Comprar uno de los estudios cinematográficos más importantes del mundo no es sencillo, en especial si el comprador es el otro estudio más importante. Lo cierto es que Warner Bros. se puso a la venta mediante una compleja serie de movidas de sus accionistas, para quienes no es una preocupación lo que ocurra en la industria audiovisual tras la maniobra comercial.
En diciembre se anunció con bombos y platillos la compra del estudio por parte de Netflix. Cuando Ted Sarandos, codirector ejecutivo y cara visible de la plataforma, celebró la unión entre dos grupos enormes de propiedades intelectuales, muchos temieron por la desaparición de las películas en las salas de cine, algo a lo que Netflix no apunta salvo para participar en las entregas de premios. Netflix auguró “más opciones, más oportunidades y más valor”, y todo venía encaminado, a menos que Paramount hiciera una última oferta, superior a los 82.700 millones de dólares de Netflix. La oferta se produjo en febrero.
Paramount contaba con menos “apoyo popular” que Netflix, quizás por haber ordenado la cancelación del late show que más se oponía al gobierno de Donald Trump, o porque le pagó 16 millones de dólares al presidente estadounidense para ponerle fin a un juicio que estaba lejos de perderse. Lo cierto es que entre la plataforma que lo controla todo y el estudio que coquetea con el fascismo (según parodia Nathan Fielder en la segunda temporada de El ensayo, los fanáticos del cine y el público en general se inclinaban por Netflix, pero ganó el mayor de dos males.
Desde entonces el camino hasta la adquisición definitiva por 111.000 millones de dólares ha tenido numerosos obstáculos en Estados Unidos. Hace dos semanas, un grupo de fiscales generales de distintos estados demandó a Paramount para impedir la concreción del negocio, alegando que restringirá sustancialmente la competencia en la distribución cinematográfica y en las licencias de televisión por cable, en una clara violación de las leyes antimonopolio. Esto podría llevar a un aumento de precios y a una disminución del número de películas en salas.
La demanda incluye un pedido a Paramount para que no cierre el acuerdo multimillonario hasta que se resuelva el caso; de lo contrario, solicitarían más medidas. Esto tiene repercusiones económicas, ya que el contrato de venta incluía una cláusula por la cual los accionistas de Warner recibirían casi siete millones de dólares por día en caso de que la fusión no se completara antes del 30 de setiembre. El juicio podría extenderse por años, y es la forma que encontraron los fiscales generales de oponerse a grandes consolidaciones, en oposición a la flexibilidad que mostró el gobierno en esta clase de asuntos.
“Aplicar la legislación antimonopolios sirve para frenar a los multimillonarios que se ganan el favor del presidente para que este haga lo que ellos quieren”, dijo uno de los fiscales en conferencia de prensa, en referencia a la familia Ellison, que dirige Paramount y está en las mejores migas con Trump.
La semana pasada, la Justicia estadounidense prorrogó la suspensión temporal por dos semanas más de lo inicialmente previsto, para permitir que los abogados de los estados que buscan bloquear la operación lleguen a un acuerdo sobre los procedimientos relativos a una medida cautelar que, en caso de confirmarse, congelaría el acuerdo hasta que terminara el proceso. Paramount envió un escrito judicial en acuerdo con los fiscales generales, en el que afirma que aplazará la adquisición hasta junio de 2027 o hasta cinco días después de que el tribunal dicte su sentencia, lo que ocurra primero.
Son varias las organizaciones que consideran que la unión de dos de los cinco principales estudios de Hollywood sería perjudicial para la industria cinematográfica. Cinema United, que representa a las salas de cine en territorio estadounidense, celebró la demanda, y también el Sindicato de Guionistas (WGA). “Esta es una de las peores propuestas de fusión que jamás hemos visto”, dijo en un comunicado la presidenta del WGA de la costa oeste, Michele Mulroney. “Desde el primer día hemos dejado muy claro que la fusión de Warner Bros. Discovery con Paramount supone una amenaza para nuestros integrantes y para la industria, y debe impedirse”.
En las últimas horas se sumó a la protesta el sindicato más grande de Hollywood: el de los actores. Sean Astin, presidente de SAG-Aftra, dijo que los integrantes del gremio tienen el derecho de que el gobierno haga una supervisión regulatoria exhaustiva en operaciones de esta magnitud. “Los trabajadores no deberían tener que confiar en promesas y declaraciones de intención. Estas compañías tienen la capacidad de comprometerse a producir más películas y series en este país, y deberían hacerlo. No se trata de una cuestión de valor para los accionistas, sino de la supervivencia de la industria del entretenimiento en Estados Unidos”.