El cantante Julio Iglesias sufrió un revés legal en las últimas horas, después de que un juez de la Audiencia Nacional finalmente admitiera la querella presentada contra el artista por dos de sus extrabajadoras. El magistrado Antonio Piña aceptó investigarlo por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato denigrante que habrían sido cometidos en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
Pese a que a principios de año la Fiscalía había archivado el caso debido a la supuesta falta de jurisdicción de la Justicia española, hace pocas semanas el fiscal Vicente González Mota había enviado a Piña un escrito comunicándole su opinión de que efectivamente tenía competencia para abrir una causa contra el artista.
El juez citó a las dos mujeres a declarar en forma presencial el próximo 3 de febrero, aunque por ahora no hubo un pronunciamiento sobre la posible citación de Iglesias, informó El País de Madrid. Al mismo tiempo Piña admitió que la querella presenta “importantes lagunas en la narración de los hechos”, así como omisiones sobre la participación de dos encargadas de las viviendas en la comisión de los delitos, para favorecer que el caso fuera asumido por los tribunales españoles. Tampoco otorgó a las denunciantes la condición de testigos protegidos ni decretó una orden de alejamiento.
No se procederá con la denuncia del delito de trata, que formaba parte de la presentación original, por entender el magistrado que no hubo engaños en la contratación de las mujeres, no se observó “una situación de vulnerabilidad” ni hubo “aprovechamiento de la precariedad laboral”.
El origen
La historia comenzó en enero, cuando dos mujeres que habían trabajado con Iglesias lo denunciaran por hechos ocurridos en 2021 que constituirían “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, así como “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”.
Una de ellas, empleada de servicio doméstico, señaló que había sido presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante, mientras que la otra denunció tocamientos y ambas alegaron recibir insultos y humillaciones durante la jornada laboral, tanto de parte de él como de las dos encargadas.
La denuncia contó con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide y partió de una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, y podía ser aceptada por la Justicia de España aunque los hechos hubieran ocurrido en otros países, ya que el artista tiene nacionalidad española. Para las abogadas de las dos mujeres lo sucedido entraría en el delito de trata “con agravantes de grupo criminal y de peligro para la seguridad de las denunciantes”, al encontrarse elementos como la conducta de “captación, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, agravando el aislamiento y la explotación”, así como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad. Esto último no formará parte del nuevo proceso.
Las periodistas Elena Cabrera y Ana Requena Aguilar fueron quienes hablaron con 15 extrabajadores de Iglesias, incluyendo a la mujer brasileña y la mujer colombiana que hicieron las denuncias. “Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables. Sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de Whatsapp, visados, informes médicos y otros documentos”, afirmaron Cabrera y Requena Aguilar.
Primeras respuestas
Poco después de que se conocieran los resultados de la investigación y las denuncias de las dos mujeres, Julio Iglesias compartió un comunicado en sus redes sociales. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió.
Unos días más tarde, la defensa del cantante señaló que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no era competente para investigar el asunto. Aseguraron que aceptar una denuncia contra un ciudadano español por un hecho cometido fuera del territorio y con víctimas de otra nacionalidad les daría derecho a las denunciantes a “buscar el fuero que les sea más conveniente”, sobre todo si “es el que mayor perjuicio” le produce a Iglesias por el “daño reputacional más intenso” que se produce en su país.
Finalmente, todo en el mismo mes de enero, la mencionada Fiscalía había decidido el archivo de las diligencias preprocesales abiertas tras la denuncia. Fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción de la Justicia de España para conocer los supuestos delitos ocurridos en Bahamas y República Dominicana. “La Audiencia Nacional ha interpretado reiteradamente que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, decía el escrito oficial sobre su decisión que, se informaba, no era recurrible.
