto, indicó: “Está planteado porque hay una visión privatizadora de esa manzana, que es con la que nosotros confrontamos”. No obstante, celebró que la IM haya dado de baja el proyecto de la administración anterior “de vender y construir torres”. “Para nosotros es un logro que se quite del medio la intención privatizadora”, pero “algo hay que hacer y la IM lo sabe. Nos dijeron que todas las posibilidades están abiertas, aunque no hay un plan concreto”, sostuvo.
“Es muy poco común que las personas sepamos la calidad del agua que consumimos, salvo hace tres años, cuando todos nos dimos cuenta, antes de que nos avisaran, de que el agua estaba salada. Y después de que no era potable, pero sí bebible, aunque el Ministerio de Salud Pública aconsejara que las personas con presión alta, embarazadas, ancianos y los que tuvieran alguna enfermedad mejor no la tomaran”. En el libro, Santos se centró en los distintos tipos de luchas sociales que se dieron en ese momento, como marchas, concentraciones y asambleas barriales, y las vinculó con las reivindicaciones de 2004. “La lucha por el agua se está transformando en una lucha por el derecho a habitar en los territorios. Hay actores económicos que extraen más agua de la que se puede extraer”, indicó. En esta línea, se refirió a “la lógica del saqueo”: “Durante esos cuatro meses de la crisis, Uruguay no dejó de exportar agua embotellada”.
Según Santos, el Estado “hizo caso omiso” a las propuestas de los colectivos, como llevar camiones cisterna a los barrios más complicados, “y se dedicó a esperar que lloviera”. En 2026 la situación del sistema de agua potable en la zona metropolitana “está incambiada”, aseguró, y recordó que, a comienzos de este año, “tuvimos tres meses de agua no potable”, mientras que “las autoridades volvieron a decir que el agua seguía siendo potable”. Ante el eventual panorama de una nueva crisis hídrica, “nos enfrentamos a las mismas condiciones, a la misma problemática, y no hay visualizado en el corto o mediano plazo una salida a esta situación, porque todas las ideas que están planteadas, como la construcción de la represa de Casupá, implican, por lo menos, tres o cuatro años”, concluyó.
Barrios privados y el desgaste de los ecosistemas
El colectivo en defensa de los bañados de Carrasco está integrado por vecinas y vecinos que viven en asentamientos y barrios aledaños y se unieron para defender y revalorizar la zona frente a un proyecto privado de urbanización. Los bañados están conformados por “casi 1.300 hectáreas de humedal habitadas por variedad de aves, reptiles, anfibios y muchas plantas”, especies que “están siendo amenazadas”. El proyecto “aparece como ‘solución’ al bañado, que supuestamente está abandonado, contaminado y montones de cuestiones que van en contra de la realidad [...] Nos dicen que van a generar trabajo. Estamos cansados de que nos vendan megaproyectos a cambio de trabajo. Además, sabemos que es mentira, porque la empresa constructora viene con su propia gente. El proyecto es una forma de exclusión a una población”, denunciaron.
Por su parte, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne hace años que “acompaña y lucha” en defensa de la laguna, que es “la principal fuente de agua a potabilizar que abastece la zona de la Costa de Oro”. Integrantes de la comisión explicaron que la laguna ha atravesado varios conflictos ambientales en los últimos años y que “es un ecosistema que está súper frágil producto de diferentes actividades humanas: extractivismo y acumulación y producción agroindustrial en la cuenca”.
Tal como sucede en la zona de los bañados de Carrasco, a orillas de la laguna del Cisne hay un proyecto inmobiliario que entienden “se da de frente con el ordenamiento territorial que sí existe para la cuenca de la laguna y planteaba que no se podía urbanizar directamente la cuenca y que el destino de esos padrones rurales sería la agroecología, una forma de habitar ese territorio que es compatible con el cuidado de la calidad del agua”.
Asimismo, la comisión indicó que el acceso a la laguna ya no es posible porque “hay un muro y cámaras que vigilan constantemente”. En tanto, reclaman que desde el Estado “no ha habido hasta ahora un análisis en profundidad de los impactos que podría traer este proyecto. Necesitamos articularnos con otros colectivos que estén pasando o puedan, eventualmente, pasar por situaciones similares. La fortaleza está en el encuentro, en el intercambio. No consideramos que la laguna pueda ser un área sacrificable y entendemos que las formas en las que habitamos y los territorios tienen que ser construidos por quienes los habitamos. Si la normativa no alcanza, vamos a ir más allá, vamos a buscar otros caminos”, finalizaron.